Alaya declara secreta la causa de la formaci¨®n tras ver ¡°bolsas de fraude¡±

En silencio, este invierno la juez Mercedes Alaya ha pisado el acelerador en el caso de los cursos de formaci¨®n. Con tal ¨ªmpetu que ha decretado el secreto de parte de las actuaciones, para que as¨ª la Guardia Civil investigue sin interferencias. Esta dr¨¢stica medida denota que los indicios poseen gran trascendencia. En plena precampa?a, los cursos de formaci¨®n amenazan con te?ir de esc¨¢ndalo esta primavera de elecciones. El aceler¨®n de Alaya es tal que en solo 10 meses ha acumulado la friolera de 34.667 folios (102 tomos), un tercio del volumen del sumario (sin anexos) del caso ERE, iniciado hace cuatro a?os.

Con solo los exconsejeros Antonio Fern¨¢ndez y ?ngel Ojeda como imputados, la juez ha avanzado con sigilo en su instrucci¨®n por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n que cuestiona los fondos destinados por la Junta a la formaci¨®n profesional para el empleo, que pueden superar los 3.000 millones entre 2004 y 2011. Estas partidas fueron una herramienta clave en la lucha del Ejecutivo contra el desempleo, de ah¨ª su volumen.

Tras las pasadas Navidades, la instructora recibi¨® un atestado de los agentes sobre las ¡°graves irregularidades¡± detectadas en la concesi¨®n y control de estos fondos. Dos semanas despu¨¦s Alaya decret¨® el secreto parcial del caso al detectar ¡°bolsas de fraude¡±. La instructora resalta la existencia de ¡°entramados empresariales beneficiados¡± por estas ayudas millonarias que concedi¨® la Consejer¨ªa de Empleo, unos empresarios que ahora investiga la Guardia Civil. A continuaci¨®n, destaca los ¡°fraudes¡± provocados por las ayudas directas a 14 consorcios para formar trabajadores especializados. Estos consorcios tienen participaci¨®n de la Junta y Diputaciones y Ayuntamientos a los que ahora el Gobierno andaluz reclama fondos por mala gesti¨®n.

En el centro de la diana de este ¨²ltimo auto, la juez sit¨²a a la fundaci¨®n p¨²blica Faffe, nutrida con subvenciones por parte de Empleo y el SAE desde su nacimiento en 2003 y hasta su cierre en 2011. La juez ya pregunt¨® a l testigo estrella de la causa, el funcionario Teodoro Montes, si el PSOE se financiaba con cargo a los fondos destinados a la Faffe, sin aportar indicio alguno. Ahora Alaya ordena a la Agencia Tributaria que aclare todos los movimientos de las cuentas bancarias de la Faffe, as¨ª como todas las relaciones comerciales con empresas de la fundaci¨®n, ¡°para esclarecer el verdadero destino y uso de los fondos¡±, afirman los investigadores. Adem¨¢s, ordena a la Junta que le entregue a la Guardia Civil la relaci¨®n de puestos de trabajo y cargos directivos, presupuestos y planes de actuaci¨®n entre 2003 y 2011.

En definitiva, un completo esc¨¢ner para analizar hasta el ¨²ltimo euro de la gesti¨®n de esta fundaci¨®n p¨²blica. Alaya subraya que esta entidad ¡°lleg¨® a convertirse en un instrumento de Empleo y el SAE de dimensiones extraordinarias, con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados¡±. Durante a?os, los funcionarios de Empleo denunciaron la pr¨¢ctica habitual de contratar a t¨¦cnicos cercanos a los trabajadores que ya estaban en Faffe, en ocasiones vinculados al PSOE.

Mientras, Alaya subraya en su auto las ayudas destinadas a los extrabajadores de la factor¨ªa clausurada Delphi en C¨¢diz. La juez hace hincapi¨¦ en siete subvenciones concedidas a la Faffe por 35,9 millones que revelan ¡°importantes irregularidades¡± para la formaci¨®n y otras por 70 millones para la contrataci¨®n. Adem¨¢s, recuerda la censura de la C¨¢mara de Cuentas sobre los pagos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a los consorcios, que presuntamente ¡°incumpl¨ªan todas las condiciones y requisitos¡±. Alaya le pide a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n que le informe sobre las subvenciones y destaca las exoneraciones, permitidas por ley, que pudieron provocar ¡°gastos inflados o inexistentes¡± por parte de los empresarios beneficiados.

El atestado de la Guardia Civil es el apoyo esencial de Alaya, que por ahora pospone nuevas imputaciones. A su vez, para sustentar sus pesquisas los agentes destacan el valor de los testimonios de Montes, el ex director general de Formaci¨®n Carlos Ca?avate y su subordinada Roc¨ªo Guti¨¦rrez. Los agentes cuestionan el escaso control de las ayudas y la subrogaci¨®n en la que incurrieron las empresas. ¡°Sucesivas subcontrataciones que requirieron facturas falsificadas para justificar costes subvencionables¡±.