V¨ªa de agua en el Estatuto valenciano
Partidos e instituciones se movilizan ante la sentencia del Constitucional que cercena el desarrollo del derecho foral
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula la ley valenciana de R¨¦gimen Matrimonial ha abierto una v¨ªa de agua en el Estatuto de Autonom¨ªa. El fallo del alto tribunal no solo invalida, ¨ªntegramente, una ley que consagraba, entre otras cosas, la separaci¨®n de bienes en los nuevos matrimonios. Tambi¨¦n cercena la posibilidad de la Comunidad Valenciana de desarrollar su propio derecho civil pese a que la competencia se incluy¨®, sin ninguna oposici¨®n, en la reforma del Estatut de 2006.
La decisi¨®n del Constitucional, que previsiblemente tambi¨¦n anular¨¢ otras dos leyes basadas en el derecho civil valenciano, la de Custodia compartida y la de Uniones de hecho, ha movilizado al Consell y a los principales partidos, que hasta la fecha no han sido capaces de convencer a los sucesivos Gobiernos presididos por Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y Mariano Rajoy de que retirasen los recursos interpuestos contra las leyes que desarrollan el derecho foral. El Ejecutivo presidido por el socialista Ximo Puig aprob¨® el pasado d¨ªa 13 una declaraci¨®n institucional en la que "acata la sentencia del Constitucional pero manifiesta su m¨¢s profunda discrepancia" con el fallo. El Consell considera que "es de extrema gravedad ignorar las competencias en materia de derecho hist¨®rico civil introducidas en la reforma del Estatut el a?o 2006" y considera que se produce "un agravio comparativo con otras comunidades aut¨®nomas a las que s¨ª se han reconocido las competencias para legislar sobre su derecho civil propio".
El derecho civil valenciano, uno de los mayores de Europa hasta el decreto de Nueva Planta de 1707, lleg¨® a recopilar m¨¢s de 5.000 fueros. Sin embargo, su sustituci¨®n por el derecho civil castellano no logr¨® acabar con buena parte de las costumbres forales que, igual que en otras regiones de Espa?a, siguieron vigentes. De hecho, durante el franquismo se realizaron distintas compilaciones de derecho foral en Espa?a, pero no en la Comunidad Valenciana. La Constituci¨®n de 1978 reconoci¨® el derecho a autonom¨ªas como Galicia, Navarra, Catalu?a o Arag¨®n, que ya ten¨ªan compilaciones de derecho foral, a legislar en materia de derecho civil pero no a las que carec¨ªan de compilaci¨®n. La situaci¨®n cre¨® una situaci¨®n de agravio en la Comunidad Valenciana ¡ªque se vislumbr¨® pronto con la ley valenciana de arrendamientos hist¨®ricos de 1983¡ª, que se intent¨® reparar en la reforma del Estatut d'Autonom¨ªa de 2006. Sin embargo, el Tribunal Constitucional vuelve a limitar la competencia legislativa valenciana al otorgar la raz¨®n al Gobierno que sostiene que "las comunidades aut¨®nomas sin derecho foral compilado solo tienen competencia para legislar las costumbres derivadas de los antiguos fueros que hayan subsistido", lo que retrotrae de nuevo la situaci¨®n a la d¨¦cada de los ochenta.
Los principales partidos, con la excepci¨®n de Ciudadanos, est¨¢n de acuerdo en la necesidad de recuperar la competencia sobre el derecho foral, aunque discrepan en la estrategia para superar las dificultades de la sentencia del Tribunal Constitucional y en los contenidos que deber¨ªa regular el Parlamento.
Las complejas leyes forales
El derecho civil regula buena parte de la vida de los ciudadanos desde su nacimiento hasta su muerte. El fallo del Tribunal Constitucional acota, en la pr¨¢ctica, la posibilidad del Parlamento valenciano de legislar en este ¨¢mbito con la excepci¨®n de aquellas cuestiones relacionadas con el mundo rural donde se mantuvieron ciertas pr¨¢cticas pese a la introducci¨®n del derecho castellano.
El Partido Popular impuls¨® el desarrollo del derecho foral valenciano con cuatro leyes, no exentas de pol¨¦mica porque hay juristas que consideran que el actual C¨®digo Civil castellano es m¨¢s avanzado y est¨¢ m¨¢s adecuado a la realidad social de lo que lo pueda estar el recuperado derecho valenciano.? La ley de R¨¦gimen Econ¨®mico Matrimonial, anulada ¨ªntegramente por el Tribunal Constitucional tuvo como principal novedad la sustituci¨®n del r¨¦gimen de gananciales por el de separaci¨®n de bienes en los nuevos matrimonios. Aunque tambi¨¦n incluy¨® otras medidas relacionadas con la protecci¨®n de las mujeres maltratadas.
Sin embargo, la m¨¢s pol¨¦mica de todas es la conocida como ley de Custodia compartida que establece como preferente, cuando no haya acuerdo, que los dos progenitores se repartan la potestad sobre los hijos menores. La ley, que cont¨® con el apoyo del PP y Comprom¨ªs pero no del PSPV, es cuestionada por distintos colectivos de mujeres. Estos consideran que la ley ha provocado un aumento de la litigiosidad y ha complicado la situaci¨®n de las mujeres agredidas por sus compa?eros. Unos maltratadores que convierten la custodia compartida en una forma de venganza o en un sistema de control sobre sus v¨ªctimas. Estos colectivos reclaman la derogaci¨®n de la ley, que ha sido apoyada por otros grupos partidarios de la custodia compartida, y piden la vuelta a la regulaci¨®n estatal que prima que la custodia sea para la mujer. En la Comunidad Valenciana se calcula que hay cerca de 25.000 personas afectadas por la ley auton¨®mica.
