Un Ayuntamiento detalla al juez c¨®mo Converg¨¨ncia hinch¨® una obra del 3%
Sant Fruit¨®s pag¨® por trabajos no hechos y materiales 100 veces por encima de su coste
El Ayuntamiento de Sant Fruit¨®s de Bages ha remitido al juez un informe del secretario municipal que detalla c¨®mo el coste de las obras de un centro c¨ªvico construido en 2009 fue hinchado con gastos falsos, entre ellos una puerta y tabiques no instalados. En total, el dinero pagado de m¨¢s por el municipio asciende a 34.000 euros, cifra que coincide con el 3% del presupuesto de la obra y con la donaci¨®n que la constructora ¡ªel Grup Soler¡ª hizo ese a?o a la fundaci¨®n CatDem de Converg¨¨ncia. El alcalde de Sant Fruit¨®s era el convergente Josep Rafart.
Sant Fruit¨®s es uno de los ayuntamientos investigados por la supuesta financiaci¨®n ilegal del Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalunya (CDC) que investiga el Juzgado de Instrucci¨®n 3 de El Vendrell. El municipio adjudic¨® en marzo de 2009 por 1,13 millones las obras de construcci¨®n de un centro c¨ªvico dentro de las inversiones financiadas por el conocido como plan Zapatero. La empresa ganadora del concurso fue una uni¨®n temporal de empresas (UTE) formada por dos filiales del Grup Soler. Poco despu¨¦s, en julio de ese a?o, la UTE don¨® a CatDem 34.000 euros. El c¨ªrculo se cerr¨® en diciembre de ese a?o, cuando Rafart aprob¨® el sobrecoste que permiti¨® a la constructora recuperar el dinero pagado a Converg¨¨ncia.
El informe del secretario municipal detalla c¨®mo se fragu¨® y aprob¨® el sobrecoste, en un procedimiento que considera ¡°nulo¡± porque ¡°incumpli¨® absolutamente el procedimiento legal¡±. Entre otras irregularidades, el documento destaca que un cargo de confianza del alcalde asumi¨® un papel clave en la tramitaci¨®n del expediente y en las negociaciones con la constructora a pesar de que no ten¨ªa competencias para ello. Para hacerlo, este cargo de confianza suplant¨® la funci¨®n que correspond¨ªa al arquitecto municipal y a otros funcionarios. Esta actuaci¨®n se vio favorecida, seg¨²n fuentes municipales, porque Sant Fruit¨®s carec¨ªa entonces de un secretario y un interventor de carrera y sus funciones eran asumidas por personas afines a Josep Rafart.
Entre los gastos hinchados se encuentra una puerta que no lleg¨® a instalarse y por la que el ayuntamiento pag¨® 5.000 euros, casi el mismo importe abonado por unos tabiques que tampoco llegaron a levantarse. Adem¨¢s, la constructora factur¨® dos veces las acometidas de luz y agua (5.142 euros en total) y cobr¨® casi 12.000 euros por unas gu¨ªas cuyo coste real no asciende ni a 100 euros. Esta partida, por tanto, se hinch¨® en m¨¢s del 1.000%.
En total, las partidas indebidamente facturadas al ayuntamiento ascienden a 28.989 euros. Si a esta cifra se le suman los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%), el importe indebidamente cobrado por el Grup Soler asciende a 34.000 euros, cantidad que coincide con la donaci¨®n de la constructora al partido y el 3% de la obra.
Tras las elecciones municipales de mayo de 2011, Josep Rafart fue sustituido por el actual alcalde, el independiente Joan Carles Batan¨¦s. , que gobierna con el apoyo del PSC. Tras su salida de la alcald¨ªa, Rafart fue nombrado subdirector territorial en la Catalu?a Central por el Departamento de Interior, entonces dirigido por Felip Puig. El exalcalde ocup¨® este cargo hasta su jubilaci¨®n, en julio de 2012.
El secretario municipal de Sant Fruit¨®s recuerda en la parte final de su informe que el ayuntamiento est¨¢ ahora ¡°obligado" a poner estos hechos en conocimiento del juzgado que investiga el caso, tr¨¢mite que ya ha sido cumplido por el actual equipo de gobierno. Sant Fruit¨®s deber¨¢ asimismo aportar a la causa todo ¡°aquello que pueda resultar relevante para la investigaci¨®n de los posibles delitos vinculados con la construcci¨®n del centro c¨ªvico¡±, recoge el informe
En las conclusiones de su informe, el secretario municipal establece varias ¡°acciones procedentes¡± que deber¨¢ llevar a cabo el ayuntamiento. Una de ellas es extender la investigaci¨®n, hasta ahora limitada la aprobaci¨®n y ejecuci¨®n del sobrecoste, a la totalidad de la obra del centro c¨ªvico ya que considera necesario ¡°analizar que lo que se certific¨® y pag¨® corresponde con lo que realmente se realiz¨®, y si los precios satisfechos se ajustan a derecho o no¡±. El secretario tambi¨¦n abre la puerta a ¡°practicar un control equivalente a todas las inversiones en que se pueda sospechar la existencia de irregularidades equivalentes¡±.
El secretario tambi¨¦n establece que el ayuntamiento ¡°est¨¢ obligado¡± a emprender acciones legales para resarcirse de los da?os sufridos. En ese sentido, el informe propone dos alternativas: personarse como perjudicado en la causa en marcha ¡°para ejercer las acciones penal y civil¡± o esperar a que haya sentencia firme para reclamar el dinero solo por la v¨ªa civil.
El informe, en cambio, descarta emprender medidas disciplinarias contra las personas que asumieron las funciones de secretario e interventor porque, aunque pudieron incurrir en faltas ¡°muy graves¡±, estas est¨¢n ya prescritas. En el caso del cargo de confianza se?alado por el secretario, tampoco proceden medidas disciplinarias porque ya no trabaja para el ayuntamiento.
El actual alcalde ha optado por no hacer declaraciones p¨²blicas sobre el informe, aunque fuentes municipales aseguran que va a ¡°cumplir al detalle¡± las indicaciones del informe.
Investigacion@elpais.es
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