Una nueva ola de sospechas de corrupci¨®n alcanza al PP valenciano
El Consell generaliza su personaci¨®n como acusaci¨®n en casos que afectan a fondos p¨²blicos
Las novedades en las investigaciones sobre supuesta corrupci¨®n que marcaron los ¨²ltimos a?os de poder del PP en las grandes Administraciones valencianas parec¨ªan haber llegado a su fin. Pero las revisiones internas puestas en marcha por los nuevos gobernantes y el avance de las pesquisas, iniciadas en algunos casos hace a?os, han devuelto a la actualidad la sospecha de irregularidades en la gesti¨®n de los fondos p¨²blicos realizada en los ¨²ltimos a?os en la Comunidad Valenciana.
Algunas de estas causas ya han pasado a manos de los jueces. Como la etapa de Consuelo Ciscar al frente del IVAM o la de Sergio Blasco, sobrino del condenado Rafael Blasco, en el Hospital General de Valencia. Otros se encuentran en una fase anterior, como los sobrecostes en los colegios en los que incurri¨® la empresa p¨²blica Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Sociedad An¨®nima (Ciegsa). O la gesti¨®n de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que va a ser analizada por parte de una auditora externa despu¨¦s de que los nuevos responsables hayan encontrado irregularidades en el pago de cientos de horas extra en los ¨²ltimos siete meses.
Mientras se juzga Fitur, la ¨²nica gran pieza del caso G¨¹rtel que se ha quedado en Valencia, y se espera la sentencia de Terra M¨ªtica, el primero de los esc¨¢ndalos que afect¨® a la Administraci¨®n popular, en dos semanas se han abierto juicios orales contra cerca de 20 excargos p¨²blicos.
De un lado, contra el expresidente del puerto de Valencia, Rafael Aznar, y varios subordinados. Y del otro, contra tres exconsejeros y numerosos excargos intermedios de la Generalitat por la adjudicaci¨®n de contratos a dedo a la red de Francisco Correa. En este ¨²ltimo proceso se sentar¨¢ tambi¨¦n en el banquillo Vicente Farn¨®s, que sigue siendo, como Consuelo Ciscar, miembro del Consell Valenci¨¤ de Cultura.
Desde de que empez¨® 2016, adem¨¢s, han aumentado las detenciones en el caso Castellano, que toma el nombre de Seraf¨ªn Castellano, el que fuera delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, exconsejero y ex secretario general del PP regional. Se han iniciado las declaraciones en el caso Formula 1, en el que est¨¢ imputado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps.
Y la Fiscal¨ªa ha obtenido una pr¨®rroga para investigar los gastos de la exalcaldesa de Valencia Rita Barber¨¢, el conocido como Ritaleaks, que incluyen viajes de la exregidora y sus escoltas para ir a reuniones de su partido, y noches de hotel de hasta 700 euros. En total, 278.000 euros durante la pasada legislatura.
Existen adem¨¢s tres investigaciones de calado, alguna de ellas iniciada hace m¨¢s de un a?o, en las que se esperan novedades en los pr¨®ximos meses. Se trata de la investigaci¨®n sobre los sobrecostes en la construcci¨®n de la ampliaci¨®n de Feria Valencia, la realizada sobre la gesti¨®n del Palau de les Arts y la que afecta a la Diputaci¨®n de Valencia y a su expresidente, Alfonso Rus.
La Generalitat como acusaci¨®n
Una novedad en los casos de supuesta corrupci¨®n es la decisi¨®n del Consell de personarse como acusaci¨®n en las causas judiciales. Lo ha anunciado esta semana respecto al caso del IVAM. Y lo est¨¢ ejecutando en otros procedimientos como el de la F¨®rmula 1, el del instituto tecnol¨®gico Aido y las subvenciones a la patronal de las escuelas concertadas.
"A diferencia de otras ¨¦pocas, desde la Abogac¨ªa de la Generalitat no vamos a dudar en seguir personados para reclamar lo que es de todos los ciudadanos y que fue a parar al bolsillo de unos pocos", ha afirmado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
La Generalitat ya estaba personada en algunas causas de corrupci¨®n, como los casos Cooperaci¨®n, Emarsa o N¨®os, aunque en este ¨²ltimo caso solo ejerce acciones civiles, no penales. La diferencia ahora es que ahora la entrada en las causas judiciales se plantea de forma sistem¨¢tica en aquellos casos en los que haya indicios de desaparici¨®n de fondos p¨²blicos.
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