El exconsejero Blasco quiere confesar para evitar m¨¢s prisi¨®n
El exdirigente valenciano est¨¢ en la c¨¢rcel por malversar ayudas al desarrollo
El exconsejero valenciano Rafael Blasco lleva un a?o y dos meses en la c¨¢rcel de Picassent por malversar, en 2008, fondos de la ayuda al desarrollo. Septuagenario y condenado a seis a?os y medio, Blasco quiere evitar que las dos piezas separadas del caso que siguen abiertas alarguen a¨²n m¨¢s su estancia en prisi¨®n. El exconsejero y el resto de imputados insisten en llegar a un acuerdo con las acusaciones: confesar los hechos a cambio de sentencias suaves que no impliquen c¨¢rcel o lo hagan en grados muy bajos. La Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusaci¨®n popular, plantea la principal oposici¨®n al acuerdo por considerar muy leves las penas que llevar¨ªa aparejadas tras el da?o provocado al sector de la cooperaci¨®n.
Sin el visto bueno de las ONG no se puede cerrar un acuerdo frente al que tambi¨¦n mantienen reservas, aunque no tan pronunciadas, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Abogac¨ªa de la Generalitat, que tienen muchos frentes abiertos en otras causas judiciales.
La coordinadora de ONG est¨¢ convencida de que existen pruebas suficientes para obtener nuevas condenas yendo a juicio. Un poderoso indicio de ello es un auto dictado por la juez instructora, al que ha tenido acceso este peri¨®dico, que concluye que las convocatorias de ayudas a la cooperaci¨®n valencianas de 2009, 2010 y 2011 tambi¨¦n fueron ¡°objeto de ama?o¡±. Y que la Consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa utiliz¨® una ¡°lista blanca-lista negra¡±.
Su aplicaci¨®n supuso excluir a determinadas ONG de las subvenciones pese a la calidad de sus proyectos. Y asegur¨® la entrega de fondos a organizaciones desconocidas en el sector y vinculadas a la red, aunque presentaban propuestas ¡°deficientes¡±.
Un ejemplo de ello, desentra?ado por la juez a trav¨¦s de los testimonios de los intervinientes y el an¨¢lisis de correos electr¨®nicos, fue el de la ONG Fudersa. Sus dos proyectos de ¡°desarrollo agr¨ªcola y empleo a la mujer¡± en Rep¨²blica Dominicana en 2009 fueron valorados por los t¨¦cnicos como ¡°insuficientes para ser subvencionados¡±. Pero la puntuaci¨®n fue hinchada despu¨¦s por la Generalitat ¡°sin que constase causa alguna¡± para ello, con el fin de que recibiera fondos, afirma la magistrada. Fudersa, que recibi¨® 1,9 millones en 2009, carec¨ªa de experiencia en la materia subvencionada, ¡°ten¨ªa una capacidad limitada tanto en medios materiales como humanos¡± y se hab¨ªa dedicado hasta entonces a ¡°recoger ropa, juguetes y medicamentos para remitirlos a Rep¨²blica Dominicana¡±.
La tesis de la investigaci¨®n es que el dinero recibido por las ONG vinculadas a la trama no se destin¨® a los proyectos, sino que fue repartido entre los escalones de la red.
El Tribunal Supremo consider¨® probado ese modo de actuar respecto a ayudas del a?o 2008. Y orden¨® el ingreso en prisi¨®n de Blasco y otras seis personas. El exconsejero fue descrito como director de la red formada por altos cargos de su departamento y responsables de entidades que funcionaban como ¡°chiringuitos¡± montados para obtener fondos de la Administraci¨®n.
Acusaciones y defensas creen que los hechos pendientes de juzgar pueden acarrear penas similares a las de la primera sentencia firme. De ah¨ª el deseo de la veintena de investigados por cerrar un acuerdo. Las penas de prisi¨®n planteadas en la propuesta que se ha negociado son m¨ªnimas o inexistentes. Las de inhabilitaci¨®n rondan en varios casos el a?o y medio. Y el pago de la responsabilidad civil por los fondos presuntamente malversados no est¨¢ garantizado.
Fuentes de las defensas lo justifican argumentando que el dinero p¨²blico, de haber sido realmente defraudado, se habr¨ªa gastado o invertido en bienes cuya reventa no cubrir¨ªa las cantidades originales.
Fuentes de la Coordinadora de ONGD aseguran que no se oponen a un acuerdo que d¨¦ por terminado el caso y deje negro sobre blanco lo que ocurri¨®. Aceptan que todo pacto de conformidad implica una rebaja en las penas, pero consideran que el acuerdo deber¨ªa ser en proporcionado a los hechos. Algo que en su opini¨®n no cumplen las ofertas puestas sobre la mesa.
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