La Fiscal¨ªa archiva el ¡®caso San Antonio¡¯ porque no ve delito

La Fiscal¨ªa de ?lava ha archivado las diligencias que hab¨ªa abierto por el alquiler en 2007 de unos locales de la calle San Antonio por parte del Ayuntamiento de Vitoria, al no haber quedado acreditado "la existencia de il¨ªcito penal alguno".

La Fiscal¨ªa de Alava hab¨ªa iniciado estas diligencias tras recibir la petici¨®n del pleno municipal de la capital alavesa, que el pasado 27 de febrero acord¨® pedir al fiscal que investigara este asunto "teniendo en cuenta los nuevos datos existentes derivados de actuaciones que est¨¢ desarrollando sobre este tema el Tribunal de Cuentas" de Espa?a.

El fiscal jefe de Alava, Josu Izaguirre, ha hecho llegar un decreto a las partes en el que ordena el archivo de las diligencias porque "con los datos aportados con el escrito" del pleno, no se acredita ning¨²n delito.

Izaguirre explica adem¨¢s que se trata de un tema que ya estudia el Tribunal de Cuentas y que el "principio de unidad de actuaci¨®n" del Ministerio Fiscal "exige que no se produzcan actuaciones cuando se tiene conocimiento de que otro (fiscal) est¨¢ llevando a cabo actuaciones sobre los mismos hechos".

La decisi¨®n es recurrible y la oposici¨®n mantiene que hubo irregularidades

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe y que puede ser recurrido, Izaguirre recuerda que en caso de que la Fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas detecte "alg¨²n hecho que pudiera ser constitutivo de il¨ªcito penal" le remitir¨ªa los datos para que iniciase una investigaci¨®n al respecto.

En 2007 el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria, encabezado entonces por el actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso (PP), firm¨® un contrato de alquiler para unas oficinas municipales que result¨® gravoso para las arcas municipales y que ahora est¨¢ siendo analizado por el Tribunal de Cuentas del Estado.

El pasado 5 de marzo el ¨®rgano fiscalizador espa?ol impuso de manera cautelar una fianza de casi medio mill¨®n de euros a Alonso y al resto de su equipo de gobierno de entonces, entre ellos el actual regidor, Javier Maroto, al entender que hubo una "responsabilidad contable" que caus¨® un "perjuicio" econ¨®mico a las arcas municipales.

Esa decisi¨®n se acord¨® despu¨¦s de escuchar las explicaciones de los representantes legales del equipo de Alonso y del Ayuntamiento de Vitoria. El citado tribunal dict¨® un acta de liquidaci¨®n provisional en la que criticaba diversos aspectos de ese contrato de alquiler.

As¨ª, constat¨® que la renta se pact¨® en 12.500 euros m¨¢s IVA mensuales, cuando los t¨¦cnicos del Ayuntamiento la establecieron 10.168 euros, es decir que se pagaron 2.332 euros de m¨¢s al mes.

Tambi¨¦n censur¨® que en las actualizaciones anuales de la renta el Ayuntamiento pag¨® entre 1 y 9 puntos por encima del IPC, cuando el informe de los t¨¦cnicos se?alaba que se pagase ¨²nicamente el incremento del IPC.

El alquiler incluy¨® asimismo, seg¨²n constat¨® el ¨®rgano fiscalizador, una "cl¨¢usula penal" que se?alaba que si el Ayuntamiento rescind¨ªa el contrato antes de 20 a?os ten¨ªa que pagar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final, cuando los t¨¦cnicos municipales fijaron esa obligaci¨®n ¨²nicamente para 10 a?os.

Tras conocerse ese acta de liquidaci¨®n, Maroto anunci¨® que el equipo de Gobierno de 2007 -incluido Alfonso Alonso- no recurrir¨ªan y pagar¨ªan de su bolsillo la fianza de medio mill¨®n. El alcalde justific¨® esta decisi¨®n en su deseo de no alargar los plazos y de que el tema se resolviera cuanto antes, a poder ser antes de las elecciones municipales del 24 de mayo.

Sin embargo, los grupos de la oposici¨®n, PNV y PSE-EE, por un lado, y EH Bildu, por otro, ya han anunciado que presentar¨¢n una demanda de acci¨®n p¨²blica contable ante el Tribunal de Cuentas para evitar el archivo del caso y para que el dinero que se pag¨® de m¨¢s y el que queda por abonar hasta el fin del contrato en 2027 vuelva a las arcas municipales.