Fiscal¨ªa pide inhabilitar 12 a?os a cuatro ediles del PP de Orihuela
Est¨¢n acusados de un delito continuado de prevariaci¨®n administrativa En apenas cinco meses aprobaron pagos por 2,4 millones con reparos del interventor
La fiscal¨ªa pidi¨® el pasado 11 de febrero la apertura de juicio oral por un delito continuado de prevaricaci¨®n administrativa durante el 2008 contra cuatro concejales del PP de Orihuela (Alicante): Manuel Abad¨ªa, Antonio Francisco Rodr¨ªguez, Jos¨¦ Antonio Aniorte y Antonio Rodr¨ªguez Barber¨¢ (estos dos ¨²ltimos contin¨²an ejerciendo como ediles). Para cada uno de ellos pide 12 a?os y medio de inhabilitaci¨®n de cargo p¨²blico.
Entre los delitos descritos por el fiscal Pablo Jos¨¦ Romero en su escrito al juzgado oriolano de instrucci¨®n n¨²mero 3 destaca la aprobaci¨®n de pagos de facturas que superan los 2,4 millones de euros pese al reparo del interventor municipal.
Abad¨ªa, Aniorte y Rodr¨ªguez Barber¨¢, durante seis juntas de gobierno celebradas en un plazo de cinco meses, no se opusieron sino que propusieron los pagos de servicios prestados sin contrataci¨®n o fiscalizaci¨®n alguna, sostiene Romero calificando estos actos como ¡°flagrantemente ilegales¡±.
De esos pagos se benefici¨® el empresario local y condenado a 35 a?os de prisi¨®n por delito fiscal, ?ngel Fenoll. Dos de sus empresas de residuos urbanos, Proambiente y Colsur, recibieron al menos 1,9 millones de euros por sus servicios de tratamiento y recogida de basuras
El nombre de Fenoll aparece en varias causas instruidas en los juzgados de la capital de La Vega Baja. Est¨¢ pendiente de que se le abra juicio oral por delito medioambiental, supuestamente orquest¨® los enterramientos ilegales de al menos un mill¨®n de toneladas de basura. Est¨¢ considerado por la polic¨ªa y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n como el cabecilla del caso Brugal, investigaci¨®n que dibuja una trama de intereses pol¨ªticos y empresariales entorno a la gesti¨®n de residuos y por la que est¨¢n imputados el antiguo presidente provincial, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, y tres alcaldes oriolanos, entre ellos la ¨²ltima alcaldesa popular, M¨®nica Lorente, a quien Fenoll tambi¨¦n pudo haber aupado al poder mediante financiaci¨®n ilegal.
En su escrito, la fiscal¨ªa recoge situaciones que muestran el fraccionamiento de contratos para esquivar las normas de contrataci¨®n administrativa y abusar de la contrataci¨®n negociada y sin publicidad eludiendo la concurrencia p¨²blica. A Antonio Francisco Rodr¨ªguez, antiguo concejal delegado de alumbrado p¨²blico, se le acusa del fraccionamiento ¡°absolutamente inadecuado¡± del contrato de cambio de alumbrado, que acab¨® en 8 acuerdos que sumaban m¨¢s de 200.000 euros. Seis de estos recayeron sobre la misma empresa, a veces incluso consistir¨ªan en distintos servicios efectuados en un mismo barrio.
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