RTVV queda vista para sentencia

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Los extrabajadores de RTVV exigen una soluci¨®n a la Generalitat

El juicio sobre el expediente de regulaci¨®n de empleo (ERE) aprobado con motivo del cierre de R¨¤dio Televisi¨® Valenciana (RTVV) por parte del Gobierno auton¨®mico que presid¨ªa Alberto Fabra ha quedado este mi¨¦rcoles visto para sentencia en la Audiencia Nacional.

Los argumentos de CGT, impulsora de la demanda, a la que se han adherido el resto de sindicatos, han sido respondidos por la Abogac¨ªa de la Generalitat. La Fiscal¨ªa ha expuesto sus dudas, por su parte, de que la ley que orden¨® el cierre de RTVV sea inconstitucional, como defienden los sindicatos, que consideran que se aprob¨® con la finalidad de "saltarse" la justicia.

Este es uno de los principales argumentos en los que CGT, CC OO, UGT, Intersindical, USO y CSIF se han basado para pedir la anulaci¨®n del ERE que extingui¨® los contratos de los 1.600 trabajadores que compon¨ªan la plantilla de RTVV.

Algo que ha rechazado el abogado de la Generalitat, que ha subrayado que las causas econ¨®micas y de "fuerza mayor" que llevaron al legislador a ordenar el apag¨®n del ente auton¨®mico hace tres a?os est¨¢n m¨¢s que acreditados.

RTVV, ha explicado, estaba en una situaci¨®n "insostenible" y la empresa tuvo que cerrar por imperativo de la ley que autoriz¨® al Consell a la extinci¨®n, disoluci¨®n y liquidaci¨®n de la empresa.

Por su parte, el letrado de Corporaci¨®n Valenciana de Medios de Comunicaci¨®n (CVMC), contra la que CGT ampli¨® su demanda inicial al considerar que existe una sucesi¨®n de empresas, ha negado que est¨¦ usando los medios t¨¦cnicos y documentales de RTVV y ha pedido que se expulse a su representada del procedimiento porque adem¨¢s no intervino en la decisi¨®n de ejecutar el ERE.

En contra de lo expuesto en la que ha considerado una "demanda kafkiana" del sindicato, ha recalcado que la prestaci¨®n de servicios de RTVV y CVMC es "completamente distinta" y ha desmentido que exista alg¨²n tipo de emisi¨®n salvo una carta de ajuste.

Para aclararlo, los sindicatos han pedido la declaraci¨®n de varios testigos, entre ellos Enrique Soriano, presidente del Consejo Rector de CVMC, y Francisco G¨®mez Barroso, presidente de la Comisi¨®n de liquidaci¨®n de RTVV, quien ha afirmado desconocer qui¨¦n autoriz¨® la impresi¨®n del anagrama de la Corporaci¨®n en la carta de ajuste.

Seg¨²n ha recordado el abogado de CGT, el ERE ya fue invalidado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en noviembre de 2013.

Pero la "imposibilidad" de dar cumplimiento al fallo llev¨® al dictado de una ley para cerrar RTVV cuyos "visos de inconstitucionalidad" son claros para los demandantes, si bien el Tribunal Constitucional nunca se pronunci¨® sobre el fondo de este asunto cuando rechaz¨® el recurso del PSOE contra la misma.

"Si se acepta que no se cumpla una sentencia (...) no puede haber un solo trabajador p¨²blico que pueda dormir tranquilo, ya que se hacen normas para poder incumplirlas", ha criticado.

Por el contrario, el fiscal Benito Egido, que solo ha intervenido para pronunciarse sobre la posibilidad de que se vulneraran los derechos fundamentales de los trabajadores, no tiene "claro" que pueda presentarse una cuesti¨®n de inconstitucionalidad, aunque cosa distinta es decidir si se opt¨® por el "camino correcto" en la extinci¨®n de los contratos.

No obstante, para los demandantes hay otros factores que deben llevar a la invalidaci¨®n del expediente, y es que la empresa invoc¨® causas de "fuerza mayor" sin la perceptiva autorizaci¨®n de la autoridad laboral.

Tampoco han admitido como motivo la disoluci¨®n de la personalidad jur¨ªdica de RTVV, porque ello significar¨ªa que "una decisi¨®n empresarial lib¨¦rrima bastar¨ªa como causa justificativa", ha dicho el letrado de CGT.

En esta tesis han coincidido los letrados de los otros sindicatos que, al contrario de CGT, s¨ª firmaron el acuerdo que extingui¨® la plantilla de RTVV y fij¨® indemnizaciones de 35 d¨ªas con un m¨¢ximo de 30 mensualidades para sus trabajadores.

Precisamente este es una de los alegatos que han usado los demandados para oponerse a sus pretensiones, tachando de "fraude de ley" el hecho de que los sindicatos que entonces no impugnaron el acuerdo se adhieran a la demanda de CGT.