Piden nueve a?os de prisi¨®n para la expresidenta del PP de Orihuela

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide nueve a?os de prisi¨®n para la expresidenta del Partido Popular en Orihuela (Alicante), Josefa Ferrando, por hasta cuatro delitos de prevaricaci¨®n administrativa y otros tantos de fraude. Junto a la pol¨ªtica, actual concejal en Orihuela por Foro Democr¨¢tico, Anticorrupci¨®n pide adem¨¢s diversas penas de prisi¨®n contra seis empresarios en un caso de presuntas irregularidades en la contrataci¨®n de servicios para las ferias tur¨ªsticas de Fitur y de la Comunidad Valenciana. El perjuicio causado a las arcas municipales fue de 149.695 euros.

La diligencia del fiscal Pablo Romero es el colof¨®n a un mandato extinguido el pasado 24 de mayo y en el que la mitad de los concejales del PP han estado imputados. Tambi¨¦n es el en¨¦simo escrito presentado por Anticorrupci¨®n en los juzgados de una ciudad de apenas 90.000 habitantes y que ostenta el dudoso honor de ser la que m¨¢s casos de corrupci¨®n concentra en toda la Comunidad Valenciana. En la capital de La Vega Baja, conocida peyorativamente como la Sicilia valenciana, se acumulan las presuntas corruptelas ocurridas en lo que pr¨¢cticamente ha sido un feudo del Partido Popular desde finales de la d¨¦cada de los a?os 80 del pasado siglo.?

Si bien las cantidades son menores, el proceso guarda similitudes con el caso Fitur, que esconde tambi¨¦n presuntas adjudicaciones ilegales e inflados sobrecostes por servicios prestados por la trama G¨¹rtel. A Ferrando se le acusa de fraccionar facturas como concejal de Cultura y Turismo para evitar la concurrencia p¨²blica en las ediciones de Fitur celebradas entre 2008 y 2010, as¨ª como en otras citas de la Fer¨ªa de Turismo de la Comunidad Valenciana. Las facturas suman un total de 329.981 euros bajo los que se oculta un quebranto a las arcas p¨²blicas de 149.695 euros.

El menoscabo de las arcas oriolanas pudo ser mayor. El fiscal pide abrir otro procedimiento penal contra Ferrando. En fechas inminentes a su nombramiento como concejal en 2007, fue administradora ¨²nica durante seis meses de Pepa Ferrando Protocolos&Eventos, empresa que factur¨® 97.825 euros contra los reparos del interventor.

El procesamiento de esta pol¨ªtica, hasta hace seis meses presidenta del PP en uno de los graneros de votos hist¨®ricamente m¨¢s cuidados del Partido Popular, es uno m¨¢s en los que se han visto envueltos numerosos pol¨ªticos de la comarca valenciana m¨¢s meridional. Aqu¨ª naci¨® el caso Brugal, un entramado de intereses pol¨ªtico-empresariales entorno a la gesti¨®n de residuos y el urbanismo por los que est¨¢n siendo investigados del expresidente de la Diputaci¨®n de Alicante, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, hasta tres exalcaldes oriolanos o los dos ¨²ltimos alcaldes electos de Alicante.Est¨¢ imputada incluso una exdirectora de Canal 9.

Extra?as contrataciones del PP

Durante la investigaci¨®n, denominada por la polic¨ªa caso Spa, no solo se encontraron pagos un tanto surrealistas que superan con creces el precio del mercado; como los 8.262 euros desembolsados para transportar, montar y almacenar un olivo tipo bons¨¢i. La Unidad de Delitos Econ¨®micos y Financieros de la polic¨ªa tambi¨¦n destac¨® en uno de sus informes que las siete empresas que gestionaron todos los servicios, del entorno del Pa¨ªs Vasco, contrataron con municipios del Partido Popular siempre en administraciones alejadas de su ¨¢mbito de influencia geogr¨¢fica.

La informaci¨®n policial apunta a una trama de empresas. Estas facturaron servicios por tres millones de euros en Palencia, Valladolid y en instituciones de la Comunidad Valenciana como la Diputaci¨®n de Alicante o la Agencia Valenciana de Turismo, tambi¨¦n en los ayuntamientos de Torrevieja, D¨¦nia, Benidorm, X¨¤bia o La Vila; entidades controladas entonces por el Partido Popular.