Un juzgado abre la causa contra el proyecto Castor y cita a 18 imputados

El juzgado de Instrucci¨®n 4 de Vinar¨°s (Castell¨®n) ha decidido este lunes abrir una causa por las supuestas irregularidades en la tramitaci¨®n de los permisos del proyecto Castor, el almac¨¦n de gas submarino que tuvo que ser paralizado tras desencadenar una serie de terremotos. La apertura de la causa se produce despu¨¦s de la denuncia presentada por la fiscal¨ªa. En total, el juzgado imputa a 18 personas por presuntos delitos de prevaricaci¨®n medioambiental, contra el medio ambiente y los recursos naturales.

La juez Carmen Ballesteros tomar¨¢ declaraci¨®n a cuatro miembros del Instituto Geol¨®gico y Minero Espa?ol (IGME), a dos ex directores generales del Ministerio de Industria y a otros tres cargos del Ministerio de Medio Ambiente (entre ellos otra directora general). Todos participaron en la tramitaci¨®n y aprobaci¨®n del proyecto y la juez les achaca presuntos delitos de prevaricaci¨®n medioambiental. Tambi¨¦n ve posibles responsabilidades en la empresa encargada de Castor, Escal-UGS, y cita como imputados a todo el consejo de administraci¨®n y al representante legal de la mercantil. En total, otras nueve personas imputadas por posibles delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.

El auto de apertura de procedimiento abreviado recoge la denuncia presentada a finales de diciembre por la Fiscal¨ªa de Castell¨®n. En ella se acusa al ex director general de Pol¨ªtica Energ¨¦tica y Minas entre 2004 y 2009, Jorge Sanz Olivas, que encarg¨® el informe al IGME que valid¨® el proyecto en 2007 y que fue aceptado "tal cual" por este en la posterior concesi¨®n de la explotaci¨®n de Castor a Escal-UGS. En ese informe no se abord¨® el riesgo s¨ªsmico. Junto a Oliva est¨¢n imputados los cuatro redactores del informe del IGME.

La segunda de las acusaciones se dirige contra los responsables de otorgar en 2009 la Declaraci¨®n de Impacto Ambiental (DIA) favorable, que tampoco analiz¨® el riesgo s¨ªsmico. La juez tomar¨¢ declaraci¨®n al redactor del documento, Jos¨¦ Manuel Escanilla, y a Miguel Aymerich Huyghues, que dio el visto bueno al documento. Adem¨¢s, tambi¨¦n est¨¢ imputada la ex directora general de Evaluaci¨®n Ambiental en esa etapa, Mar¨ªa Jes¨²s Rodr¨ªguez Sancho.

El otro ex director general del Ministerio de Industria imputado es Antonio Hern¨¢ndez Garc¨ªa. Tendr¨¢ que declarar por la resoluci¨®n de 2010 en la que se otorg¨® a Escal-UGS la autorizaci¨®n administrativa y reconocimiento de la utilidad p¨²blica del proyecto. Seg¨²n la fiscal¨ªa, no incluy¨® "ning¨²n condicionante" al proyecto, ni solicit¨® aclaraciones ni nuevos estudios tras la DIA. Por ¨²ltimo, se acusa a Escal-UGS de obviar las "advertencias y requerimientos" para introducir un estudio s¨ªsmico y medido para minimizar el riesgo de terremotos. Seg¨²n el escrito, la Administraci¨®n le "exigi¨®" que lo incluyera en su estudio de impacto ambiental, pero la empresa dijo que era innecesario. La Administraci¨®n lo admiti¨® y dio el visto bueno al proyecto.

El auto recoge un informe de la unidad t¨¦cnica de la fiscal¨ªa especializada de Medio Ambiente en la que se dice que la mercantil "no solo no aporta estudio alguno, sino que se aparta de la actuaci¨®n responsable, puesto que el ¨®rgano ambiental le exigi¨® que los efectuara". La fiscal¨ªa tambi¨¦n afirma que la empresa ten¨ªa informes que apuntaban a que la falla de Castor podr¨ªa provocar terremotos. A la empresa tambi¨¦n se le atribuye un posible delito contra el medio ambiente por hacer "caso omiso" de las advertencias por se¨ªsmos del Observatorio del Ebro y no parar de aportar gas hasta concluir la ¨²ltima fase de inyecci¨®n del gas colch¨®n.

Fue esta operaci¨®n la que caus¨® la crisis s¨ªsmica en el norte de Castell¨®n y sur de Tarragona, que provoc¨® la paralizaci¨®n del proyecto y la apertura de la investigaci¨®n de la fiscal¨ªa. Las diligencias del Ministerio P¨²blico se cerraron el 4 de octubre. El d¨ªa antes, el Consejo de Ministros aprob¨® el pago de 1.350 millones al propietario de Castor. La denuncia del fiscal no se conoci¨® hasta diciembre. Esquerra Unida trat¨® de que se investigara el citado pago, pero la fiscal¨ªa lo descart¨®, entre otras cosas, por tratarse de una decisi¨®n del Consejo de Ministros que no entraba en el ¨¢mbito de la fiscal¨ªa provincial.