Socialistas y Comprom¨ªs exigen la destituci¨®n del jefe policial valenciano

Los socialistas y Comprom¨ªs han exigido este jueves la destituci¨®n del nuevo jefe superior de Polic¨ªa de la Comunidad Valenciana, Jos¨¦ Javier Cuasante, nombrado hace unos d¨ªas por el Ministerio del Interior, al que acusan de haber retrasado la investigaci¨®n de casos de corrupci¨®n que afectan al PP durante su etapa como mando en Alicante, como public¨® este mi¨¦rcoles Eldiario.es.

"No deja de ser sospechoso que con estos antecedentes se realice este nombramiento, m¨¢s si cabe en una comunidad como la nuestra donde la corrupci¨®n forma parte del d¨ªa a d¨ªa y donde la diligencia del trabajo de la polic¨ªa es fundamental para aclarar todos estos procesos", ha afirmado la diputada auton¨®mica socialista Ana Barcel¨®. Comprom¨ªs ha anunciado, por medio de su portavoz en el Parlamento auton¨®mico, Fran Ferri, que pedir¨¢ al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que rectifique.

Cuasante accedi¨® al cargo de jefe policial de la provincia de Alicante en febrero de 2014. Un a?o m¨¢s tarde, el Consejo General del Poder Judicial tuvo que intervenir exigiendo a la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa que eliminase los "obst¨¢culos" que imped¨ªan al juez del caso Brugal recibir un informe que hab¨ªa exigido ya tres a?os antes. El informe se refer¨ªa a unos registros practicados en el a?o 2010.

El caso Brugal es el gran proceso sobre corrupci¨®n en el urbanismo y la gesti¨®n de las basuras de Alicante. En ¨¦l est¨¢n imputadas decenas de personas, incluidos los dos ¨²ltimos alcaldes populares, Sonia Castedo y Luis D¨ªaz Alperi, el expresidente de la Diputaci¨®n y del PP en la provincia Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll ¡ªque se enfrenta a una petici¨®n del fiscal de 16 a?os de c¨¢rcel¡ª, numerosos excargos p¨²blicos y el constructor Enrique Ortiz.

Las quejas del juez instructor en Alicante de Brugal, y de la juez de Orihuela que indagaba otra ramificaci¨®n de la presunta trama de las basuras no son las ¨²nicas que se han elevado contra Cuasante. Tambi¨¦n se han producido quejas sindicales en el seno de la polic¨ªa y, en julio de 2014, este peri¨®dico inform¨® de la decisi¨®n de Cuasante de reducir hasta un 15% la plantilla de la Brigada de la Polic¨ªa Judicial de la provincia de Alicante y destinarlos a tareas de seguridad ciudadana.

A esta brigada pertenece, entre otras unidades, la de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF), encargada de elaborar los informes para los jueces del caso Brugal.

Fuentes judiciales y de la fiscal¨ªa vienen manifestando en los ¨²ltimos a?os su malestar por decisiones tomadas por altos mandos policiales, especialmente en Alicante, ya que desde su punto de vista no han contribuido a mejorar la eficacia de las unidades dedicadas a investigar la corrupci¨®n, sino a sobrecargarlos con otro tipo de tareas.

Hace tiempo que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n solicita la intervenci¨®n de unidades especializadas directamente en Madrid, como la UDEF o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para evitar filtraciones como las que jueces y fiscales creen que se produjo en el caso Blasco. Los miembros de la trama que malvers¨® los fondos de cooperaci¨®n al desarrollo, dirigida por el exconsejero Rafael Blasco, habr¨ªan sido advertidos de la inminencia de la operaci¨®n policial que llev¨® a su desarticulaci¨®n, seg¨²n se desprende de una de las conversaciones pinchadas por la polic¨ªa.

La diputada socialista Barcel¨® ha vinculado a Cuasante con el ex n¨²mero dos de la Generalitat y expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, que tambi¨¦n fue director general de la Polic¨ªa y se halla imputado en el caso G¨¹rtel, en la pieza sobre la visita del Papa. Comprom¨ªs lo ha relacionado tambi¨¦n con el ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y ex secretario general del PP provincial Seraf¨ªn Castellano, detenido el a?o pasado e imputado en el caso sobre la llamada trama del fuego.

"Se trata de una serie de coincidencias que no parecen casualidades y que apuntan directamente a que este nombramiento responde a intereses partidistas y que en ning¨²n caso buscar premiar la profesionalidad y diligencia en el cargo", ha dicho Barcel¨®. "Creemos que un Gobierno en funciones como el que hay hoy por hoy en Madrid no deber¨ªa hacer este tipo de nombramientos, y menos de personas con una trayectoria tan sospechosa".