El juez cita a una concejal por el Plan Rabassa y ordena investigar pagar¨¦s

El juez Juan Carlos Cer¨®n, que instruye la causa sobre el Plan Rabassa, ha ordenado a la polic¨ªa que investigue "todo lo relativo" a unos pagar¨¦s por importe de seis millones de euros que una de las imputadas, la t¨¦cnica municipal Isabel Campos, ha admitido haber ofrecido al empresario Enrique Ortiz. Adem¨¢s, el magistrado ha citado a tres nuevos testigos, entre ellos la concejal del PP en el consistorio alicantino Sonia Alegr¨ªa.

Estas nuevas diligencias han sido acordadas por el titular del Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Alicante en una providencia fechada este martes, a la que ha tenido acceso Europa Press. El magistrado tiene previsto retomar la ronda de declaraciones el pr¨®ximo jueves con el interrogatorio de otro t¨¦cnico municipal imputado, Jos¨¦ Luis Ortu?o, y el de una funcionaria de la Generalitat, Ester Valls Parres, en este caso en calidad de testigo.

El juez ha citado para el pr¨®ximo 6 de marzo a otros dos testigos, un arquitecto que tambi¨¦n trabaja en el Ayuntamiento, Miguel ?ngel Cano, y una funcionaria municipal, Mar¨ªa ?ngeles de La Sierra, mientras que la concejal Sonia Alegr¨ªa tendr¨¢ que testificar el 20 de marzo a las 9.30.

Las nuevas testificales hab¨ªan sido solicitadas por las acusaciones. La comparecencia de Alegr¨ªa se debe a que esta edil acompa?¨® a los exalcaldes Luis D¨ªaz Alperi y Sonia Castedo en un viaje a Oporto en octubre del a?o 2008 para conocer las instalaciones con que la multinacional sueca Ikea cuenta en dicha ciudad.

Ese viaje ha sido calificado de "oficial" tanto por el magistrado instructor como por la propia Castedo, que era alcaldesa en esa ¨¦poca, a diferencia de D¨ªaz Alperi, quien hab¨ªa abandonado el cargo recientemente aunque continuaba como diputado por el PP en las Cortes Valencianas.

En su declaraci¨®n como imputado el pasado mes, el empresario Enrique Ortiz admiti¨® haber gestionado un vuelo en avi¨®n privado para que los pol¨ªticos regresasen a Alicante, aunque precis¨® que al final la operaci¨®n no se llev¨® a cabo porque hab¨ªa vuelos regulares. Por su parte, Castedo mantuvo que el viaje a Oporto ten¨ªa car¨¢cter oficial pese a lo cual lo pag¨® de su bolsillo.

En su providencia de hoy, Cer¨®n tambi¨¦n ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional que investigue "todo lo relativo a los pagar¨¦s que, por valor de seis millones de euros, estaban en posesi¨®n de Isabel Campos y que esta ofreci¨® a Enrique Ortiz en conversaci¨®n telef¨®nica de fecha 31 de marzo de 2009".

La propia funcionaria admiti¨® ante el juez el pasado mes que pidi¨® al constructor que asumiese -o intercediese para que un tercero lo hiciera- unos pagar¨¦s en poder de su marido, operaci¨®n en la que podr¨ªa obtenerse un beneficio en forma de comisi¨®n. Su abogado, Joaqu¨ªn Galant, confirm¨® despu¨¦s a los periodistas ese pasaje del interrogatorio, aunque le rest¨® importancia y desvincul¨® el citado negocio de la actuaci¨®n de Campos en relaci¨®n al Plan Rabassa.

En su escrito, el juez da cuenta del recurso de apelaci¨®n interpuesto por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n contra otra providencia, fechada el 9 de enero de 2005, en la que Cer¨®n rechazaba incorporar a la causa del Plan Rabasa las supuestas contraprestaciones recibidas por Castedo de manos de Ortiz que se investigan por otro juez de Alicante en otra de las ramas del caso Brugal, concretamente la relativa al PGOU de la ciudad, en la que la exalcaldesa tambi¨¦n est¨¢ imputada.