Los hoteleros aseguran que 18 hoteles sortear¨¢n la moratoria de Colau
La concejal Janet Sanz sostiene que pedir una licencia no significa que sea concedida
La moratoria de apertura de nuevos hoteles, una de las estrellas del inicio del mandato de Barcelona en Com¨², se est¨¢ convirtiendo en una pesadilla para el ¨¢rea de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio que capitanea la alcaldesa Ada Colau repite hasta la saciedad que sus servicios jur¨ªdicos avalan el frenazo en la concesi¨®n de nuevas licencias para alojamientos tur¨ªsticos hasta elaborar un plan que reparta la carga en toda la ciudad.
Pero de una treintena de proyectos afectados, 26 hab¨ªan recurrido el mi¨¦rcoles la medida ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC). Adem¨¢s, el Gremio d'Hoteles asegura que por lo menos 18 hoteles y dos pensiones sortear¨¢n la moratoria y el Ayuntamiento tendr¨¢ que autorizar sus construcci¨®n. "Estos 18 son los que nosotros tenemos noticia, pero puede haber 20 m¨¢s", afirma el presidente del Gremio, Jordi Clos, que "no entiende" como el Ayuntamiento todav¨ªa no tiene el listado de hoteles afectados por la moratoria. El consistorio promete tener una foto de la situaci¨®n en 10 d¨ªas.
La discusi¨®n est¨¢ en si tener certificado de aprovechamiento urban¨ªstico da derecho a licencia
La clave de la cuesti¨®n, que avanza hoy La Vanguardia, est¨¢ en los promotores que hab¨ªan pedido un certificado de aprovechamiento urban¨ªstico: el documento que fija qu¨¦ usos tiene permitidos un suelo. Y aqu¨ª est¨¢ la disparidad de criterio. Los empresarios y sus abogados aseguran que el certificado da derecho a licencia. Mientras que la concejal de Urbanismo, Janet Sanz, afirma que tienen "derecho a pedir un proyecto de licencia en los siguientes seis meses, pero que son los t¨¦cnicos quienes tendr¨¢n que ver si se cumplen los requisistos". "Unos pueden acabar en hotel y otros no", ha zanjado Sanz este viernes tras asegurar reconocer que se reuni¨® el mi¨¦rcoles con los hoteleros, pero que la cifra de 18 hoteles "no ha salido del Ayuntamiento".
El art¨ªculo de la discordia
El art¨ªculo 105 de la Ley de Urbanismo, sobre los certificados urban¨ªsticos, en su punto 2 afirma que "si la finca objeto de consulta es edificable, tiene una vigencia de seis meses [...] sin prejuicio de las prescripciones de la legislaci¨®n sectorial, es preceptivo otorgar las licencias de edificaci¨®n que sean solicitadas en la forma establecida por la administraci¨®n de r¨¦gimen local dentro de este plazo y que falten los defectos inenmendables, siempre que el proyecto de ajuste a las normas vigentes en el momento de la solicitud, de acuerdo con el contenido de este. En este supuesto, la solicitud de la licencia no se ve afectada por la suspensi¨®n potestativa de licencias regulada por el art¨ªculo 73.1 (sobre suspensi¨®n de tr¨¢mites y licencias).
Este paquete forma parte de los 28 casos que el consistorio se comprometi¨® a analizar con el Gremio de Hoteleros en verano pasado. El sector hab¨ªa pedido a la alcaldesa premura a la hora de elaborar el plan tur¨ªstico de la ciudad y que diera luz verde a los proyectos que se ten¨ªan los tr¨¢mites m¨¢s avanzados y que hab¨ªan quedado varados por la moratoria. Entre ellos estaba la Torre Agbar, que el pasado mes de julio ya obtuvo el benepl¨¢cito del consistorio para tirar adelante al poseer un certificado de aprovechamiento urban¨ªstico, lo cual le daba derecho a solicitar la licencia hotelera de forma autom¨¢tica.
El teniente de alcalde y n¨²mero dos de Colau, Gerardo Pisarello, ha negado este viernes que "el Ayuntamiento se vea obligado a nada". "Hablamos de repensar una situaci¨®n insostenible, la moratoria fue, perd¨®n, es un instrumento para conseguir este objetivo y tiene plena cobertura legal, la avalan los servicios jur¨ªdicos", ha afirmado. "Los que cuenten con certificado de aprovechamiento tienen derecho a pedir licencia, est¨¢ reglado y si se cumplen determinadas reglas se concede o no, no es un tema discrecional", ha afirmado, y ha concluido: "Entendemos que hay actores privados que quieran defender sus derechos, pero la obligaci¨®n del gobierno es proteger el inter¨¦s p¨²blico".
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