Salvados por la ley antidesahucios
Mar¨ªa ?ngeles y Manuel atestiguan la utilidad de la norma que Rajoy sopesa recurrir hoy ante el Constitucional
Mar¨ªa ?ngeles S¨¢nchez y Manuel Navarro viven en sitios diferentes ¡ªRipoll (Ripoll¨¨s) y Palafolls (Maresme)¡ª pero tienen dos puntos en com¨²n. Ambos han pasado su vida entre hornos y harina y, gracias a la ley catalana 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energ¨¦tica, han podido mantener un techo y garantizar los suministros pese a su precaria situaci¨®n econ¨®mica. Le piden al Gobierno en funciones que no apruebe hoy su impugnaci¨®n de la norma ante el Tribunal Constitucional (TC).
S¨¢nchez, de 53 a?os, ten¨ªa una panader¨ªa en un pol¨ªgono industrial en Ripoll. Hace 12 a?os compr¨® un piso con su pareja, ya fallecido, y en plena burbuja inmobiliaria adquiri¨® otro para su hijo, por unos 200.000 euros. Puso la primera residencia como aval. El mundo le sonre¨ªa como a tantas familias de clase media emergente justo antes de la crisis. Los talleres y f¨¢bricas del pol¨ªgono comenzaron a bajar las persianas y los clientes de S¨¢nchez, a irse.
¡°Iba tirando como pod¨ªa. Dej¨¦ de pagar mi piso y me dediqu¨¦ a la hipoteca de mi hijo. Me mataba el remordimiento de dejarle la deuda¡±, cuenta la mujer en su panader¨ªa. Hace dos a?os llegaron las notificaciones judiciales del proceso de desahucio instado por BBVA y comenz¨® el calvario. Busc¨® ayuda en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). ¡°Al principio pensaba que la gente estaba peor que yo y me sent¨ªa mal. Ahora se han convertido en una familia¡±, explica.
¡°El martes lleg¨® la carta del alquiler social. Ya no s¨¦ qu¨¦ pasar¨¢¡±, dice Mar¨ªa
Gracias a la asesor¨ªa de la PAH, invocando la ley 24, logr¨® la daci¨®n en pago del piso de su hijo, aunque les queda una deuda de 5.000 euros. Tambi¨¦n le han aceptado la de su propia casa. El martes pasado le lleg¨® una carta del banco donde le dicen que le han concedido un alquiler social de 19 euros al mes por tres a?os. Tiene 15 d¨ªas para entregar un certificado de vulnerabilidad para hacer efectiva la ayuda. ¡°Si hoy tumban la ley, ?qu¨¦ pasar¨¢?¡±, se pregunta.
En Palafolls, Manuel Navarro y su esposa cuidan de cuatro nietos y un hijo. Eran pasteleros y, tras 30 a?os, en diciembre decidieron cerrar. Los asfixiaban las deudas con la seguridad social, los impuesto... y la hipoteca de su casa. ¡°Ahora vivimos de una pensi¨®n de invalidez 567 euros¡±, explica el hombre, de 58 a?os.
En febrero pasado, decidi¨® ir a los Servicios Sociales a pedir ayuda para pagar las facturas de la luz y el agua. ¡°Me dijeron que no me preocupara. Pero hace dos semanas Gas Natural cort¨® el servicio porque deb¨ªa 303 euros desde diciembre¡±, recuerda Navarro. La familia contact¨® con la PAH y uno de sus activistas lo acompa?¨® a la oficina de la suministradora.
¡°Tuvimos que explicarle la ley a los de Gas Natural¡±, dice Manuel
¡°Tuvimos que explicarle la ley a la se?orita que nos atendi¨®. No hab¨ªan aplicado el principio de precauci¨®n¡±, explica Navarro. La norma establece que las empresas deben informar a los Ayuntamientos antes de hacer un corte para asegurarse de que no se trata de una familia vulnerable. ¡°Estuvimos 51 horas sin servicio. Es muy duro explicarle a tus nietos que no puedes pagar los recibos porque no tienes con qu¨¦ a pese a haber trabajado toda tu vida¡±, se queja el hombre.
La PAH y la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE), ambas promotoras de la Iniciativa de Legislaci¨®n Popular que dio origen a la ley, defienden su efectividad. ¡°No es papel mojado: se est¨¢ aplicando y funciona. ?En qu¨¦ situaci¨®n va a dejar a las familias si se suspende?¡±, sostiene Maria Campuzano, portavoz de APE. ¡°La ley le sienta mal a algunos gobernantes porque implica recortar los beneficios de la banca y de las suministradoras¡±, agrega Carlos Mac¨ªas, de la PAH.
Cuantitativamente hablando es dif¨ªcil determinar el impacto de la ley. La Generalitat asegura que ha evitado el corte a 32.914 clientes en el ¨²ltimo a?o. Sin embargo, solo ha pagado las facturas de 3.770, para lo que dedic¨® 1,1 millones de euros, lo cual describe la paquid¨¦rmica deuda a la que se enfrentar¨¢ el Gobierno catal¨¢n. A¨²n no se ha logrado que las empresas den ayudas a fondo perdido a pesar de a?os de conversaciones. Consumo tiene 96 denuncias por cortes indebidos. El reglamento que regula el sobreendeudamiento est¨¢ en exposici¨®n p¨²blica, tambi¨¦n a la espera de lo que pase hoy en el Consejo de Ministros. El Gobierno cree que la ley vulnera los intereses privados y que ya existe un m¨¦todo de cobertura, el bono social. Una ayuda que hasta Endesa critica por ineficiente.
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