La tercera ley, tambi¨¦n recurrida al Constitucional, es la que regula las uniones de hecho. Socialistas, Comprom¨ªs y Podemos est¨¢n de acuerdo en tramitar una reforma para permitir que las parejas registradas puedan adoptar o acoger menores, independientemente del sexo de las personas que conformen la uni¨®n. Sin embargo, el recurso al alto tribunal podr¨ªa anular la ley antes de ser modificada.
Junto a estas, el PP impuls¨® la aprobaci¨®n de una ley de sucesiones que qued¨® en la cuneta por los enormes problemas que generaba su aplicaci¨®n y que fue duramente cuestionada por notarios y registradores.
La ¨²nica de las leyes que desarrollan el derecho foral valenciano que no ha sido recurrida es la nueva ley de Contratos agrarios, aprobada en 2013, que regula las figuras tradicionales de compraventa en el campo valenciano y las adapta la realidad actual.
Las posiciones de los partidos
Para el socialista Manolo Mata, "avanzar en el Estado federal exige que el derecho civil sea competencia de las comunidades aut¨®nomas", pero siempre y cuando se garantice la igualdad entre los espa?oles y de capacidad normativa. "En la actual situaci¨®n es imposible sin una reforma constitucional", asegura.
La diputada del PP Mar¨ªa Jos¨¦ Ferrer San Segundo, propuso esta misma semana una iniciativa parlamentaria para crear una comisi¨®n en las Cortes que trabajase para elaborar una proposici¨®n de ley que se presentar¨ªa en el Congreso con el objetivo de lograr por esta v¨ªa la competencia para legislar sobre derecho foral. La parlamentaria popular propon¨ªa tambi¨¦n que se solicitase la comisi¨®n bilateral Estado-Comunidad Valenciana para avanzar en paralelo. La iniciativa fue rechazada.
"La idea fundamental de mi propuesta era la de no resignarse", explica Ferrer. "El PP de la Comunidad Valenciana ha liderado la recuperaci¨®n del derecho civil valenciano y el Consell ha estado un a?o sin hacer nada", afirma la parlamentaria, que considera que los partidos que sustentan al Consell divergen sobre la recuperaci¨®n del derecho foral.
Para Fabiola Meco, de Podemos, "la reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha dejado pocos resquicios" y es necesario un cambio en la Constituci¨®n si la Comunidad Valenciana quiere desarrollar su derecho foral. "La iniciativa del PP es un brindis al sol", asegura, "porque el Congreso no ha aprobado ni un 1% de las proposiciones de ley que remiten los Parlamentos auton¨®micos".
Isaura Navarro, de Comprom¨ªs, cree que la soluci¨®n para superar la sentencia del Constitucional est¨¢ en un cambio de Gobierno. "Lo que debemos hacer es ganar las elecciones y tener un Gobierno que nos respete", asegura la diputada de Comprom¨ªs, que cree que lo que tendr¨ªa que hacer el Ejecutivo estatal es no recurrir las leyes valencianas, tal y como hace con las de otros territorios. "Es una decisi¨®n pol¨ªtica", sentencia, para a?adir: "la soluci¨®n es una reforma constitucional y que no haya una persecuci¨®n de nuestras leyes".
Las discrepancias entre los partidos sobre la forma de recuperar la competencia sobre el derecho foral no han sido obst¨¢culo para que 74 ayuntamientos, entre los que figuran Valencia, Benidorm, La Vall d'Uix¨®, Gandia o Vila-real, entre otros, hayan aprobado mociones para reivindicar el derecho civil valenciano.
Fallo poco motivado
El presidente de la Associaci¨® de Juristes Valencians, Jos¨¦ Ram¨®n Chirivella, considera que el fallo del Constitucional "ha dejado moribundo" el derecho civil valenciano. "Es una sentencia decepcionante, poco motivada", explica Chirivella, que cuestiona que el alto tribunal admitiera el recurso del Gobierno contra el texto ¨ªntegro de la ley de R¨¦gimen Matrimonial a pesar de estar presentado fuera de plazo.
"El Constitucional tampoco ha tenido en cuenta la reforma del Estatut de 2006, que coloc¨® el derecho civil como uno de los rasgos identitarios de los valencianos", prosigue, "una ley que nadie recurri¨®". Chirivella lamenta tambi¨¦n que la sentencia hable de "costumbres reguladas", cuando se sabe que todas quedaron formalmente derogadas en 1707 y que durante la dictadura no se llegaron a realizar en la Comunidad Valenciana las compilaciones que s¨ª vieron la luz en otras regiones, algunas de ellas con un derecho foral menos desarrollado que el valenciano.
Respecto a la pol¨¦mica sobre el contenido de alguna de las leyes basadas en el derecho civil valenciano, Chirivella opina que las Cortes Valencianas siempre pueden modificar el contenido de las leyes, pero que lo que no deber¨ªa estar en discusi¨®n es la potestad de la Comunidad Valenciana para desarrollar su propio derecho foral, tal y como hacen otras autonom¨ªas como Galicia, Navarra o Arag¨®n.
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