El juez procesa al exalcalde de Gandia por supuesta prevaricaci¨®n

El auto de procesamiento acuerda continuar las diligencias previas sobre esta causa y abre un plazo de diez d¨ªas para que el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas pidan apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El origen de este proceso se encuentra en la denuncia presentada el pasado mes de febrero por el actual alcalde de Gandia, Arturo Torr¨® (PP) contra Jos¨¦ Manuel Orengo y la delegada de Econom¨ªa y Hacienda en ese periodo, Ana Garc¨ªa, por supuestas irregularidades en pr¨¦stamos bancarios que firmaron.

El auto expone que durante los a?os 2009 y 2010 el Ayuntamiento de Gandia concert¨® a trav¨¦s del alcalde y la delegada de Econom¨ªa una serie de pr¨¦stamos con varios bancos, a pesar de los "reparos de legalidad" del interventor y del secretario municipal.

Estos ¨²ltimos opinaban que no se daba cumplimiento a la legalidad, al no haber obtenido la preceptiva autorizaci¨®n administrativa de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa de la Generalitat y al no constar la aprobaci¨®n del Plan de Estabilidad Financiera (PEF) por parte de la administraci¨®n de tutela financiera.

El juez instructor considera que esos hechos pueden revestir "por ahora y a salvo de ulterior calificaci¨®n" por parte del Ministerio Fiscal o de la acusaci¨®n particular, un delito de prevaricaci¨®n administrativa, que consiste en dictar, a sabiendas de su injusticia, una resoluci¨®n arbitraria en un asunto administrativo.

El auto expone que la Conselleria de Econom¨ªa deneg¨® la aprobaci¨®n del PEF 2009-2011 aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Gandia en abril de 2009, ya que no se ajustaba al principio de estabilidad presupuestaria, pues la necesidad de financiaci¨®n ascend¨ªa a 26,3 millones de euros.

El juez estima que la no aprobaci¨®n del PEF por parte de la Administraci¨®n responsable de la tutela financiera se debi¨® fundamentalmente a que la empresa p¨²blica IPG "no aparec¨ªa consolidada a efectos de estabilidad en la documentaci¨®n original remitida", por lo que la Generalitat no pudo "pronunciarse sobre el contenido" del plan.

Durante los cerca de quince meses que transcurrieron desde la recepci¨®n del primer plan -abril de 2009- hasta que se dict¨® resoluci¨®n expresa -julio de 2010-, Orengo y Garc¨ªa concertaron operaciones de cr¨¦dito por 32,9 millones de euros con cinco bancos y dispusieron de sus importes a pesar de no haberse aprobado el PEF, se?ala el juez. Orengo, actualmente portavoz socialista en el Ayuntamiento de Gandia, ha anunciado que recurrir¨¢n el auto y ha defendido que actuaron en todo momento "dentro de la m¨¢s estricta legalidad, frente a una Generalitat que intentaba ahogar financiera y pol¨ªticamente al Ayuntamiento".

El Ayuntamiento de Gandia ha anunciado por su parte que presentar¨¢ escrito de acusaci¨®n, donde a?adir¨¢n a los pr¨¦stamos firmados por Orengo y Garc¨ªa, que han cifrado en 51,7 millones, los que hicieron a trav¨¦s de la empresa IPG, por 7,6 millones de euros, y ha pedido que el PSPV expulse a los dos concejales imputados.