Procesados dos alcaldes por evitar demoler casas ilegales de ¡°allegados¡±

La juez ha procesado a dos exalcaldes de Ontinyent (Valencia), a un exconcejal de Urbanismo y a funcionarios del Ayuntamiento tras haber hallado "indicios racionales de criminalidad" en su actuaci¨®n respecto a varias viviendas construidas de forma ilegal en la poblaci¨®n que no fueron demolidas. La magistrada cree que el motivo de la inacci¨®n fue que las viviendas pertenec¨ªan a "personas allegadas a miembros de la corporaci¨®n o a funcionarios municipales".

Entre los imputados, que han negado los hechos a lo largo del procedimiento, hay exresponsables del partido socialista (el exalcalde Manuel Rigart), del Bloc (el exregidor Rafael Mart¨ª Portero) y del PP (el exconcejal de Urbanismo Filiberto Tortosa), que tuvieron responsabilidades la pasada d¨¦cada.

En una resoluci¨®n de 60 p¨¢ginas, la juez mantiene que los excargos p¨²blicos dejaron pasar el tiempo pese a las denuncias formuladas por un grupo de vecinos hasta que concluy¨® el periodo legal de cuatro a?os, desde que finaliza la construcci¨®n, para demoler una vivienda edificada irregularmente. Y que los indicios apuntan a que tal lentitud fue premeditada, lo que implicar¨ªa prevaricaci¨®n.

Sobre un total de 12 edificaciones, "en contra de lo dispuesto en las leyes, no se lleg¨® a incoar expediente de restauraci¨®n de la legalidad urban¨ªstica o se notific¨® la incoaci¨®n despu¨¦s de que hubiera concluido el plazo para hacerlo, por lo que no se cumpli¨® la obligaci¨®n de resolver sobre dicha restauraci¨®n, establecida por la ley con car¨¢cter inexcusable", indica el auto dictado por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n de Ontinyent.

"Tanta resistencia por parte de miembros de la corporaci¨®n y funcionarios responsables a localizar las edificaciones denunciadas y a incoar los expedientes de restauraci¨®n, hace pensar que, como sostiene la asociaci¨®n denunciante, si no todas, algunas de estas edificaciones pertenec¨ªan a personas allegadas a miembros de la corporaci¨®n o a funcionarios municipales, lo cual se ha comprobado ser cierto y es la ¨²nica explicaci¨®n posible a su conducta", indica la resoluci¨®n.

La magistrada llega a la conclusi¨®n tras comparar "la lentitud y el desinter¨¦s" que caracteriz¨® la marcha de estos casos con "la agilidad" con que se tramitaron y resolvieron "sin tr¨¢mites innecesarios, los de las edificaciones de los miembros de la asociaci¨®n denunciante", "en todas las cuales se acord¨® la demolici¨®n".

La Asociaci¨®n en defensa de les Casetes d'Ontinyent (Adeca), indica el auto de la juez recogiendo parte de la denuncia original, empez¨® a construir las viviendas en 2004 con el "convencimiento de que estaban llevando a cabo algo normal" en la capital de la comarca de La Vall d'Albaida. En la poblaci¨®n se estaban levantando "multitud de construcciones desde a?os atr¨¢s, que incluso propiciaba el propio Ayuntamiento porque a los que ped¨ªan informaci¨®n solo les preguntaban si dispon¨ªan de agua y luz, en cuyo caso se les dec¨ªa que no hab¨ªa problema".

Las casas de los miembros de esta asociaci¨®n Adeca se estaban construyendo cuando "les llegaron ¨®rdenes de paralizaci¨®n de las obras, se precintaron las mismas" y se les abri¨® expedientes para "restaurar la legalidad urban¨ªstica". En los meses siguientes, los afectados hicieron un inventario de otras casas construidas en las mismas condiciones presuntamente irregulares que pertenec¨ªan a "personas allegadas a miembros del Ayuntamiento y a funcionarios del mismo". Denunciaron los hechos ante el Ayuntamiento en enero y diciembre de 2006 y julio de 2008.

En las denuncias se reclamaba que "en aplicaci¨®n de la ley y del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante esta, se les iniciara expediente de paralizaci¨®n de obras, as¨ª como el procedimiento de restauraci¨®n del orden urban¨ªstico perturbado". La juez considera probado que tanto la oficina t¨¦cnica municipal como "la alcald¨ªa quedaron enterados" de las denuncias.

A pesar de ello, "pasaron m¨¢s de dos a?os y medio sin que se resolvieran las alegaciones" ni "se incoara ning¨²n expediente", de modo que transcurri¨® el plazo que la Ley Urban¨ªstica Valenciana contemplaba para demoler viviendas ilegales. En sus declaraciones, "los responsables municipales han expuesto excusas para tratar de justificar su falta de actuaci¨®n, pero lo cierto", cree la magistrada, es que no "hicieron nada" para corregir la situaci¨®n.

La juez da un plazo de 10 d¨ªas a la fiscal¨ªa y a las acusaciones particulares para que soliciten la apertura de juicio o el archivo de las actuaciones. El delito de prevaricaci¨®n por el que han sido procesados los acusados prev¨¦ penas de inhabilitaci¨®n para empleo o cargo p¨²blico.