Los jueces anulan el copago en discapacidad impuesto por el Consell

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha anulado el decreto del Consell que establece el copago en los servicios dirigidos a mayores y personas con discapacidad al considerar que es "coactivo" y "vulnera el principio de reserva de ley, el de legalidad en materia tributaria y el de jerarqu¨ªa normativa". El fallo, contra el que cabe recurso de casaci¨®n, declara la "¨ªntegra nulidad de pleno derecho" el Decreto 113/2013 de 2 de agosto del Consell, estimando el recurso interpuesto por el comit¨¦ de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

La sala dice que la atenci¨®n en centros no es voluntaria sino "imprescindible"

La secci¨®n tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV, considera que el copago supone la imposici¨®n de una tasa, "a mayores y personas con discapacidad que no parece que sean grupos sociales especialmente favorecidos". La sentencia desestima el argumento de la? abogac¨ªa de la Generalitat que aleg¨® que el copago era asimilable a un precio p¨²blico porque cumpl¨ªa los dos requisitos para ello: que el servicio sea de petici¨®n voluntaria y que se pueda satisfacer a trav¨¦s del sector privado.

La Sala desecha el argumento del Consell porque considera que el copago se impone a un servicio que no es voluntario sino "objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades b¨¢sicas de la vida personal o social de los particulares" porque "se trata de servicios primarios asistenciales, b¨¢sicos e imprescindibles".

El TSJ recuerda en su sentencia que la imposici¨®n de tasas debe determinarse mediante una ley y no mediante un decreto y, por lo tanto, el Decreto del Consell que impon¨ªa el copago carece de "cobertura, infringe de manera frontal el principio de reserva de ley e, incluso en el supuesto de tratarse realmente de precios p¨²blicos, tampoco podr¨ªa decirse que respetara dicho principio, no correspondiendo a la Administraci¨®n de la Generalitat Valenciana sino a las Cortes Valencianas crear y regular los elementos esenciales de la tasa a percibir en el ¨¢mbito de los servicios sociales". Adem¨¢s, la sentencia condena a la Generalitat demandada al pago de las costas del proceso.

El recurso del Comit¨¦ de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ha contado con la participaci¨®n de la Cl¨ªnica Jur¨ªdica per la Just¨ªcia Social de la Universitat de Val¨¨ncia, que ha colaborado en su redacci¨®n. Este grupo, compuesto por estudiantes y profesores de derecho que prestan asesoramiento jur¨ªdico gratuito, elabor¨® un informe en el que defend¨ªa la anulaci¨®n del copago farmac¨¦utico en discapacidad y que fue remitido a la Consejer¨ªa de Sanidad como alegaci¨®n.

Los jueces recuerdan que las tasas se imponen mediante una ley y no con un decreto

A principios de diciembre de 2013, los usuarios de residencias p¨²blicas, centros de d¨ªa y de noche, viviendas tuteladas, centros de rehabilitaci¨®n social, usuarios de teleasistencia o de ayuda a domicilio, comenzaron a recibir unas cartas en las que la Generalitat les informaba de la cuant¨ªa que deb¨ªan copagar. El montante, que estaba en relaci¨®n a la renta de la unidad familiar y no a la capacidad econ¨®mica del usuario, supon¨ªa pagar un porcentaje del coste de la plaza del centro que en algunos casos alcanzaba hasta el 90% del total.

Ante las limitaciones econ¨®micas que esto supon¨ªa para los hogares, las entidades comenzaron una serie de protestas que les llevaron a plantear cientos de recursos de alzada contra el copago y la interposici¨®n del recurso contencioso-administrativo contra el Consell cuya sentencia se ha dado a conocer este martes. Ni las manifestaciones, ni las recogidas de firmas, ni la negociaci¨®n con las organizaciones de apoyo a la discapacidad sirvieron para retirar un decreto que la Generalitat solo se plante¨® matizar.

La oposici¨®n ha reclamado este martes la dimisi¨®n de la consejera de Bienestar Social, Asunci¨®n S¨¢nchez-Zaplana, tras hacerse p¨²blica la sentencia. La portavoz del Consell, Mar¨ªa Jos¨¦ Catal¨¤, ha manifestado este martes que la Generalitat tomar¨¢ las acciones oportunas para adecuar el decreto del Gobierno valenciano al marco legal exigible.

El presidente del Cermi, Joan Planells ha informado de que el secretario auton¨®mico de Bienestar Social se ha puesto en contacto con su organizaci¨®n para concertar una cita y "valorar juntos el tema y ver c¨®mo reiniciamos el di¨¢logo", un di¨¢logo que termin¨® el pasado 9 de mayo sin acuerdo entre las partes.

La Consejer¨ªa de Bienestar Social ha explicado en diversas ocasiones que 4.000 de los 8.800 usuarios de centros de atenci¨®n a la discapacidad financiadas por la Generalitat, quedan exentos de realizar aportaci¨®n alguna pero las dificultades econ¨®micas de algunas familias han acabado haciendo que decenas de usuarios hayan abandonado ya unos centros ocupacionales que los jueces consideran indispensables para su autonom¨ªa.