Los jueces piden que se ampl¨ªe la prescripci¨®n de delitos de corrupci¨®n

Los jueces han propuesto este mi¨¦rcoles elevar las penas y ampliar la prescripci¨®n de los delitos de corrupci¨®n, adem¨¢s de introducir nuevas figuras penales como la del enriquecimiento injusto. Los 45 jueces decanos espa?oles han planteado, en total, 58 medidas dirigidas a hacer frente a los casos de corrupci¨®n que "se han multiplicado", y a atajar lo que consideran una "sospecha generalizada sobre la gesti¨®n de lo p¨²blico".

Los magistrados, que representan a buena parte del colectivo judicial al ser elegidos por sus compa?eros, realizan, en el documento aprobado en Valencia, un diagn¨®stico grave sobre la situaci¨®n de Espa?a. "La democracia espa?ola se encuentra hoy en una situaci¨®n muy delicada a pesar de que el sistema democr¨¢tico es, no obstante sus imperfecciones, el mejor que hemos sido capaces de desarrollar en favor de la justicia, de la igualdad, de la libertad y de la convivencia". Los jueces creen que existe un "indiscutible contexto de desconfianza, de alarma sobre el funcionamiento de las instituciones" y proponen medidas con alcance "estructural, organizativo y de gesti¨®n" para mejorar la lucha contra la corrupci¨®n.

Como conclusi¨®n a sus XXIV jornadas nacionales, ofrecen al resto de "poderes del Estado" su "colaboraci¨®n" para mejorar la respuesta al fen¨®meno y a lo que califican como una "desesperante lentitud de las causas" aportando para ello su "experiencia" en el "primer pelda?o judicial".

Las propuestas, casi todas muy espec¨ªficas, incluyen el incremento del n¨²mero de jueces "hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por 100.000 habitantes", cuando ahora hay 11. Triplicar la partida destinada a la justicia para que pase a representar un 3% de los Presupuestos Generales del Estado. Aumentar la "autonom¨ªa" econ¨®mica del Poder Judicial. Ordenar el reparto de competencias entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno y las comunidades. Una "modernizaci¨®n inform¨¢tica", que elimine por ejemplo las incompatibilidades que existen entre los sistemas de cada autonom¨ªa. Y la "concentraci¨®n" de los juzgados "en grandes sedes".

La reforma del C¨®digo Penal que plantean contempla: ampliar la prescripci¨®n de los delitos de corrupci¨®n; introducir el delito de enriquecimiento injusto y el de "financiaci¨®n ilegal de partidos pol¨ªticos", y elevar las penas para delitos relacionados con la corrupci¨®n, "en particular el de tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n y negociaciones prohibidas a funcionarios p¨²blicos".

Apuestan por rebajar la cantidad a partir de la cual se considera que existe un delito fiscal (hoy son 120.000 euros). Aumentar las penas "para quienes indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupci¨®n", como en la "omisi¨®n del deber de denunciar". Incorporar un delito de obstrucci¨®n para los supuestos en los que una instituci¨®n no remita la documentaci¨®n requerida o lo haga de forma incompleta. Limitar la posibilidad de sustituir las penas por corrupci¨®n. Y despenalizar, en cambio, "peque?as infracciones" que suponen "un desproporcionado esfuerzo" para el sistema.

Los decanos plantean modificar el sistema de selecci¨®n en el Tribunal de Cuentas o del Tribunal Constitucional

Los decanos plantean tambi¨¦n modificaciones "en el sistema de selecci¨®n y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional", que opinan que hoy son "excesivamente dependientes de los partidos pol¨ªticos". As¨ª como la "eliminaci¨®n de la posibilidad del nombramiento de magistrados a propuesta de los parlamentos auton¨®micos".

Los jueces piden que los refuerzos "en causas especialmente complejas, en particular casos de corrupci¨®n", se adopten "en cuesti¨®n de d¨ªas y no de meses", y que en tales investigaciones los magistrados "puedan trabajar en equipo". Tambi¨¦n reclaman que el CGPJ tenga "facultad de control sobre el cumplimiento por las comunidades de sus obligaciones de dotar de medios a los juzgados".

