La polic¨ªa concluye que la financiaci¨®n ilegal del PP empez¨® con Zaplana

La financiaci¨®n ilegal del PP valenciano vinculada a la trama G¨¹rtel no empez¨® en la etapa del expresidente Francisco Camps sino en la de su predecesor y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, seg¨²n el ¨²ltimo informe entregado por la polic¨ªa a Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Zaplana dej¨® la presidencia de la Generalitat en julio del a?o 2002, pero mantuvo la presidencia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana hasta abril de 2004. Con anterioridad, los populares valencianos ya hab¨ªan asumido ¡°un sistema¡± doble para sufragar los actos que organizaban empresas del grupo de Francisco Correa. Con pagos ¡°reflejados en facturas¡± y pagos en negro, seg¨²n la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF).

El partido pag¨® tres millones en negro en 2007 y 2008, se?ala el informe

¡°Del estudio de la documentaci¨®n vinculada se desprende la utilizaci¨®n ya desde el a?o 2002 de un sistema de financiaci¨®n de los actos donde se aprecia la dualidad en el mismo. Parte del coste de los actos se factura a la formaci¨®n pol¨ªtica y se cobra con fondos que circulan por el sistema econ¨®mico, y otra parte no se factura y se recibe de la formaci¨®n [pol¨ªtica] en forma de fondos ajenos al circuito econ¨®mico que engrosan la caja B de la organizaci¨®n¡±, indica el informe.

Uno de los primeros ejemplos del m¨¦todo expuesto por la polic¨ªa fue una convenci¨®n regional del partido celebrada a principios de junio del a?o 2002 en Valencia, en el que una parte del precio del acto se factur¨® en "A" y otra a¨²n mayor en "B". Se trat¨®, a?ade la polic¨ªa, de ¡°una pr¨¢ctica que se extiende en el tiempo¡± hasta que la trama de Correa fue desmantelada en febrero de 2009.

Durante los a?os en que Zaplana presidi¨® el PP valenciano el sistema ya funcionaba y lo hizo con mayor intensidad en la de Francisco Camps, seg¨²n se?ala la polic¨ªa. El acto en el que el sucesor fue exhibido como candidato a la presidencia de la Generalitat, el 25 de octubre de 2002 en Alicante ante 4.000 personas, tambi¨¦n fue organizado por la trama de Correa.

La UDEF infiere que los 54.119,50 euros que cost¨® la presentaci¨®n ¡°nunca se lleg¨® a cargar¡± a la formaci¨®n pol¨ªtica. La trama pidi¨® a varios de sus proveedores que cambiasen ¡°los conceptos de las facturas a emitir¡±. De forma que, en vez de ¡°servicios prestados en polideportivo de Alicante: presentaci¨®n Paco Camps¡±, en las facturas pusiera ¡°servicios a prestar en el congreso de la Internacional Dem¨®crata Cristiana en Corf¨² d¨ªas 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2002¡±, que efectivamente se celebr¨® entonces en la isla griega.

La polic¨ªa llega a la conclusi¨®n de que el PP valenciano utiliz¨® durante a?os una caja B. Con ella habr¨ªa pagado parte de las campa?as electorales de 2007 y 2008, que constituyen el n¨²cleo de la investigaci¨®n por supuesta financiaci¨®n ilegal en el Tribunal Superior de Justicia. En concreto, abonaron por esa v¨ªa a las empresas de Correa 2.672.000 euros en el a?o 2007 y 405.400 euros en el a?o 2008.

El informe plantea de d¨®nde sal¨ªan esos fondos en B que el partido ten¨ªa a su disposici¨®n. Y mantiene que en 2002 la red de Correa entreg¨® al PP valenciano 420.700 euros del mill¨®n captado por la trama como recompensa a ¡°sus labores de intermediaci¨®n para la adjudicaci¨®n dirigida de contratos p¨²blicos¡±. En otras palabras, como conseguidora de contratos ama?ados. La polic¨ªa indica que el pagador original de aquella supuesta comisi¨®n es ¡°desconocido¡±.

Los agentes plantean que el

Los populares se beneficiaron tambi¨¦n del pago de sus actos electorales por parte de terceros, concluye la UDEF, como ¡°empresas constructoras adjudicatarias de contratos p¨²blicos en la Comunidad Valenciana¡±. Esas contribuciones irregulares habr¨ªan alcanzado los 425.948 euros en 2007, a?o de comicios auton¨®micos y municipales. Y 683.504 euros en 2008, a?o de elecciones generales.

Entre las ¡°personas que constan como aportantes de fondos ajenos al sistema econ¨®mico¡± la ?DEF menciona a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y al diputado auton¨®mico y ex secretario general del PP regional Ricardo Costa. Las empresas identificadas como contribuyentes irregulares son las compa?¨ªas de obra p¨²blica ya conocidas en informes anteriores: Grupo Vallalba, Construcciones Hormigones Mart¨ªnez y Pavimentos del Sureste (integradas las tres en el mismo grupo del expresidente de la patronal alicantina Rafael Mart¨ªnez Berna); Facsa, Piaf, Enrique Ortiz e Hijos, Sedesa y Lubasa.

Los fondos en negro que recibe la red del PP ¡°se transfieren a la caja B de la sede de la organizaci¨®n¡±, en Madrid, ¡°donde se aplicaban al mantenimiento de la propia organizaci¨®n y a la inversi¨®n patrimonial previo el proceso de transformaci¨®n de los mismos en dinero legal¡±, indica la polic¨ªa, ¡°cuyo beneficiario ¨²ltimo es Francisco Correa¡±.