Raro, demasiado raro

Manos Limpias era un sindicato raro, muy raro. Los sindicatos se dedican a la defensa de los derechos de los trabajadores. Manos Limpias s¨®lo era conocido por ejercer la acci¨®n popular en el proceso penal. Demasiado raro, no pod¨ªa ser verdad, algo se ocultaba. Al final empieza a destaparse el pastel.

Hay que respetar el principio procesal de presunci¨®n de inocencia, es decir, la garant¨ªa de que nadie es culpable hasta que, mediante la valoraci¨®n razonada de las pruebas en un proceso, el juez declare en sentencia firme la culpabilidad. Un principio, por cierto, que refleja bien ciertos valores morales en la configuraci¨®n del Estado de derecho: respeto al otro, tolerancia, prudencia, verdad, raz¨®n.

Una vez sentado este principio, todos los indicios parecen apuntar, en este caso, a la culpabilidad de los detenidos. Previsiblemente del proceso resultar¨¢ que Manos Limpias era un sindicato instrumental para la comisi¨®n de delitos y que su socio Ausbanc, en principio una asociaci¨®n en defensa de los consumidores de banca, se desviaba de su altruista finalidad para colaborar en los manejos que practicaba el sindicato tapadera. En conclusi¨®n, un feo asunto, sucio e inmoral, de extorsi¨®n y chantaje, al amparo de nobles objetivos como son la defensa de los derechos de los trabajadores y de los consumidores.

Sin duda, dar¨¢ para mucho y las primeras investigaciones auguran que traer¨¢ una larga cola. Por el momento, dos breves apuntes. El primero sobre el instrumento procesal utilizado: la acci¨®n popular. Se trata de un muy cuestionable derecho reconocido en el art¨ªculo 125 de la Constituci¨®n. En efecto, los sujetos de la acci¨®n penal, es decir, de aquellos que pretenden que se declare la responsabilidad de una persona por su participaci¨®n en un presunto delito, son el Ministerio Fiscal, que defiende el inter¨¦s p¨²blico, la acusaci¨®n particular, que defiende el inter¨¦s del ofendido por el delito concreto, y la acci¨®n popular, que puede ser ejercitada por todo ciudadano que se considere perjudicado por dicho delito. Es decir, el Fiscal act¨²a en defensa del orden jur¨ªdico, la acusaci¨®n particular en defensa propia y la acci¨®n popular en defensa de un gen¨¦rico pueblo afectado.

La defensa propia tiene una funci¨®n claramente distinta a las otras dos. Pero cabe preguntarse si en una democracia los intereses del pueblo no est¨¢n suficientemente defendidos por el Estado, es decir, por el orden jur¨ªdico, por las leyes. El hecho de que en ning¨²n pa¨ªs europeo se contemple la acci¨®n popular, sino que basta la figura del Ministerio Fiscal para ejercer la acusaci¨®n p¨²blica, da que pensar. Muy probablemente se trata de una instituci¨®n preliberal y populista, con cierto arraigo en la tradici¨®n espa?ola, pero incoherente dentro de una democracia porque duplica, con menores garant¨ªas, la funci¨®n que desempe?a el Ministerio Fiscal. A la vista est¨¢ en el caso que comentamos.

El segundo apunte pretende hacer algunas consideraciones m¨¢s concretas. En este caso, dej¨¦moslo claro, no estamos hablando de pol¨ªticos corruptos sino de particulares, pues no hay partidos de por en medio, ni cargos p¨²blicos, al menos de momento. Por tanto, se trata de corrupci¨®n en la sociedad, no en la pol¨ªtica. Pues bien, probablemente, lo que m¨¢s nos debe escandalizar en este caso no son los detenidos sino quienes pagaban, quienes se dejaban extorsionar, los cobardes que no los denunciaban. A veces nos quejamos de la corrupci¨®n pol¨ªtica pero practicamos peque?as corrupciones privadas o no denunciamos las pol¨ªticas cuando nos enteramos de ellas, lo cual es una forma de colaborar en que proliferen.

Aqu¨ª es de justicia hacer un peque?o homenaje al Banco de Sabadell y a Miquel Roca Junyent quienes, adem¨¢s de denunciar a la polic¨ªa los manejos del falso sindicato y la falsa asociaci¨®n de consumidores, se prestaron a tenderles una trampa para as¨ª obtener pruebas fehacientes de sus delictivas actividades. Las Fuerzas de Seguridad y la Audiencia Nacional estaban, por lo visto, sobre la pista, pero esta contribuci¨®n privada fue decisiva para obtener una prueba de cargo.

Adem¨¢s, cada d¨ªa que pasa es m¨¢s evidente la importancia de la UDEF, unidad operativa de la polic¨ªa para delitos econ¨®micos y fiscales, creada en 2008 durante el gobierno Zapatero. ?C¨®mo han cambiado las cosas desde entonces! No s¨¦ si hay m¨¢s o menos corrupci¨®n, aunque pienso m¨¢s en lo segundo, pero en todo caso ahora se persigue de manera inteligente. Y la UDEF es clave.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.