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, sometida a m¨²ltiples cambios desde su aprobaci¨®n en el siglo XIX, debe ser, seg¨²n los jueces, sometida a una ¡°reforma¡± profunda que reduzca la fase de instrucci¨®n "ubicando el peso del proceso penal en el juicio oral y poniendo fin a sumarios interminables". Y reclaman una "regulaci¨®n clara" de diligencias de investigaci¨®n como las intervenciones telef¨®nicas o los registros que proporcionen "seguridad jur¨ªdica a los jueces". La rapidez, contin¨²an, debe alcanzar a los "tr¨¢mites externos", como informes periciales o respuesta a oficios por parte de otras instituciones que, afirman, consume "buena parte del tiempo" de los procedimientos.

Los jueces plantean suprimir ¡°el privilegio¡± que permite a ciertas autoridades declarar por escrito

El documento pide limitar los "recursos contra resoluciones de mero tr¨¢mite", que "confieren armas para la dilaci¨®n procesal absolutamente injustificada". Y avanzar hacia un modelo en el que los "medios de impugnaci¨®n" se reserve para el final de la investigaci¨®n como v¨ªa para "revisar la misma". Plantean introducir "sanciones" para disuadir las acusaciones "temerarias". Suprimir "el privilegio" que permite a ciertas autoridades declarar por escrito "lo que hace perder toda espontaneidad a tales declaraciones". Facultar a los fiscales para que valoren "si es conveniente o no iniciar el proceso penal en caso de peque?as infracciones". Crear juzgados especializados en delincuencia econ¨®mica a escala provincial o auton¨®mica. Y acelerar las transcripciones de conversaciones telef¨®nicas y las comisiones rogatorias internacionales.

Los decanos proponen quitar al tribunal del jurado la competencia para juzgar a los aforados (como ocurri¨® con el expresidente valenciano Francisco Camps) y "en general, los delitos relativos a la corrupci¨®n".

Piden una revisi¨®n profunda del aforamiento, "que genera importantes dilaciones procesales". Y en ocasiones, afirman, facilita "la ocultaci¨®n o destrucci¨®n de pruebas" y obliga "al juez de instrucci¨®n a circunvalar a la persona aforada y le impide adoptar medidas limitativas de derechos", como las intervenciones telef¨®nicas. Consideran "oportuno" dejar la instrucci¨®n de las causas con aforados en manos del juez ordinario. Y, en todo caso, reservar el enjuiciamiento para un tribunal de aforados. Solicitan la supresi¨®n del suplicatorio en las c¨¢maras legislativas, limitar el alcance del aforamiento a "los delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos", y vetar el "cambio de juez instructor o tribunal" para aquellos supuestos en que una persona deja "de estar aforada y viceversa".

Los indultos, solo cuando ¡°exista informe favorable del tribunal¡± sentenciador

Los indultos solo deber¨ªan concederse, opinan los decanos, cuando "exista informe favorable del tribunal" sentenciador. Y la ejecuci¨®n de la pena (entrada en prisi¨®n, por ejemplo) no deber¨ªa suspenderse "en caso de solicitud de indulto".

Los jueces piden reforzar la independencia de los fiscales "en caso de que se les atribuya la instrucci¨®n" de los procedimientos, como ha barajado el Gobierno. Incrementar "los medios personales y materiales de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n", crear "equipos de aut¨¦ntica polic¨ªa judicial con agentes a las ¨®rdenes directas de los jueces". Aumentar la plantilla de la polic¨ªa judicial y "en general de todos los grupos especiales de probada eficacia dedicados a la investigaci¨®n de la delincuencia econ¨®mica y financiera".

Los decanos plantean que la responsabilidad civil se dirima en un proceso paralelo, porque "frecuentemente retrasa en exceso la finalizaci¨®n de la instrucci¨®n". Piden que se puedan embargar bienes a "testaferros o colaboradores" y que se mejore el "cruzado de datos" con organismos como la Agencia Tributaria, el Banco de Espa?a, la Seguridad Social y los registros notariales.

El documento elaborado por los decanos de los juzgados de Espa?a, incluida la Audiencia Nacional, considera necesario finalmente crear "un cuerpo de peritos contables exclusivamente al servicio de los jueces", mejorar la ley de protecci¨®n de testigos y poner "expertos en inform¨¢tica a disposici¨®n" de los magistrados.