Benavent grab¨® conversaciones comprometidas con cargos del Consell

El ex alto cargo de la Diputaci¨®n de Valencia Marcos Benavent tambi¨¦n grab¨® conversaciones comprometedoras con cargos de al menos dos consejer¨ªas de la Generalitat. Los di¨¢logos constan en los archivos sonoros en poder del juzgado que investiga, bajo secreto de sumario, una supuesta red de cobro de comisiones a cambio de contratos p¨²blicos denunciada por la Fiscal¨ªa.

El espionaje de Benavent se extendi¨® de este modo a las tres grandes Administraciones de Valencia, la Diputaci¨®n, el Ayuntamiento de la capital y el Consell, adem¨¢s de tener ramificaciones en Consistorios m¨¢s peque?os de la provincia.

Seg¨²n consta en la denuncia presentada ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en julio pasado por la diputada de Esquerra Unida Rosa P¨¦rez, fue esta formaci¨®n la que entreg¨® al ministerio p¨²blico las grabaciones que Benavent hizo durante largo tiempo en reuniones, comidas y visitas a sus colegas del Partido Popular valenciano. Las cintas acompa?aron un escrito en el que P¨¦rez relataba la existencia de una presunta red clientelar, apuntando a Benavent como referente de la misma.

En las m¨¢s de 10 horas de grabaci¨®n que contienen los archivos acumulados por Benavent, se escucha tambi¨¦n a Emilio Llopis, jefe de gabinete del presidente de la Diputaci¨®n de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus.

Llopis es, al mismo tiempo, alcalde de Genov¨¦s, un municipio de menos de 3.000 habitantes que limita con X¨¤tiva, la poblaci¨®n de la que es alcalde Rus, que tambi¨¦n fue captado hablando en su propia casa. La Diputaci¨®n de Valencia niega que sus cargos participasen en irregularidades. Y destaca que, adem¨¢s de abrir una investigaci¨®n interna y aprobar una comisi¨®n de investigaci¨®n en la asamblea provincial, en enero denunci¨® en el juzgado a Benavent por presuntas irregularidades durante su etapa al frente de la principal empresa de la Diputaci¨®n, Impulso Econ¨®mico Local Sociedad An¨®nima (Imelsa). Benavent hab¨ªa dimitido del cargo poco antes, ocho a?os despu¨¦s de que Rus lo nombrase gerente, en 2007. La Generalitat acus¨® a la oposici¨®n de hacer una "campa?a sucia" contra el PP.

La Fiscal¨ªa mantiene reservas sobre la validez de las conversaciones intervenidas debido a que ¨¦stas no fueron aportadas por su autor. Y est¨¢ a la espera de que las cintas sean validadas o no por el magistrado instructor. Fuentes jur¨ªdicas recuerdan que las grabaciones efectuadas en secreto por Jos¨¦ Luis Pe?as, el exconcejal de Majadahonda que dio origen a la investigaci¨®n del caso G¨¹rtel al entregar al ministerio p¨²blico 18 horas de conversaciones con Francisco Correa y otros miembros de su red, han sido avaladas en varias ocasiones por los jueces.

Fiscal¨ªa ha conducido la investigaci¨®n al margen de las grabaciones para blindarla ante peticiones de nulidad

A pesar de ello, en el juicio sobre las adjudicaciones de Fitur a la trama G¨¹rtel que empez¨® en marzo en el Tribunal Superior de Justicia valenciano antes de que los magistrados decidieran suspenderlo, los abogados de la defensa atacaron las grabaciones originales del caso, al considerar que se hicieron sin control judicial y violando sus derechos. Una estrategia similar a la de los acusados en el juicio del caso Terra M¨ªtica que fueron grabados por los diputados socialistas Jos¨¦ Camarasa y Antoni Such reconociendo corruptelas en la construcci¨®n del parque tem¨¢tico de Benidorm. Los acusados han alegado violaci¨®n del derecho a la intimidad para solicitar la anulaci¨®n de esa prueba.

Las dudas sobre la legalidad de las grabaciones de Benavent han llevado a la Fiscal¨ªa a conducir la investigaci¨®n al margen de las grabaciones, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, con el objetivo de blindar las pesquisas ante posibles peticiones de nulidad tanto de las cintas como de las averiguaciones realizadas a partir de ellas en aplicaci¨®n de la conocida como teor¨ªa del fruto del ¨¢rbol envenenado.

El seguimiento de la supuesta red de cobro de comisiones con base en la Diputaci¨®n de Valencia ha corrido a cargo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Fueron enviados desde Madrid para evitar filtraciones como las que, seg¨²n fuentes judiciales, se produjeron aparentemente en otros procedimientos, como el caso Blasco.