Denunciado el alcalde de Gandia por negarse a readmitir a 12 educadoras

El juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Gandia (Valencia) ha denunciado al alcalde de la localidad, Arturo Torr¨®, por presunta desobediencia a la orden de readmitir e indemnizar a las 12 educadoras de las escoletes que denunciaron, por ilegal, su despido por parte del Ejecutivo local antes de privatizar la red de guarder¨ªas p¨²blicas en junio de 2012. Aunque en un primer pronunciamiento el juez plante¨® la comparecencia del alcalde en t¨¦rminos de presunta imputaci¨®n, el Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 3 de Gandia emitido este mi¨¦rcoles una correcci¨®n en la que precisa que Torr¨® deber¨¢ acudir en condici¨®n de "denunciado" manteniendo el resto de sus argumentos.

As¨ª consta en el auto en el que la jueza decide investigar este asunto al estimar que existen indicios "racionales, veros¨ªmiles y suficientes" de un posible delito de desobediencia, estafa y falsedad documental, y acuerda denunciar a Torr¨®. De esta forma, acuerda practicar las diligencias "necesarias" tendentes a la averiguaci¨®n de los hechos "con todas las circunstancias que puedan influir en su calificaci¨®n, y las personas responsables de los mismos", expone en el mismo escrito.

Entre estas diligencias, la jueza denuncia a Torr¨®, en su calidad de alcalde presidente del Ayuntamiento, y ordena librar un oficio al juzgado n¨²mero 2 de lo Social de Valencia para que remita testimonio de la sentencia dictada en abril de 2013, por la que se obligaba al consistorio a readmitir e indemnizar a las 12 educadoras de las escoletes.

Esta sentencia de lo Social daba respuesta a una denuncia que la Uni¨®n General de Trabajadores (UGT) interpuso en los juzgados al considerar que la actitud que adopt¨® el gobierno del PP con las empleadas de las guarder¨ªas no era la apropiada.

Ahora, la jueza pide incorporar esta resoluci¨®n a la causa, que se ha originado a partir de dos querellas interpuestas por el PSPV y por UGT contra Torr¨®; el coordinador general de la Alcald¨ªa, Francisco Javier Reig; y los concejales de Educaci¨®n, Marta Ch¨¢fer, y de Hacienda, Guillermo Barber¨¢.

En su resoluci¨®n, la jueza inadmite las querellas al estimar que estas partes --PSPV y UGT-- no est¨¢n legitimadas a personarse como acusaci¨®n particular --aunque les abre la v¨ªa a que sea como acusaci¨®n popular--, pero del escrito y de los documentos acompa?ados aprecia indicios de delito, con lo que acuerda abrir una investigaci¨®n. En la querella socialista, presentada por la concejala Ludivina Gil y la secretaria general del PSPV-PSOE en Gandia, Diana Morant, se apuntaba a un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y/o una infracci¨®n contra la administraci¨®n p¨²blica relacionada con las escoletes.

El PSPV denunci¨® que el Gobierno del PP, tras privatizar las escoletes y despedir a las trabajadoras, "ha incumplido reiteradamente hasta dos sentencias judiciales que declaraban improcedente el despido y condenaban al Ayuntamiento a reincorporarlas y pagarles los salarios de tramitaci¨®n". As¨ª, destacaba que el equipo municipal las reincorpor¨® para despedirlas de nuevo, "sin abonarles ning¨²n tipo de salario o indemnizaci¨®n". Seg¨²n apuntaban los socialistas, "han desobedecido y desatendido el cumplimiento de resoluciones judiciales, haciendo imposible su cumplimiento al no dotar de forma voluntaria y dolosa una partida destinada a la readmisi¨®n de las trabajadoras, el pago de sus salarios de tramitaci¨®n y los costes de su despido final".

De esta forma, lamentaban que han dejado a algunas de las empleadas "en situaci¨®n de verdadera necesidad en algunos casos, priv¨¢ndolas de su derecho a la efectividad de la reincorporaci¨®n a sus puestos de trabajo en los t¨¦rminos del fallo judicial de manera consciente y finalmente dirigidas sus actuaciones a impedir el ejercicio de ese derecho como trabajadores, legalmente protegido y judicialmente reconocido".