El Defensor del Pueblo catal¨¢n critica el recurso de Wert sobre el castellano

Padres, estudiantes y profesores catalanes acusan al ministro de Educaci¨®n, Jos¨¦ Ignacio Wert, de ¡°desestabilizar el funcionamiento de los centros educativos por la v¨ªa judicial¡± tras recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) la resoluci¨®n que regula la matr¨ªcula escolar auton¨®mica para el pr¨®ximo curso. Educaci¨®n reclama como medida cautelar un periodo extraordinario de matriculaci¨®n y que se impartan al menos el 25% de clases en castellano, y acusa a la Generalitat de no garantizar el derecho de las familias a que sus hijos estudien en espa?ol. El S¨ªndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catal¨¢n), Rafael Rib¨®, alert¨® ayer de que alargar la matriculaci¨®n puede distorsionar un proceso ya muy complejo de por s¨ª y tild¨® la medida de ¡°mala pr¨¢ctica administrativa¡±.

Su opini¨®n se suma a la de las federaciones de padres y madres de alumnos, los sindicatos de docentes y las asociaciones de estudiantes, agrupadas en el Marco Unitario de la Comunidad Educativa de Catalu?a (MUCE), que lamentan que ¡°una vez m¨¢s se quiera utilizar la comunidad escolar como campo de batalla en un combate de baja pol¨ªtica electoralista, para crear incertidumbre sobre todo a las familias y tambi¨¦n a los centros¡±.

La patronal de escuelas concertadas catalanas cree que la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica sirve para ¡°evitar la segregaci¨®n escolar y ha sido un factor decisivo de la cohesi¨®n social, avalado por las instituciones europeas¡±. Para Francisco Garc¨ªa, secretario de la Federaci¨®n de Ense?anza de CC OO, la actuaci¨®n del ministerio responde a una decisi¨®n ¡°electoralista¡± al filo del arranque de la campa?a regional y local. ¡°Wert crea un problema donde no lo hay¡±, considera Garc¨ªa.

El recurso del ministerio fue notificado a la Generalitat el martes, y esta dispone de plazo hasta el 13 de mayo para presentar alegaciones. Un d¨ªa antes, sin embargo, el departamento catal¨¢n de Ense?anza hace p¨²blicas las listas de admitidos en los centros, lo que da un margen muy estrecho al TSJC. El ministerio aprob¨® en junio un decreto que permite a las familias pedir ayudas para la escolarizaci¨®n privada en castellano cuando no existe oferta p¨²blica suficiente. La Generalitat admite que hay 60 peticiones (de 1,5 millones de alumnos) y el ministerio las eleva a 368 y no las 638 que dio ayer por error un portavoz a este peri¨®dico.