Fiscal y acusaci¨®n piden hasta 11 a?os de c¨¢rcel para los imputados
La oposici¨®n considera a Camps y Barber¨¢ ¡°responsables pol¨ªticos¡± del esc¨¢ndalo
Los escritos de calificaci¨®n del caso Urdangarin o N¨®osest¨¢n ya en poder del juez Jos¨¦ Castro, que concluye una instrucci¨®n que abri¨® en 2010. La fiscal¨ªa y las acusaciones populares, que desempe?an los socialistas de Valencia y Manos Limpias, piden penas de c¨¢rcel de entre seis y 11 a?os para los cinco imputados de la rama valenciana por los casi cuatro millones de euros de fondos p¨²blicos derivados al instituto de I?aki Urdangarin. El ministerio p¨²blico estima que, restados los gastos imputables a tres ediciones del foro Valencia Summit, N¨®os se habr¨ªa apropiado de 1,8 millones de euros.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n reclama de seis a ocho a?os de prisi¨®n para los cuatro ex cargos p¨²blicos de la Ciutat de les Arts i les Ci¨¨ncies (Cacsa) por supuestos delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, prevaricaci¨®n, falsedad de documento p¨²blico y fraude a la Administraci¨®n. Son el ex secretario auton¨®mico de Turismo Luis Lob¨®n, el ex director general de Cacsa Jorge Vela, el ex director general Jos¨¦ Manuel Aguilar y la responsable jur¨ªdica de la sociedad Elisa Maldonado. El fiscal Pedro Horrach no acusa al quinto imputado del caso, el vicealcalde de Valencia y presidente del patronato de la Turismo Valencia Convention Bureau, Alfonso Grau.
S¨ª lo hicieron las acusaciones populares, que solicitan 11 a?os de c¨¢rcel y 30 a?os de inhabilitaci¨®n de cargo p¨²blico para el que es mano derecha de la alcaldesa Rita Barber¨¢ durante los ¨²ltimos 20 a?os. Seg¨²n el portavoz municipal socialista en la capital, Joan Calabuig, Grau pudo incurrir en los delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y fraude a la administraci¨®n por "impulsar la concertaci¨®n" de los convenios con el instituto de Urdangarin.?
Sandra G¨®mez, abogada de los socialistas, entiende que el vicealcalde pudo prevaricar porque en lugar de hacer un contrato de prestaci¨®n de servicios, recurri¨® a un convenio de colaboraci¨®n con el instituto de Urdangarin para eludir la libre concurrencia de otras empresas. "Se eludi¨® con ello la redacci¨®n de informes econ¨®micos que justificaran el inter¨¦s p¨²blico del foro", resume la letrada.
El vicealcalde pudo incurrir tambi¨¦n en malversaci¨®n, a juicio de los socialistas, porque el dinero con que se pagaron esos eventos proven¨ªa de las arcas p¨²blicas, ya fueran auton¨®micas o locales. Adem¨¢s no se fiscaliz¨® el gasto. "Todo dinero p¨²blico debe ser justificado y en este caso no se hizo", agreg¨® G¨®mez. El presunto delito de tr¨¢fico de influencias se habr¨ªa dado, prosiguen los socialistas, porque Grau, en su condici¨®n de vicealcalde, influy¨® para que los patronos de la fundaci¨®n Turismo Valencia permitieran la celebraci¨®n de las jornadas.?
Los socialistas reclaman adem¨¢s 1,5 millones de euros a Grau, Urdangarin y a su socio Diego Torres en concepto de responsabilidad solidaria, y anuncia que citar¨¢ como testigos en el juicio oral a Barber¨¢, al expresidente Francisco Camps y al eurodiputado del PP Esteban Gonz¨¢lez Pons.
La oposici¨®n apunta en bloque a Camps y Barber¨¢. La alcaldesa, dijo Calabuig, es ¡°responsable pol¨ªtica ¨²ltima de todas las decisiones¡± relacionadas con los Summit. El portavoz parlamentario de EUPV Ignacio Blanco se pronunci¨® en sentido parecido: ¡°Al final pagar¨¢n el muerto los responsables penales, los que firmaron los papeles por orden de Camps o de Barber¨¢, que son los que abrieron la puerta a N¨®os y los que se hicieron las fotos con Urdangarin¡±.
Enric Morera, de Comprom¨ªs, ha a?adido que las peticiones de penas de c¨¢rcel para los ex altos cargos del Consell por parte de Fiscal¨ªa en el 'caso N¨®os' es un hecho "muy preocupante" y ha pedido a los cuatro acusados que "tiren de la manta para llegar al fondo de la cuesti¨®n".
La letrada del sindicato Manos Limpias, Virginia L¨®pez-Negrete, ha subrayado que, una vez exonerados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el expresidente Camps y la alcaldesa Barber¨¢, est¨¢ acusado "el n¨²mero dos del Ayuntamiento", que "se paseaba por las televisiones diciendo que no estaba imputado".
Barber¨¢ agreg¨® que conf¨ªa en la justicia y destac¨® que el fiscal Pedro Horrach hab¨ªa sido muy claro al no imputar a Grau.
Recuperar el dinero p¨²blico
La Generalitat se ha adherido a las peticiones del Ministerio Fiscal en lo que se refiere ¨²nicamente al posible perjuicio econ¨®mico para las arcas p¨²blicas, con el fin de recuperar los fondos p¨²blicos por los que hubiera podido resultar perjudicada.
La Abogac¨ªa de la Generalitat, que est¨¢ personada por lo civil en el caso Urdangarin, ha presentado un escrito en el que se adhiere a las peticiones del ministerio p¨²blico en lo que se refiere exclusivamente al posible perjuicio econ¨®mico para las arcas p¨²blicas.
El Consell acord¨® en febrero de 2013 autorizar a la Abogac¨ªa de la Generalitat a personarse por lo civil en el caso N¨®os, con el objetivo de garantizar "que cualquier euro percibido indebidamente por el Instituto N¨®os retorne a la Generalitat".
La Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), dependiente de la Generalitat, y la Fundaci¨®n Turismo Valencia Convention Bureau, dependiente del Ayuntamiento de Valencia, suscribieron convenios con el Instituto N¨®os para organizar tres ediciones del foro Valencia Summit.?
Por esas cumbres, celebradas en 2004, 2005 y 2006, N¨®os percibi¨® 3,6 millones de euros de Cacsa y de Turismo Valencia, en concepto de canon fijo (1.044.000 euros por edici¨®n) m¨¢s los gastos de desarrollo del evento.
El Instituto presidido por Urdangarin tambi¨¦n ofreci¨® la preparaci¨®n de la candidatura de Valencia a unos Juegos Ol¨ªmpicos Europeos, que nunca llegaron a celebrarse, y para lo que en 2005 se firm¨® un convenio a trav¨¦s de la Sociedad Gestora para la Imagen Estrat¨¦gica y Promocional de la Generalitat.
El coste del convenio era de tres millones de euros, aunque la Generalitat solo pag¨® 382.203 euros por un informe, y devolvi¨® 123 facturas por dos millones de euros al no estimarlas justificadas.
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