Catalu?a recupera la ley contra los desahucios que anul¨® el Constitucional
El Ayuntamiento de Barcelona y entidades como la PAH creen que el texto es insuficiente
El Parlamento catal¨¢n ha aprobado este jueves la nueva ley contra los desahucios, tramitada en tiempo r¨¦cord, que pretende recuperar la que suspendi¨® el Tribunal Constitucional en mayo pasado. El Constitucional suspendi¨® tres art¨ªculos clave de la c¨¦lebre Ley?24/2015, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular de las entidades que luchan contra la pobreza y la emergencia habitacional. Las entidades impulsoras de la ILP, como la PAH, o el Ayuntamiento de Barcelona han tachado la ley de "insuficiente".
El texto recupera cuestiones como la mediaci¨®n forzosa de los propietarios con las familias que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler; o la expropiaci¨®n de pisos vac¨ªos de la banca (solo los que las entidades incluyen voluntariamente en un listado). El texto suspendido hablaba de cesi¨®n obligatoria y las familias desahuciadas pod¨ªan quedarse en el piso en el que viv¨ªan. La nueva ley tambi¨¦n fija que las entidades que tienen pisos en el registro est¨¢n obligados a ofrecer alquileres sociales. Adem¨¢s, menciona el concepto "alquiler abusivo" y se compromete a regular los arrendamientos en otra ley dentro de nueve meses. El texto tambi¨¦n se refiere a la ocupaci¨®n de pisos p¨²blicos y habla de un futuro reglamento para gestionar estas situaciones.
La ley ha sido aprobada con un notable consenso. Se ha aprobado por unanimidad el dictamen de la ponencia que la redact¨®. Pero el consenso total se ha roto en la votaci¨®n de las enmiendas e incluso de algunos art¨ªculos, que en algunos casos se han votado por puntos, con el desacuerdo de Ciutadans, PP o la CUP. La Ley tiene tantos art¨ªculos como disposiciones adicionales, otro s¨ªntoma de las discrepancias en los matices.
Respuesta a la suspensi¨®n
Cuando el Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno del PP, suspende una ley pensada para atender a las personas m¨¢s afectadas por la crisis, no vale solo con condenarlo, hace falta moverse con rapidez para tener una soluci¨®n alternativa que sea s¨®lida y consensuada. Esto es lo que desde el Gobierno hemos conseguido con esta nueva ley, fruto del trabajo conjunto con el mundo local y el Consejo de la Abogac¨ªa Catalana. Esta ley es positiva porque prioriza la mediaci¨®n entre bancos y familias para resolver el sobreendeudamiento. Es positiva porque prev¨¦ mecanismos para reducir los pisos vac¨ªos, incluyendo la expropiaci¨®n temporal de la vivienda. Es positiva porque establece que es necesario realojar a las familias en situaci¨®n de exclusi¨®n residencial, o expropiar el uso del piso en caso de desahucio de familias que no tienen ninguna otra opci¨®n residencial, ofreci¨¦ndoles el alquiler social de la vivienda afectada. Es positiva porque da una clara respuesta, contundente y de consenso, a la suspensi¨®n pol¨ªtico-judicial de una ley aprobada por la unanimidad del Parlamento de Catalu?a para atender a las personas a quien la crisis afecta en aquello m¨¢s esencial, que es el derecho a una vivienda digna y asequible.
La entidad que d¨ªa a d¨ªa lidia contra los desahucios, la PAH, ha criticado una ley que asegura que deja fuera el 90% de las familias amenazadas con quedarse en la calle. Otra de las cr¨ªticas al texto ha llegado del Ayuntamiento de Barcelona. Tanto la alcaldesa Ada Colau como la teniente de alcalde de derechos socials, Laia Ortiz, han reprochado dos cuestiones: los insuficientes fondos, en su opini¨®n, que el presupuesto de la Generalitat destina a la vivienda; y que una ley que en teor¨ªa deber¨ªa resolver la emergencia habitacional, no aborde el drama de las subidas del precio del alquiler. En Barcelona el 90% de los desahucios son por impago de alquiler.
