Justicia har¨¢ un plan de choque para mejorar las condiciones de trabajo

Gabriela Bravo, consejera de Justicia, Administraci¨®n P¨²blica, Reformas Democr¨¢ticas y Libertades p¨²blicas, ha anunciado este lunes "un plan de choque" para mejorar las condiciones de trabajo en juzgados y otras dependencias de su departamento. En las ¨²ltimas semanas se han producido quejas por los fallos en el aire acondicionado en la Ciudad de la Justicia de Valencia y por la aparici¨®n de pulgas en los juzgados de guardia de la misma ciudad.

Bravo ha considerado prioritaria esa intervenci¨®n y la ha relacionado con la normativa de seguridad laboral tras reunirse con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, Pilar de la Oliva. "Me comprometo", ha dicho la consejera, "a garantizar condiciones dignas de trabajo, no se puede trabajar a 50 grados, no se debe tolerar trabajar bajo esas condiciones", ha afirmado.

La nueva consejera tambi¨¦n ha asegurado que su departamento va a buscar v¨ªas que permitan abrir "progresivamente" los 15 nuevos juzgados a los que reuni¨® el Consell del entonces presidente Francisco Camps en 2010 despu¨¦s de que los hubiera aprobado el Ministerio de Justicia. Dadas las dificultades presupuestarias de la Generalitat, Bravo ha afirmado que no ser¨¢ posible abrirlos todos como tales en un breve tiempo, pero s¨ª duplicar juzgados e introducir refuerzos en los ¨®rganos m¨¢s saturados.

El Poder Judicial calcul¨® que abrir un juzgado cuesta 300.000 euros. Los 15 pendientes costar¨ªan 4,5 millones y la Generalitat carece ahora de los recursos necesarios

"Trabajaremos con el Consejo General del Poder Judicial y nos reuniremos con el Ministerio de Justicia para buscar f¨®rmulas. Aunque no podamos poner en marcha los 15 juzgados s¨ª podemos contar progresivamente con ese potencial, ese colectivo tan importante", ha dicho Bravo.

El Poder Judicial, del que Bravo fue portavoz, estim¨® hace unos a?os en 300.000 euros el coste de poner en marcha un nuevo juzgado. Los 15 previstos costar¨ªan por tanto unos 4,5 millones de euros, algo inabordable directamente para la Generalitat valenciana ante la "situaci¨®n econ¨®mica" en que se encuentra la Administraci¨®n auton¨®mica, ha se?alado Bravo. La consejera ha a?adido que las inversiones empezar¨¢n una vez cuente con un "diagn¨®stico" sobre d¨®nde hay que priorizarlas.

Mejorar la situaci¨®n del gabinete psicosocial de los juzgados, que son los que emiten los informes en los que se basan los jueces para decidir, por ejemplo, sobre la situaci¨®n en la que deben quedar menores en casos de divorcio o conflicto entre los progenitores tambi¨¦n ha sido considerado urgente por Bravo y De la Oliva. "Faltan profesionales y ello redunda negativamente en los plazos para emitir los informes", ha reconocido la consejera. Bravo ha afirmado que los informes no considerados "urgentes" se demoran hasta nueve meses en Valencia. "Lo ideal es que se expidan en menos de un mes. Hay que reducir los plazos", ha a?adido.

Bravo promete mejorar la situaci¨®n de los letrados del turno de oficio: "Necesitamos profesionales motivados y bien retribuidos"

En los partidos judiciales que no disponen de gabinetes psicosociales, Bravo ha afirmado que se buscar¨¢n acuerdos con la Consejer¨ªa de Bienestar Social y Ayuntamientos para cubrir esta necesidad.

Bravo ha abordado tambi¨¦n, en una de sus primeras comparecencias ante la prensa desde que fue nombrada consejera por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, otro de los asuntos que m¨¢s cr¨ªticas les valieron a sus predecesores dentro del mundo judicial. La situaci¨®n de los abogados del turno de oficio, que llevan a?os quej¨¢ndose de la escasa retribuci¨®n que reciben por garantizar la asistencia letrada gratuita que se desprende de la Constituci¨®n.

"Necesitamos profesionales motivados y bien retribuidos, adem¨¢s de especializados y bien formados. Y van a tener en la consejer¨ªa el apoyo necesario porque es la ¨²nica f¨®rmula de garantizar el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva", ha declarado Bravo.