Renunciar a Pakist¨¢n para comer en Euskadi

El Gobierno vasco no ve m¨¢s posibilidades. O se divorcian de sus maridos, en prisi¨®n desde el pasado mayo, acusados de cobrar fraudulentamente 375.000 euros del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, o no van a recibir ni un euro en ayudas sociales. El problema es que las seis mujeres que han denunciado esta situaci¨®n son de Pakist¨¢n, y all¨ª el divorcio significa marginaci¨®n, malos tratos y en ocasiones hasta la muerte. Es decir, o renuncian a volver alg¨²n d¨ªa a su pa¨ªs, o renuncian a comer en Euskadi. As¨ª lo ha denunciado la presidenta de la asociaci¨®n Mujeres Libres por la Igualdad de Derechos, Kalsoom Safi, quien revela que una trabajadora social del Ayuntamiento de Vitoria le confirm¨® que si estas mujeres desean recibir la RGI y la Prestaci¨®n Complementaria de Vivienda, suspendidas desde el arresto de sus maridos, deber¨¢n divorciarse de ellos, algo que tacha de ¡°terror¨ªfico¡± porque el divorcio en Pakist¨¢n es ¡°peor que la muerte¡±.

Desde que los seis hombres fueron detenidos el 15 de mayo (cuatro en Vitoria y dos en Ordizia) las mujeres se han quedado en una situaci¨®n de indefensi¨®n total, por lo que advierte de que si Lanbide no les concede la prestaci¨®n, ellas y sus hijos ¡°se quedar¨¢n en la calle¡± a lo largo del mes de junio. Tras recalcar que la comunidad paquistan¨ª ¡°detesta¡± el fraude, Safi incide en que las instituciones no pueden pedir a estas mujeres que se divorcien, ya que en tal caso nunca podr¨ªan regresar a Pakist¨¢n, donde ser¨ªan repudiadas por sus familias y las de su marido. Por su parte, desde la Consejer¨ªa de Empleo reiteran que para cobrar de nuevo la RGI, las mujeres deben hacer un ¡°mero tr¨¢mite administrativo¡±, en relaci¨®n al divorcio, si bien admiten que lo tienen ¡°realmente mal¡±, dadas las circunstancias culturales de su pa¨ªs donde la separaci¨®n est¨¢ muy mal vista. No obstante, consideran que son ¡°circunstancias personales¡± que no son tenidas en cuenta por Lanbide. ¡°Por desgracia, la ¨²nica posibilidad que tienen es la de desvincularse de la persona que est¨¢ en la c¨¢rcel y esto es igual para pakistan¨ªs o espa?oles¡±, sentencian. "Esto no es una normativa contra nadie, sino para todos", insisten en Lanbide, tras dejar claro que se aplica a los perceptores de ayudas sociales todas las nacionalidades incluidos los espa?oles.

Este requisito ha sido confirmado por fuentes del Departamento de Empleo y Pol¨ªticas Sociales, que han reconocido que tanto en Lanbide, como en los Servicios Sociales se ha podido ¡°sugerir¡± a estas mujeres que se desvinculen de sus parejas como ¡°¨²nica posibilidad¡± para continuar percibiendo la RGI. As¨ª, han a?adido que si no se hiciese efectivo el divorcio y ¨²nicamente se cambiara la titularidad de la unidad de convivencia para que la asumiera la mujer, ¡°la persona encarcelada seguir¨ªa formando parte de la misma unidad, benefici¨¢ndose del dinero y, por tanto, ¨¦sta quedar¨ªa excluida de la prestaci¨®n¡±. ¡°Una de las condiciones para acceder a la RGI es no estar en una situaci¨®n carcelaria¡±, se?alan. Fuentes sindicales precisan que el art¨ªculo 43.1.c. del Decreto 147/2010, que regula la RGI establece que una de las razones por la que se puede suspender la prestaci¨®n es ¡°en el caso de unidades de convivencia de una sola persona, el ingreso en centros de car¨¢cter penitenciario por un periodo de tiempo igual o superior a un mes siempre que quede cubierta la manutenci¨®n en el centro¡±. Empleo y Asuntos Sociales admite que pudiera no estar precisado en la normativa

No vale con

Esto, por tanto, no ser¨ªa aplicable al caso de las mencionadas mujeres, debido a que se trata de unidades de convivencia de varias personas, formadas por el matrimonio y los hijos. Por su parte, un documento interno que Lanbide reparti¨® en diciembre de 2014 entre sus funcionarios, titulado?Criterios y al que ha tenido acceso EL PA?S, va m¨¢s all¨¢ y s¨ª que hace referencia a aquellas unidades convivenciales que no sean unipersonales. Concretamente, apunta que en este caso, cuando una persona perceptora de la RGI ingresa en prisi¨®n por un periodo superior a un mes ¡°se podr¨¢ valorar un cambio de titular siempre que otro miembro de la unidad convivencial cumpla los requisitos¡±. Mientras, el anterior titular quedar¨¢ excluido de la unidad, aunque podr¨¢ reincorporarse una vez recupere la libertad.

Estas mujeres han buscado asesoramiento en el sindicato ESK, donde el economista I?aki Uribarri les ha confirmado que la Ley ¡°no exige el divorcio¡± para que puedan recibir de nuevo la RGI, sino que es suficiente con cambiar la titularidad de la unidad de convivencia. Uribarri anuncia que si Lanbide no cambia de postura, tendr¨¢ que ser la Justicia la que d¨¦ la raz¨®n a las mujeres. Adem¨¢s, critica que desde que se ha producido el supuesto fraude, ¡°la actitud del Servicio Vasco de Empleo es de venganza¡±. Precisamente, Safi denuncia que est¨¢ habiendo ¡°mucho racismo¡± con los paquistan¨ªs y cita como ejemplo que en los ¨²ltimos meses se ha suspendido la RGI a 30 familias de esta nacionalidad. Uribarri lo confirma y se?ala que se les est¨¢ poniendo las condiciones ¡°m¨¢s dif¨ªciles¡± para recibir la prestaci¨®n.El Gobierno descarta absolutamente este extremo y asegura que las mismas exigencias se tiene con? paquistan¨ªes, espa?oles o de cualquier otro pa¨ªs y endosa la responsabilidad a las autoridades de Pakist¨¢n, que complican la entrega de certificados de indentidad y de propiedades.

Uribarri cree que hay una actitud de venganza que el Gobierno descarta

¡°La raz¨®n por la que se les est¨¢ denegando la RGI es porque les exigen una declaraci¨®n jurada de que no tienen bienes en Pakist¨¢n, una vez que han transcurrido seis meses de la solicitud de la prestaci¨®n¡±, explica. As¨ª, revela que en Pakist¨¢n no existe el modelo de registro de bienes inmuebles, sino que se trata de otro certificado que Lanbide ¡°no da por bueno al dudar de que sea fiable¡±. Desde el Gobierno vasco remarcan que para evitar casos de ¡°fraudes clamorosos¡± se exige un documento que acredite cu¨¢l es la situaci¨®n de ingresos y de bienes de la unidad de convivencia. ¡°Esto se pide a todo el mundo por igual, por lo que es un problema del pa¨ªs y no de Lanbide¡±, insiste la Consejer¨ªa que insta a los afectados a que se pongan en contacto con su Embajada para que les suministre la documentaci¨®n exigida.