Los juzgados de Valencia tienen 3.000 ordenadores nuevos incompatibles

El mismo d¨ªa que la presidenta del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, ha reclamado m¨¢s medios ante el recorte de presupuesto y el aumento de asuntos que atienden los juzgados, la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, ha revelado que en la Ciudad de la Justicia de Valencia hay "m¨¢s de 3.000 ordenadores" abandonados a pesar de ser nuevos y estar todav¨ªa embalados.

El motivo es que el anterior Gobierno auton¨®mico los compr¨® pero disponen de un sistema operativo m¨¢s avanzado del que utilizan hoy los juzgados.

Bravo ha realizado el anuncio este jueves en las Cortes valencianas durante la sesi¨®n de comparecencias de los nuevos consejeros. Los ordenadores fueron adquiridos, al parecer, por el anterior Ejecutivo popular, que es a quien corresponde proveer de medios materiales a los juzgados, seg¨²n ha se?alado la titular de Justicia.

En contraste con esa falta de uso del material, el fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Antonio Montabes, ha afirmado tambi¨¦n este jueves al presentar la memoria que los ordenadores que utiliza el ministerio p¨²blico en la misma Ciudad de la Justicia tardan hasta 20 minutos en empezar a funcionar desde que se ponen en marcha. "Son obsoletos, muy lentos, se bloquean continuamente y dan numerosos problemas", ha dicho Montabes.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que este a?o concluye su mandato de cinco a?os a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decida si contin¨²a en el cargo, ha reclamado m¨¢s medios al Gobierno auton¨®mico. "El voluntarismo solo no sirve. El esfuerzo en una ¨²nica direcci¨®n es claramente insuficiente", ha afirmado De la Oliva.

La magistrada ha se?alado que mientras la justicia ha perdido en los ¨²ltimos a?os presupuesto, funcionarios y jueces de apoyo, sus profesionales han asistido a un "notabil¨ªsimo" aumento de los asuntos en casi todos los ¨®rdenes, especialmente los de primera instancia, mercantil y social, los m¨¢s vinculados a los efectos de la crisis econ¨®mica. "La ley garantiza nuestra convivencia en paz, pero no solo sirve proclamarla. Tenemos que dotarla de los medios que fija", ha dicho.

De la Oliva, que estos d¨ªas preside el primer juicio a la trama G¨¹rtel y a dos exconsejeras en el TSJ se ha referido a la corrupci¨®n y ha defendido que a pesar de "todas las dificultades", los tribunales "siguen siendo uno de los instrumentos m¨¢s eficaces contra esta lacra". La magistrada ha citado al presidente del CGPJ en su afirmaci¨®n de que los jueces en Espa?a "est¨¢n actuando con plena independencia, sin m¨¢s criterio rector u orientaci¨®n que aquellos que la propia ley establece". De la Oliva ha a?adido que "la m¨ªnima colaboraci¨®n de la Administraci¨®n en medios adicionales, discretos, precisos, esenciales, nos hubiera dado mejores resultados, muchos mejores resultados".

El fiscal superior ha se?alado, por su parte, que las causas contra aforados (diputados, miembros del Consell, jueces y miembros del ministerio p¨²blico) se incrementaron el pasado curso judicial un 18% hasta los 70. Pero que en el mismo periodo se redujeron un 22,5% las diligencias por delitos contra la Administraci¨®n, que son los que engloban los relacionados habitualmente con la corrupci¨®n.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha comprometido por su parte a responder a las peticiones de m¨¢s fondos para la justicia. "No hay democracia sin justicia de calidad", ha afirmado Puig, y esta debe dar una "respuesta r¨¢pida" a los ciudadanos.