El fiscal superior da peso a la querella por opacidad contra cuatro consejeros

El fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Antonio Montabes, dio este jueves peso a la querella contra cuatro consejeros de la Generalitat por negarse a facilitar informaci¨®n a diputados de la oposici¨®n que tramita un juzgado de Valencia. ¡°Es una cuesti¨®n que tiene mucha enjundia, tiene importancia¡±, afirm¨® Montabes en su comparecencia anual ante el Parlamento auton¨®mico. El fiscal apunt¨® que el asunto llegar¨¢ probablemente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano por afectar a aforados, y adelant¨® que se efectuar¨¢ un ¡°estudio concienzudo de la cuesti¨®n¡±.

La querella fue presentada en noviembre por Esquerra Unida, una formaci¨®n que cuenta con 18 sentencias favorables contra la negativa de miembros del Gobierno de Alberto Fabra de facilitarles documentaci¨®n. La denuncia se dirigi¨® contra el vicepresidente y responsable de Agricultura, Jos¨¦ Ciscar; la titular de Educaci¨®n y Cultura, Mar¨ªa Jos¨¦ Catal¨¢, que es tambi¨¦n portavoz del Consell; de Infraestructuras, Isabel Bonig, y de Econom¨ªa, M¨¢ximo Buch. Y tambi¨¦n contra el exconsejero y hoy delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Seraf¨ªn Castellano.

Los datos de la Fiscal¨ªa desgranados por Montabes ante las Cortes indican que las denuncias contra aforados pr¨¢cticamente se han doblado en tres a?os. En 2011, cuando Francisco Camps dimiti¨® como presidente de la Generalitat salpicado por el caso G¨¹rtel, fueron 31, mientras que el a?o pasado ascendieron a 59.

La inmensa mayor¨ªa son rechazadas por la Fiscal¨ªa Superior o por el propio Tribunal Superior de Justicia, que suele redirigir a los denunciantes a juzgados ordinarios para que realicen la investigaci¨®n inicial y determinen si la cuesti¨®n tiene fundamento. El total de denuncias contra aforados incluyen las que se?alan como supuestos responsables a jueces y fiscales, pero el grueso se dirige contra diputados y miembros del Gobierno auton¨®mico. Un fen¨®meno que la Fiscal¨ªa teme que aumente ahora en periodo prelectoral.

Montabes aplaudi¨® la decisi¨®n del Tribunal Supremo de zanjar el debate sobre en qu¨¦ momento un procedimiento no puede cambiar de ¨®rgano judicial por el hecho de que alguien deje de ser aforado (por ejemplo al presentar su dimisi¨®n) o porque pase a serlo (como sucede al ser elegido diputado). La frontera, que el Alto Tribunal ha establecido con motivo de las dimisiones de las exconsejeras y exdiputadas auton¨®micas valencianas Milagrosa Mart¨ªnez y Ang¨¦lica Such d¨ªas antes de que empezaran a ser juzgadas en una pieza separada del caso G¨¹rtel, se ha establecido en el momento en que el magistrado dicta la apertura de juicio oral.

El fiscal superior dio un paso m¨¢s y, en l¨ªnea con lo que han reclamado los jueces decanos de Espa?a, cuestion¨® algunos elementos del aforamiento. ¡°Cuando se trata de un hecho posiblemente delictivo que no se ha cometido en el ejercicio del cargo, no tiene ning¨²n sentido¡±, afirm¨®. El TSJ juzgara en enero uno de esos casos: el que afecta a la diputada popular Elisa D¨ªaz, acusada de dejar sorda de un o¨ªdo a una ciudadana brit¨¢nica de un golpe en Orihuela.

En su comparecencia Montabes volvi¨® a reclamar m¨¢s medios a la Consejer¨ªa de Gobernaci¨®n y Justicia. Afirm¨® que hay problemas graves en algunas sedes ¡ªcalific¨® la de Alcoi de ¡°aut¨¦ntica chapuza, indecorosa e indigna¡±¡ª. Asegur¨® que hay fiscales que no disponen de ordenador, y que su propio teclado ¡°no escribe ni la f ni la d¡±. El responsable del ministerio p¨²blico en la Comunidad Valenciana adelant¨® el nombramiento de un tercer fiscal anticorrupci¨®n en Valencia. Algo ¡°muy conveniente¡±, dijo, ¡°porque hay much¨ªsimas causas y muy complejas¡±.