El juez imputa a dos exdiputados socialistas y a uno del PP en Taula
A Rubio, Pardos y Enguix se les investiga en la pieza de las contrataciones de personal
El juez del caso Taula ha llamado en calidad de imputados a tres exdiputados en las Cortes Valencianas dentro de la pieza que investiga la supuesta contrataci¨®n irregular de personal en la empresa de la Diputaci¨®n de Valencia Impulso Econ¨®mico Local Sociedad An¨®nima (Imelsa). Se trata de los exparlamentarios socialistas Rafael Rubio y Ra¨²l Pardos, as¨ª como del popular Salvador Enguix, que han sido citados para el 7 de octubre.
El caso m¨¢s claro, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, parece la del exdiputado popular. Enguix certific¨® que una contratada por Imelsa hab¨ªa trabajado efectivamente en la empresa p¨²blica. Pero esta misma empleada ha declarado que nunca lo hizo.
En el caso de Rubio se le llama a declarar por la contrataci¨®n de dos personas que estuvieron en n¨®mina bajo la condici¨®n de asesoras, y los investigadores tratan de averiguar si fue o no as¨ª. En este caso no existe un desmentido rotundo por parte de las contratadas como sucede con Enguix.
Rubio, que ocupa un cargo en el Ayuntamiento de Valencia, dimitir¨¢ si contin¨²a como investigado despu¨¦s de declarar ante el juez instructor V¨ªctor G¨®mez, han indicado a Efe fuentes del grupo municipal socialista. El asunto ha sido abordado por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Sandra G¨®mez, con el alcalde Joan Rib¨®.
La pieza sobre los supuestos falsos contratados de Imelsa, en ocasiones personas que no realizaban ninguna labor o que la desarrollaban en cuestiones vinculadas con los partidos pero al margen de la Corporaci¨®n provincial, ha perdido fuerza desde que se inici¨®. Diversas personas que fueron imputadas inicialmente han acabado finalmente exculpadas por el juez.
La investigaci¨®n de esta pieza, en la que se investigan los supuestos delitos de malversaci¨®n, prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, falsedad y fraude en la contrataci¨®n, se basa en gran medida en las declaraciones efectuadas por el exgerente de Imelsa y ahora colaborador de la Fiscal¨ªa, Marcos Benavent.
El exgerente ha afirmado ante el juez que las contrataciones no respond¨ªan a necesidades de la empresa y que muchos de ellos no desempe?aban funci¨®n alguna en Imelsa. La entrada de estos trabajadores se habr¨ªa hecho, adem¨¢s, enmascaradas bajo ep¨ªgrafes como el de las brigadas provinciales dedicadas a la extinci¨®n de incendios.
El juez y el fiscal est¨¢n a la espera de que la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado presente un informe sobre las contrataciones y la forma de realizarlas antes de fijar una postura definitiva sobre el asunto. Los investigadores no descartan que los supuestos delitos queden en meras irregularidades administrativas, al menos en la mayor¨ªa de los casos.
El magistrado ha decretado en la misma pieza el archivo de las actuaciones contra dos sindicalistas de UGT, padre e hijo, que trabajaron en Imelsa. El instructor se?ala que uno de los trabajadores pact¨® su salida de la empresa condicion¨¢ndola a que se aceptara la contraci¨®n de "determinadas personas".
"Podr¨¢ criticarse desde criterios de imparcialidad y concurrencia", se?ala el juez, "las exigencias o condiciones al parecer articuladas" por el dirigente sindical. Pero ello "no implica en lo sustancial resultado malversador".
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