El PP tiene medio centenar de imputados en cargos municipales

La salida de los dos ¨²ltimos imputados que resist¨ªan en las Cortes Valencianas le vali¨® al presidente auton¨®mico, Alberto Fabra, para sacar pecho por limpiar el Parlamento de diputados involucrados en causas de corrupci¨®n. El partido ha llegado a tener en el hemiciclo a 10 de sus miembros bajo acusaci¨®n. ¡°Ten¨ªa el compromiso de no tener imputados y no ha sido nada f¨¢cil¡±, dijo Fabra. La l¨ªnea roja que ha aplicado en las Cortes se desdibuja cuando se desciende al ¨¢mbito municipal. Once alcaldes del PP permanecen como cargo p¨²blico pese a estar imputados en diferentes causas, no todas por delitos relacionados con la corrupci¨®n. Otros 40 concejales conservan sus puestos bajo la misma condici¨®n al verse envueltos en alguna causa o por haber avalado con su votaci¨®n en pleno decisiones del partido que ahora investigan los jueces.

El PP se ha deshecho en Alicante de Sonia Castedo, que ha dimitido por sus imputaciones en los casos de corrupci¨®n urban¨ªstica Brugal y Rabassa. Otro gran caso, el de Emarsa, forz¨® en su d¨ªa la dimisi¨®n del que fuera alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputaci¨®n de Valencia, Enrique Crespo. En Castell¨®n, el alcalde Alfonso Bataller respira tranquilo tras archivarse su imputaci¨®n en G¨¹rtel. No est¨¢ inculpado pero no puede descartarse que vuelva a estarlo Alfonso Grau, el vicealcalde de Valencia, por el caso N¨®os, despu¨¦s de que el juez Jos¨¦ Castro haya admitido a tr¨¢mite el recurso de los socialistas reclamando su imputaci¨®n.

En Alicante, el foco de la Justicia apunta al actual alcalde interino, Andr¨¦s Llorens, procesado en un juicio por la concesi¨®n de unas obras despu¨¦s de estar acabadas. El fiscal jefe pide tres a?os de prisi¨®n y nueve de inhabilitaci¨®n por falsedad documental y prevaricaci¨®n. El edil de Hacienda, Juan Seva, est¨¢ a la espera de sentencia por la ruina del club de baloncesto Lucentum, del que el Ayuntamiento es socio mayoritario.

En Novelda contin¨²a al frente de la alcald¨ªa la popular Milagrosa Mart¨ªnez, apartada de las Cortes, y para la que la fiscal¨ªa solicita 11 a?os de c¨¢rcel por su implicaci¨®n en una de las piezas del caso G¨¹rtel. Mart¨ªnez lleg¨® a ser consejera y presidenta del parlamento valenciano.

El PP se deshace en Alicante de Sonia Castedo por Brugal y Rabassa

El caso Brugal ha sido el detonante de m¨²ltiples causas que se han esparcido por toda la provincia alicantina. En Orihuela, los dos ¨²ltimos alcaldes del PP, Jos¨¦ Manuel Medina y M¨®nica Lorente, est¨¢n imputados por supuestas irregularidades en la adjudicaci¨®n de la contrata de residuos. Esta ¨²ltima mantiene su puesto de diputada provincial y concejal en el Consistorio. Lorente se enfrenta a tres casos, dos de ellos del Brugal. La mitad de la bancada municipal del PP de Orihuela est¨¢ imputada en alguna causa (seis de 12). La edil se niega a dimitir y su desaf¨ªo a las l¨ªneas rojas de Fabra fue avalado por la alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, que defendi¨® que la imputaci¨®n no era motivo suficiente para ser excluido de las listas.

El negocio de la basura ha acabado tambi¨¦n en Torrevieja con encausados. El concejal de Urbanismo, Francisco Moreno Su¨¢rez, est¨¢ pendiente de la apertura de juicio oral por permitir el uso de la planta de transferencias de basuras sin licencia. Otros dos ediles est¨¢n en el ojo del hurac¨¢n por el abuso de los tel¨¦fonos m¨®viles municipales. Est¨¢n imputados adem¨¢s el alcalde y el equipo de gobierno por presunto delito electoral. En La Nuc¨ªa, el alcalde y todo su equipo est¨¢n inculpados por pagar sueldos a quienes aprobaron una oposici¨®n anulada por el Tribunal de Justicia.

La provincia de Valencia cuenta, por su parte, con otros dos alcaldes imputados: el de Cullera, Ernesto Sanju¨¢n (por autorizar el castillo de fuegos artificiales que desat¨® un incendio) y la de Paterna, Elena Mart¨ªnez (por irregularidades en la promoci¨®n de la Zona Franca), informa Ignacio Zafra.

En Castell¨®n aparecen encausados cinco alcaldes. Francisco Mart¨ªnez, regidor de la Vall d¡¯Alba, es investigado por delitos relacionados con la corrupci¨®n tras descubrirse que, como diputado provincial, proyect¨® una depuradora en Borriol sobre terrenos familiares por los que iba a recibir 51.000 euros. Mart¨ªnez fue destituido de forma fulminante como n¨²mero dos de la Diputaci¨®n en base a la doctrina Moliner (no habr¨¢ imputados por delitos de corrupci¨®n en los que se sospeche que pudo haber enriquecimiento personal en uso de su cargo), y tuvo que abandonar la instituci¨®n provincial tras ser imputado, pero sigue de alcalde.

El ¨²ltimo regidor encausado es Rafael Calvo, de Segorbe

El alcalde de La Vall d¡¯Uix¨®, ?scar Clavell, es objeto de una querella de la fiscal¨ªa por presuntos delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y fraude. Ejerc¨ªa de alcalde accidental cuando autoriz¨® el pago 706.789 euros a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y basuras a pesar de que los informes t¨¦cnicos eran contrarios.

La alcaldesa de Benic¨¤ssim y diputada provincial, Susana Marqu¨¦s, est¨¢ imputada (junto a sus ocho ediles) por presunta prevaricaci¨®n al pagar con fondos p¨²blicos la deuda de una sociedad de capital mixto. El regidor de Nules, Mario Garc¨ªa, y el delegado de Urbanismo, tienen una causa abierta por presunta prevaricaci¨®n al permitir edificaciones irregulares en una zona de protecci¨®n especial.

El ¨²ltimo alcalde que se suma a la lista es Rafael Calvo, regidor de Segorbe y tesorero del PP valenciano. Calvo acudi¨® a declarar en diciembre por un presunto delito de prevaricaci¨®n administrativa o desobediencia a la autoridad judicial por la aprobaci¨®n de una ordenanza taurina que otorgaba los cadafales sin licitaci¨®n previa. Junto a ¨¦l est¨¢ imputado el equipo de gobierno, entre ellos, Miguel Barrachina, vicepresidente provincial y secretario general del PP en Castell¨®n.

Los barones provinciales de Alicante y Castell¨®n, Jos¨¦ Ciscar y Javier Moliner, ya han anunciado que apartar¨¢n a los imputados. El de Valencia, Alfonso Rus, ha manifestado en varias ocasiones que la imputaci¨®n no es motivo de dimisi¨®n.