El abandono del esp¨ªritu de la ILP
El gran valor de la Ley 24/2015 es que cambia el paradigma existente: los grandes propietarios han de asumir la responsabilidad de hacer negocio con un derecho b¨¢sico. No pueden desahuciar sin hacer alquiler social, han de liberar de la deuda a las familias y ceder los pisos vac¨ªos a la administraci¨®n. Con la nueva ley, el Gobierno abandona este paradigma y acaba sufragando con recursos p¨²blicos lo que tendr¨ªan que asumir los grandes propietarios. La cancelaci¨®n de la deuda queda en manos de la buena voluntad de la banca, como si existiese. Los mecanismos para movilizar la vivienda vac¨ªa o la obligaci¨®n de realojamiento queda limitada a unos pocos grandes poseedores que han registrado voluntariamente algunos centenares de viviendas en el Registro de pisos vac¨ªos; ¨¦stos se pagar¨¢n expropiando el uso con recursos p¨²blicos a un precio un poco por debajo del de mercado.
Con un 1% de parque p¨²blico y unos presupuestos que destinan solo un 0,02% del PIB a inversi¨®n en pol¨ªticas de vivienda (3% UE), no tiene ning¨²n sentido que la nueva ley limite solo a tres a?os el mecanismo para evitar desahucios. En definitiva, una ley que plantea mecanismos voluntarios, caros y farragosos; que nos hacen vaticinar un fracaso para de solucionar el problema de la vivienda.
El portavoz de la PAH y del grupo promotor de la ILP, Carlos Mac¨ªas, ha recordado --como tambi¨¦n lo han hecho en el hemiciclo los grupos de Catalunya S¨ª que Es Pot y la CUP--, que durante los meses en que estuvo en vigor la ley 24/2015 libr¨® a centenares de familias de ser desahuciadas, evit¨® desahucios y oblig¨® a la banca a realojar. "La 24/2015 supuso un cambio de paradigma, dejaba atr¨¢s la transferencia de recursos p¨²blicos a la banca y proporcionaba herramientas que no permit¨ªan que las entidades pudieran hacer negocio con un derecho b¨¢sico como la vivienda sin asumir sus costes, y este cambio no figura en la nueva ley", ha lamentado Mac¨ªas.
Mac¨ªas ha criticado que los mecanismos para atender a las personas en riesgo de perder su vivienda son "de car¨¢cter voluntario, lentos y caros". "La segunda oportunidad, la posibilidad de librar a la familia de la deuda, queda en manos de la buena voluntad de la banca y la obligaci¨®n de realojo ya no la tienen los grandes tenedores sino que se reduce a los pisos del registro de pisos vac¨ªos que la banca registra voluntariamente", ha lamentado. Tambi¨¦n ha criticado que se trate de medidas no indefinidas, como preve¨ªa la ley suspendida, sino por tres a?os ampliables a cinco.
La nueva ley contempla que los bancos tengan la obligaci¨®n de realojar a las familias desahuciadas y fija un sistema transitorio para que, por un per¨ªodo de tres a?os ampliables a otros tres, las entidades financieras ofrezcan un alquiler social a las familias vulnerables que est¨¦n a punto de ser desahuciadas. El texto no contempla, como hac¨ªa el anterior, la obligaci¨®n de que las entidades ofrezcan el alquiler social de forma indefinida.
El Gobierno catal¨¢n asegura que esta vez la ley est¨¢ blindada jur¨ªdicamente y no podr¨¢ ser impugnada. El texto crea una Comisi¨®n de Vivienda para coordinar las actuaciones de las administraciones en casos de sobreendeudamiento. Tambi¨¦n ampl¨ªa de 72 a 234 el listado de municipios definidos como ?reas de Demanda Residencial Fuerte y Acreditada, donde puede llevarse a cabo la expropiaci¨®n temporal de los pisos vac¨ªos de las entidades.
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