El Gobierno cuestiona la devoluci¨®n de sanidad a ¡®sin papeles¡¯ del Consell

El Gobierno ve inconstitucional la ley valenciana que devuelve la sanidad a los inmigrantes irregulares, la primera norma aprobada por el Parlamento auton¨®mico en la nueva legislatura. El Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas ha remitido a la Generalitat una carta informando de los extremos que considera cuestionables y ha solicitado la creaci¨®n de una comisi¨®n bilateral para tratar el asunto como paso previo a recurrir al Tribunal Constitucional.

La consejera de Sanidad Universal y Salud P¨²blica, la socialista Carmen Mont¨®n, ha afirmado tras trascender la noticia que la atenci¨®n integral a los inmigrantes sin papeles es "irrenunciable" y que no contempla "negociar a la baja el derecho fundamental a la sanidad".

Mont¨®n anunci¨® en julio la devoluci¨®n de la cobertura sanitaria completa a los inmigrantes irregulares que fue restringida por el Ejecutivo en 2012. En septiembre el decreto que extendi¨® la atenci¨®n en centros de salud y hospitales a 30.000 personas fue convertida en ley por las Cortes Valencianas. La norma establece la asignaci¨®n de un facultativo a los sin papeles y les permite tener acceso a f¨¢rmacos, material ortoprot¨¦sico y dem¨¢s prestaciones con la ¨²nica condici¨®n de llevar tres meses empadronados en un municipio valenciano.

Los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad y Servicios Sociales consideran que la norma auton¨®mica se extralimita en sus competencias por lo que es inconstitucional. Desde su punto de vista el hecho de permitir a los inmigrantes irregulares acceder al sistema sanitario "en igualdad de condiciones que el resto de la poblaci¨®n asegurada" supone una vulneraci¨®n de la "competencia estatal para establecer el ¨¢mbito objetivo y subjetivo en materia de salud".

Determinar las condiciones por las que se pueden recibir prestaciones sanitarias, as¨ª como su contenido b¨¢sico es una competencia que corresponde "exclusivamente" al Estado, seg¨²n el Gobierno. La carta remitida al Consell tambi¨¦n cuestiona la regulaci¨®n del acceso a f¨¢rmacos, material ortoprot¨¦sico, as¨ª como el documento de identificaci¨®n, una tarjeta sanitaria, que el Gobierno valenciano pone a disposici¨®n de los sin papeles y que han obtenido ya unas 4.000 personas.

La consejera valenciana de Sanidad ha manifestado su negativa a negociar con el Gobierno la ley valenciana, tal y como plantea la carta. El motivo es que, seg¨²n Mont¨®n, la comisi¨®n bilateral "no tiene otro prop¨®sito que rebajar el alcance de la medida y recortar derechos a las personas a quienes el decreto valenciano ha devuelto un acceso integral a la sanidad en las mismas condiciones que el resto de la ciudadan¨ªa".

La Generalitat apoya su postura en el hecho de que el Tribunal Constitucional "ha respaldado medidas similares de extensi¨®n de la cobertura asistencial tomadas en Pa¨ªs Vasco y Navarra" que reconocieron "la universalidad de la atenci¨®n sanitaria".

Mont¨®n ha argumentado que el Gobierno valenciano intent¨® debatir la cuesti¨®n de la extensi¨®n de las prestaciones sanitarias para los inmigrantes irregulares en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sin que el Ejecutivo lo aceptara. Y ha recordado que la ley fue aprobada en las Cortes valencianas sin que ning¨²n grupo votara en contra de la medida.

La norma fue defendida por el Consell como una decisi¨®n ¨¦tica, y tambi¨¦n como una medida de salud p¨²blica por los riesgos de tener a una parte de la poblaci¨®n fuera del control sanitario. Sanidad tambi¨¦n relativiz¨® el coste, afirmando que la atenci¨®n en urgencias a la que segu¨ªan teniendo derecho los inmigrantes irregulares debido al empeoramiento en las enfermedades encarec¨ªa la exclusi¨®n.