La juez pide al Supremo que acredite el aforamiento del diputado Clavell

La defensa aleg¨® falta de competencia sobrevenida del juzgado de Nules en febrero de 2016, con la causa ya preparada para enjuiciar al exalcalde de La Vall d'Uix¨® por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude y exacciones ilegales. Clavell solicita que la investigaci¨®n sea remitida al Supremo por su condici¨®n de aforado

?scar Clavell, exalcalde de La Vall d'Uix¨® y diputado en el Congreso por el Partido Popular, asegur¨® que dejar¨ªa el acta si se abr¨ªa juicio oral contra ¨¦l en la causa que instruye el juzgado de Nules. No obstante, la magistrada que ha instruido la causa, Laura Alam¨¢n, no tiene competencias para hacerlo porque es aforado.

En este sentido, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Nules ha remitido un oficio al Tribunal Supremo para que certifique el aforamiento del diputado popular ya que es el ¨²nico competente para investigarle y, en su caso, enjuiciarle.

Esta petici¨®n se enmarca en el procedimiento de leg¨ªtima defensa iniciado por los letrados del ex primer edil, quienes presentaron un recurso alegando la competencia sobrevenida del juzgado de Nules, precisamente por su aforamiento. ?scar Clavell fue incluido como n¨²mero dos en las listas del Partido Popular en Castell¨®n, a pesar de que ya estaba siendo investigado por esta causa.

En este recurso, la defensa del parlamentario solicita que la investigaci¨®n sea remitida al Tribunal Supremo. Por su parte, la magistrada dio por concluida la instrucci¨®n a principios de febrero y dej¨® la causa preparada para juzgar a Clavell por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude y exacciones ilegales.

Finalizada la instrucci¨®n, la juez de Nules aprecia indicios de delito en las actuaciones de Clavell como alcalde accidental de La Vall d'Uix¨® entre diciembre y enero de 2011 cuando autoriz¨® el pago de casi 707.000 euros a la empresa Secopsa, encargada del servicio de limpieza y basuras, ¡°pese a los defectos en las facturas y pese a la oposici¨®n de los funcionarios correspondientes¡±, seg¨²n se desprende del auto. As¨ª mismo, la magistrada considera que el ahora diputado hizo los pagos ¡°pese a que la responsable t¨¦cnico de la ejecuci¨®n del servicio¡± le advirti¨® de que este ¡°no se estaba ejecutando correctamente¡±.

El Partido Popular y su presidenta en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, respaldan la argumentaci¨®n de Clavell y convalidan la decisi¨®n de abandonar la condici¨®n de diputado cuando se abra juicio oral, si es que as¨ª lo determina el Tribunal Supremo. De hecho, Clavell accedi¨® a la alcald¨ªa de Vall d¡¯Uix¨® en sustituci¨®n de Isabel Bonig, quien tras ganar las elecciones en 2011 dej¨® la alcald¨ªa para ocupar la Consejer¨ªa de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en el Consell de Francisco Camps.

Nueva investigaci¨®n

La Fiscal¨ªa ha admitido a tr¨¢mite una denuncia contra el diputado del Partido Popular por la provincia de Castell¨®n, ?scar Clavell, al apreciar un posible delito de prevaricaci¨®n administrativa en un decreto de concesi¨®n de licencia urban¨ªstica. El diputado en el Congreso era alcalde de La Vall d'Uix¨® , autoriz¨® la licencia de obra con dos informes desfavorables de los servicios t¨¦cnicos y pidi¨® que se ejecutara con la mayor brevedad posible. Clavell firm¨® el decreto el 12 de junio de 2015, un d¨ªa antes de la constituci¨®n de los ayuntamientos tras las elecciones municipales de mayo y de ceder la vara de mando a la socialista Tania Ba?os.

El exprimer edil vallero manifest¨® ante esta nueva causa abierta por la Fiscal¨ªa de Castell¨®n que ¡°la infracci¨®n era una cuesti¨®n insignificante; adem¨¢s, posteriormente el equipo de gobierno ya concedi¨® la licencia de ocupaci¨®n y se archiv¨® el expediente de legalidad urban¨ªstica¡±. ?scar Clavell asegura desconocer a la persona beneficiada con la modificaci¨®n de la licencia de obra.

Por lo que respecta a la concesi¨®n, la Fiscal¨ªa aprecia que la modificaci¨®n aprobada en contra de los informes t¨¦cnicos carece de ¡°toda justificaci¨®n objetiva y/o razonable¡±, por lo que puede suponer responsabilidades penales. Es en esta falta de fundamento en la concesi¨®n en la que el Ministerio P¨²blico observa que podr¨ªa darse el delito de prevaricaci¨®n administrativa.