La enfermedad de un inspector retrasa seis meses el juicio a Ortiz

La incomparecencia por enfermedad de un inspector de Hacienda, citado como perito del caso, ha ocasionado la suspensi¨®n del juicio al constructor Enrique Ortiz y otros cuatro empresarios por un supuesto fraude fiscal de m¨¢s de 6 millones de euros en una operaci¨®n urban¨ªstica en 2005 por la promotora Hansa Urbana en la Playa de San Juan.

La suspensi¨®n y aplazamiento se producen a petici¨®n de la Fiscal¨ªa y de la acusaci¨®n particular, la Agencia Tributaria, seg¨²n ha informado el secretario del juzgado de lo Penal n¨²mero 1 de Alicante.

El inspector ausente ha presentado un parte m¨¦dico seg¨²n el cual sufre un problema de salud que le impide asistir a las sesiones.

El juzgado aplaza hasta finales de junio las cuestiones previas y para diez d¨ªas despu¨¦s, a principios de julio, el comienzo de la vista oral con las declaraciones de acusados y testigos. La Fiscal¨ªa pide provisionalmente para los cinco procesados sendas penas de tres a?os de c¨¢rcel por un delito contra la Hacienda P¨²blica, as¨ª como de un de a?o y medio por un delito de falsificaci¨®n en documento mercantil. Adem¨¢s, los encausados se enfrentan a la petici¨®n de multas por m¨¢s de seis millones de euros.

Los hechos se remontan al ejercicio fiscal de 2005 y fueron denunciados ante la Fiscal¨ªa de Alicante por la Agencia Tributaria, que cifr¨® el supuesto fraude fiscal en 6.105.247 euros. La acusaci¨®n p¨²blica sostiene que tanto Ortiz como su cu?ado y apoderado en algunas de sus empresas, Miguel Carratal¨¢, se confabularon con el presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, y los empresarios Miguel Ballester, Aurelio Gonz¨¢lez Villarejo y Vicente P¨¦rez Ca?as para defraudar a Hacienda.

Seg¨²n el escrito acusatorio, los implicados utilizaron nueve fincas r¨²sticas situadas en el denominado Pau 4 de Alicante, en la Playa de San Juan, que Hansa Urbana SA ten¨ªa contabilizadas como ¡°existencias o elementos del activo circulante¡± y, por tanto, como terrenos destinados a la venta y a la obtenci¨®n de las consiguientes plusval¨ªas.

La propietario simul¨® supuestamente, en colaboraci¨®n con las mercantiles de Ortiz y Villarejo, dos contratos de alquiler de las fincas por un importe total cercano a los tres millones de euros a fin de contabilizarlas ante Hacienda como inmovilizado y beneficiarse as¨ª de una deducci¨®n fiscal indebida¡±. La causa fue sobrese¨ªda provisionalmente hace unos d¨ªas para uno de los acusados, Aurelio Gonz¨¢lez Villarejo, porque sufre una enfermedad degenerativa que le impide sentarse en el banquillo de los acusados.

Enrique Ortiz, tambi¨¦n imputado en el caso Brugal, que investiga una supuesta trama pol¨ªtica empresarial vinculada al negocio de la basura y al urbanismo en Alicante, ha sido increpado por un transe¨²nte cuando entraba por la puerta principal de los juzgados de Benal¨²a rodeado de c¨¢maras de diversos medios de comunicaci¨®n.

El empresario ha abandonado el edificio por la puerta de atr¨¢s, que permanece cerrada salvo para dar paso a las entregas de los funcionarios de Correos, y no es utilizada en ning¨²n caso, seg¨²n fuentes judiciales, por los acusados o testigos que acuden a diario a los juzgados alicantinos.