La juez declara caducada la multa a la preferentista octogenaria

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n¨²mero 2 de Pontevedra lleva dos meses sacando como rosquillas sentencias sobre las multas por supuestos excesos de afectados por las preferentes en sus protestas de 2013. La ¨²ltima remesa tiene fecha del martes de la semana pasada, al d¨ªa siguiente de las vistas judiciales. Son cinco y vuelven a ser favorables a los preferentistas, que suman ya 18 de 19 sentencias que anulan por extempor¨¢neas o poco fundadas las sanciones. Con esta decisi¨®n, la octogenaria Domitila Vicente y otros cuatro manifestantes recuperar¨¢n lo abonado.

La sanci¨®n a Domitila hizo arquear las cejas de sus compa?eros y abogados, extra?ados porque una mujer con los huesos molidos que necesita un andador para caminar hubiese sido multada por tratar de colarse en el Ayuntamiento de O Rosal de forma ¡°agresiva¡±. Por esta conducta y por no hacer caso a las ¨®rdenes de la Guardia Civil se llev¨® sendas multas de 100 euros. La sentencia hecha p¨²blica ayer anula la segunda de estas sanciones, sin entrar en el fondo del asunto. Como entre la redacci¨®n del expediente y la comunicaci¨®n a la perjudicada pasaron m¨¢s de seis meses, la juez la declara caducada. Y eso que computa el tiempo de la forma m¨¢s favorable a la Subdelegaci¨®n del Gobierno, que instruy¨® el expediente administrativo. Como la infracci¨®n era leve, ¡°incluso debiera haberse seguido el tr¨¢mite del procedimiento simplificado, con resoluci¨®n m¨¢xima en el plazo de un mes¡±, advierte el fallo.

En el mismo caso de Domitila est¨¢n otros tres de sus compa?eros en la plataforma de afectados del Baixo Mi?o, multados por el barullo que montaron en la plaza de O Calvario de O Rosal, frente al Ayuntamiento, en los primeros d¨ªas de junio de 2013, despu¨¦s de que el alcalde, Jes¨²s Fern¨¢ndez Portela (PP), decidiese desalojarlos del consistorio tras meses de encierro para reclamar una mejor y m¨¢s c¨¦lere gesti¨®n pol¨ªtica de la estafa bancaria. A todos tardaron m¨¢s de seis meses en remitirles las multas, que desaparecen. La Abogac¨ªa del Estado carga con las costas. De continuar la t¨®nica, el Estado tendr¨¢ que acabar devolviendo con creces los algo m¨¢s de 20.000 euros que sumaban las sanciones originales.

La quinta sentencia incumbe a un afectado al que la polic¨ªa acus¨® de agredir a un hombre durante una protesta en Tui. La supuesta v¨ªctima, que la propia polic¨ªa local se?al¨® como ¡°muy borracho¡±, no denunci¨® el supuesto incidente. Pero la polic¨ªa, que acredit¨® ¡°empujones y una patada¡± levant¨® atestado porque entendi¨® que, aunque la cosa no daba para mucho, se hab¨ªan producido ¡°des¨®rdenes p¨²blicos¡±. La magistrada entiende que la acusaci¨®n es exagerada. ¡°No puede considerarse que hubiese existido desorden p¨²blico alguno, ni grave ni leve, pues el incidente no supuso por s¨ª mismo alteraci¨®n alguna, no provoc¨® alarma entre los all¨ª congregados, ni tuvo otra incidencia que la de tener que llevarse la polic¨ªa a la persona que, en estado ebrio, estaba meti¨¦ndose con quienes participaban en esa concentraci¨®n¡±, concluye. Tambi¨¦n dice que si la agresi¨®n existi¨® deber¨ªa haberse tramitado por el orden penal, como una falta, posibilidad que ya en su momento descartaron los agentes.

La acumulaci¨®n de sentencias favorables llev¨® ayer al portavoz de los afectados por las preferentes de Baixo Mi?o, Xulio Vicente, a reclamar que el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello, d¨¦ explicaciones. La subdelegaci¨®n rechaz¨® sistem¨¢ticamente las alegaciones de los preferentistas a las sanciones durante la fase administrativa de los expedientes, una cuarentena, que seguir¨¢n llegando a los juzgados casi hasta el verano. Entre las multas se cuentan varias por supuestas infracciones de tr¨¢fico, impuestas tambi¨¦n por la Guardia Civil pero cuyo responsable ¨²ltimo es el Ayuntamiento de O Rosal.

Las sentencias llegan la v¨ªspera de que una delegaci¨®n de los afectados acuda a Bruselas para comparecer en la comisi¨®n de peticiones del Parlamento Europeo, uno de los ¨²ltimos cartuchos de las plataformas para forzar que se investiguen las responsabilidades personales en la comercializaci¨®n de participaciones preferentes de Caixa Galicia y Caixanova, las dos entidades financieras fusionadas, nacionalizadas y finalmente vendidas el a?o pasado a Banesco, que rebautiz¨® la resultante como Abanca.