La fiscal¨ªa pide por quinta vez que se divida el ¡®caso ERE¡¯ en 200 piezas
El ministerio p¨²blico pretende desatascar la instrucci¨®n y evitar prescripciones Anticorrupci¨®n cree que Alaya ha convertido la causa en ingobernable
Los fiscales creen que la investigaci¨®n del ¡®caso ERE¡¯ est¨¢ abocada al fracaso si contin¨²a por la senda actual, y por eso han pedido que se divida en hasta 200 partes para facilitar su tr¨¢mite. Lo hacen, una vez m¨¢s, tras comprobar el volumen ¡°inabarcable¡± de la macrocausa (272 imputados, 300.000 folios y a?os de instrucci¨®n pendiente). Es la alerta que lanzaron por quinta vez en su ¨²ltimo recurso dirigido a la Audiencia de Sevilla para que rescate al caso de la deriva en la que se encuentra y poder hacer justicia de forma ¡°pr¨¢ctica y eficiente¡±.
Anticorrupci¨®n apela a la intervenci¨®n de la Audiencia para frenar a la juez Mercedes Alaya, que discrepa de los fiscales y mantiene que puede avanzar sola con una instrucci¨®n que no para de crecer y que, seg¨²n ella, debe mantenerse unida. En los ¨²ltimos a?os los fiscales han insistido en la necesidad de trocear la investigaci¨®n para hacerla manejable, y as¨ª evitar que el peligro de la prescripci¨®n de delitos aumente. El ministerio p¨²blico ya pidi¨® hace un mes que archive las actuaciones contra 12 imputados porque la justicia ha llegado tarde y ya ha transcurrido m¨¢s de una d¨¦cada desde que percibieron ayudas p¨²blicas, por lo que ya no son perseguibles.
Nada menos que 37 escritos y documentos adjuntan para apoyar su tesis los fiscales ante la Secci¨®n S¨¦ptima de la Audiencia ¡ªfuturo destino de Alaya cuando confirme su ascenso, que de momento ella prev¨¦ aplazar, seg¨²n fuentes del caso¡ª. Son periciales, declaraciones e informes para subrayar la necesidad de separar el caso en tres grandes bloques, uno de ellos con m¨¢s de 200 piezas, una por cada subvenci¨®n concedida por la Junta. Visto que Alaya se empe?a en mantener la causa unida, los fiscales reclaman a los jueces su intervenci¨®n.
El fiscal solicit¨® exculpar a 12 empresarios por delitos prescritos
La cuesti¨®n clave es simple: si la juez pretende esperar a que concluyan las investigaciones de todas las ayudas, la espera ser¨¢ eterna. La acci¨®n de la justicia llegar¨¢ con tal retraso que algunos imputados desaparecer¨¢n ¡ªya han fallecido dos de ellos¡ª, otros tendr¨¢n edades muy avanzadas con los correspondientes beneficios en las condenas. Y la peor circunstancia: otros habr¨¢n sufrido a?os de medidas preventivas pese a una exculpaci¨®n por parte de la justicia. Para los fiscales, algunas decisiones de Alaya han causado ¡°un mayor retraso en la instrucci¨®n¡±. Y en esta l¨ªnea contra la magistrada abunda la Junta en un escrito sobre las prescripciones de delitos.
Los letrados del Ejecutivo aut¨®nomo se remontan al 28 de octubre de 2011 para demostrar que ya entonces alertaban sobre ciertos empresarios de la Sierra Norte sevillana que hab¨ªan recibido ayudas sospechosas. Y hace un a?o advert¨ªa a Alaya: ¡°La frustraci¨®n del leg¨ªtimo derecho de esta Administraci¨®n a verse resarcida podr¨ªa provenir por el mero transcurso del tiempo (¡) hechos presuntamente delictivos (¡) fueron consumados en abril del a?o 2004¡±. Los letrados han compilado 13 escritos que contribuyen en esa direcci¨®n de avisar sobre las ayudas concedidas bajo riesgo de prescripci¨®n. Seg¨²n la fiscal¨ªa y la Junta, la juez pod¨ªa haber evitado las prescripciones en vez de abrir investigaciones paralelas que han convertido la causa en ingobernable.
Lo cierto es que la caducidad de los delitos dej¨® de ser una hip¨®tesis para convertirse en una posibilidad real desde que la fiscal¨ªa asumi¨® que 12 empresarios deb¨ªan quedar exculpados. Y la cifra podr¨ªa crecer a¨²n m¨¢s. Eso s¨ª, en menor medida porque casi todas las ayudas directas a empresas han sido analizadas y los ERE excluyen el peligro de prescripci¨®n al ser subvenciones continuadas en el tiempo, con prejubilaciones que incluso hoy d¨ªa a¨²n se siguen pagando.
Cuesti¨®n de tiempo
En teor¨ªa, la prescripci¨®n se interrumpe cuando una persona es formalmente imputada en una resoluci¨®n judicial. Y para la inmensa mayor¨ªa de acusados en los ERE, el reloj se ha parado. El ministerio p¨²blico traz¨® la frontera de los 10 a?os y 450.000 euros de ayuda. Todas las ayudas que superen esa antig¨¹edad y sean menor que dicha cantidad no pueden ser perseguida por la justicia.
La duda radica en si Alaya pudo haber se?alado a esa docena de empresarios antes del pasado 6 de febrero, cuando emiti¨® un auto que par¨® el reloj. El debate lo abri¨® el abogado Juan Carlos Alf¨¦rez al defender que una ayuda de 600.000 euros concedida a un empresario en 2003 hab¨ªa prescrito dado que se se?al¨® judicialmente con 12 a?os de retraso.
De este modo, mientras las defensas defienden que el l¨ªmite temporal de la prescripci¨®n es una d¨¦cada, y la fiscal¨ªa lo comparte con el matiz de los 450.000 euros como l¨ªmite, la Junta mantiene que ninguna ha prescrito.
Pero la Junta estima que ninguna ayuda debe ser considerada prescrita ya que han sido objeto de una malversaci¨®n de fondos p¨²blicos ¡°grosera¡±. Si los jueces dan la raz¨®n a la fiscal¨ªa, las piezas avanzar¨¢n y los juicios podr¨ªan comenzar en un a?o o dos y los responsables desfilar¨¢n en el banquillo de los acusados de manera peri¨®dica.
De otro modo, la causa esperar¨¢ a su conclusi¨®n para delimitar las responsabilidades de los cientos de imputados en una suma que crece como una gota malaya.
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