La ANC busca tranquilizar a los funcionarios que temen represalias legales por la secesi¨®n

La Asamblea Nacional Catalana?quiere tranquilizar a los trabajadores p¨²blicos que tienen dudas sobre la legalidad de las normas que contempla el proceso independentista. La entidad ha lanzado este jueves, el mismo d¨ªa en que se ha conocido que la Audiencia Nacional le investiga por promover mociones a favor de la independencia, el mensaje de que el c¨®digo penal espa?ol no acoge penas por el delito de secesionismo si no hay casos de violencia. As¨ª lo he defendido Joan Ant¨®n Font, autor de un informe que est¨¢ preparando la plataforma que mantiene que ning¨²n funcionario p¨²blico ser¨¢ condenado por la consulta impugnada por el Tribunal Constitucional del 9-N de 2014. Seg¨²n la interpretaci¨®n de la ANC, ni el delito de secesionismo, ni el de rebeli¨®n, se podr¨¢n aplicar a ning¨²n trabajador de la administraci¨®n porque no se han dado ¡°tumultos ni revueltas violentas¡±.

"El derecho penal espa?ol no ha tipificado como delito el hecho de que una parte de su territorio se quiera independizar y que los funcionarios lo hagan posible", ha explicado Font, que es secretario general del Ayuntamiento de Tarragona y pertenece a la rama sectorial de secretarios, interventores y tesoreros de la ANC. En realidad, Font a?ade el matiz de que ning¨²n punto del c¨®digo penal ¡ªcomo el de sedici¨®n, o rebeli¨®n¡ª se ajusta a lo que ha pasado hasta ahora en Catalu?a porque no ha habido violencia. La entidad busca calmar al sector de trabajadores p¨²blicos que se han visto involucrados en actos como la consulta de 2014 y tambi¨¦n ante las futuras leyes de desconexi¨®n que ya han empezado a tramitarse y que tendr¨¢n que ser aplicadas por los funcionarios en alg¨²n momento.

El informe, ¡ªque a¨²n no ha hecho p¨²blico¡ª, analiza seg¨²n su autor la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional sobre los delitos de sedici¨®n, traici¨®n y rebeli¨®n hasta hoy. "No hemos a?adido ning¨²n punto de interpretaci¨®n que no hayan hecho esas instancias", ha asegurado Font. Esta interpretaci¨®n a?ade que "si los legisladores hacen sus deberes", es decir, si dictan normas concretas para llevar a cabo la "desconexi¨®n" desde el Parlament, ning¨²n funcionario podr¨¢ ser condenado si las acata, solo "si act¨²a por libre", insiste Font. En lo que no ha entrado es que esas normas ser¨¢n anuladas probablemente por la intenci¨®n del Gobierno central de recurrir todos los pasos del proceso independentista.

La ANC dice que tampoco los autores de las ¨®rdenes podr¨¢n ser condenados por desobediencia porque esta figura va dirigida a cargos concretos "y no podr¨¢n ir contra miles de personas que ejercen esta funci¨®n", ha a?adido. El mensaje que le lanza a los trabajadores p¨²blicos la entidad, pensando sobre todo en Mossos d'Esquadra, es que en caso de un conflicto de leyes ¡ªo catalana, o espa?ola¡ª los funcionarios siempre est¨¢n amparados en las "competencias" de la legalidad catalana.

En este sentido, seg¨²n la ANC, abogac¨ªa del estado ¡°se est¨¢ rasgando las vestiduras¡± al no encontrar la manera de condenar a ninguno de los procesados por la consulta del 9-N: el expresidente Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau.