El Ministerio Cultura lleva cinco meses sin atender a la juez del IVAM

El Consejo General del Poder Judicial ha dado amparo a la magistrada del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 21 de Valencia que investiga el caso IVAM, un procedimiento abierto por los supuestos delitos malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, falsedad documental y prevaricaci¨®n en la etapa en que Consuelo Ciscar, una de las imputadas, fue la directora del museo. El Poder Judicial ha reclamado al Ministerio de Cultura que colabore con la instructora despu¨¦s de que este haya pasado cinco meses sin contestarle.

La juez solicit¨® en noviembre a la direcci¨®n general de Bellas Artes un informe sobre la valoraci¨®n de una decena de obras del IVAM al sospechar que se compraron con un abultado sobrecoste. Al no obtener contestaci¨®n, la magistrada reiter¨® la petici¨®n en enero y marzo manifestando que se trataba de un asunto urgente. Pese a ello, el Ministerio de Cultura ha guardado silencio, seg¨²n ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La magistrada solicit¨® ayuda al Poder Judicial, advirtiendo que la no recepci¨®n del informe manten¨ªa paralizada la causa en la que adem¨¢s de Ciscar est¨¢n imputados ¡ªinvestigados, seg¨²n la nueva terminolog¨ªa judicial¡ª otras cinco personas, entre ellas exresponsables del IVAM y un empresario. La instructora utiliz¨® para ello el cauce de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupci¨®n.

El Poder Judicial acord¨® dirigirse al Ministerio de Cultura "para que se remuevan los obst¨¢culos que impiden el cumplimiento del mandato judicial efectuado por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 21 a la Junta de Calificaci¨®n, Valoraci¨®n y Exportaci¨®n de Bienes del Patrimonio Hist¨®rico, consistente en efectuar un informe sobre la valoraci¨®n de 13 obras adquiridas por el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)".

La juez ha expresado a lo largo del procedimiento que existen indicios de que se cometieron delitos "tanto en la adquisici¨®n de obras de arte como en la contrataci¨®n de publicaciones". El museo habr¨ªa pagado "importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respond¨ªan a este valor", lo que implic¨® un "claro lucro para terceros" y un "evidente perjuicio para los fondos p¨²blicos".

"Lamentables condiciones"

El Poder Judicial tambi¨¦n ha acogido otra reclamaci¨®n de la juez, en la que alertaba de las "lamentables condiciones" en las que se ve obligada a realizar su trabajo, as¨ª como la falta de medios que padece, al igual que la letrada de la Administraci¨®n de Justicia. Carecen de despacho y se ubican en una sala sin enchufes, ventilaci¨®n, peque?a, sin aclimataci¨®n y sin apenas muebles donde dejar los 30 tomos que acumula ya el sumario del caso.

El Consejo del Poder Judicial se dirige en este caso a la Consejer¨ªa de Justicia, responsable de las instalaciones judiciales en la comunidad aut¨®noma, y reclama que se atiendan las demandas de la instructora, entre las que tambi¨¦n figura un programa inform¨¢tico de transcripci¨®n de declaraciones documentadas digitalmente mediante la grabaci¨®n de la imagen y el sonido.

En las ¨²ltimas semanas se han conocido otros casos de desatenci¨®n de peticiones realizadas por los jueces valencianos. Uno de ellos fue la petici¨®n realizada por una juez de Valencia para que el Senado le confirmara la condici¨®n de parlamentaria, y por tanto de aforada ante el Tribunal Supremo de la exalcaldesa de Valencia Rita Barber¨¢.

Se trata de la causa en la que se investiga un posible delito de desobediencia por parte de Barber¨¢ al negarse a retirar s¨ªmbolos y distinciones a personajes del r¨¦gimen franquista en aplicaci¨®n de la Ley de Memoria Hist¨®rica.

El segundo caso ha sido el de Jacobo Pin, el del juez de Nules que envi¨® al banquillo al expresidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n Carlos Fabra. El magistrado solicit¨® en septiembre a la Consejer¨ªa de Justicia y Administraci¨®n P¨²blica en la que ped¨ªa el nombramiento de un funcionario de apoyo con experiencia, un programa de transcripci¨®n de declaraciones, un sistema de videograbaci¨®n y un esc¨¢ner. Pin ha solicitado los recursos para la investigaci¨®n del caso por supuesto fraude en los cursos de formaci¨®n que afecta a la patronal de Castell¨®n, la CEC.