El Consell expropiar¨¢ temporalmente viviendas vac¨ªas para alquileres sociales
Las Cortes Valencianas aprueban tambi¨¦n una ley contra la pobreza energ¨¦tica
El Gobierno valenciano podr¨¢ expropiar el uso de casas vac¨ªas para destinarlas a viviendas sociales en caso de que vaya a producirse un desahucio. Lo recoge la ley aprobada este mi¨¦rcoles por el Parlamento auton¨®mico, que persigue movilizar el stock de inmuebles sin utilizar y fomentar el alquiler. La C¨¢mara tambi¨¦n ha aprobado medidas para paliar la pobreza energ¨¦tica.
La consejera de Vivienda, la socialista Mar¨ªa Jos¨¦ Salvador, ha pedido al Gobierno que no recurra la norma, como ha hecho en otras autonom¨ªas que han aprobado iniciativas similares.
Las Cortes Valencianas han aprobado la Ley de Funci¨®n Social de la Vivienda con los votos a favor de socialistas, Comprom¨ªs, Podemos y Ciudadanos. El PP ha votado en contra y su portavoz, Elisa D¨ªaz, ha calificado la nueva norma de "Frankenstein" y ha pronosticado que resultar¨¢ imposible de aplicar. Pese a haber votado a favor, Ciudadanos ha considerado que la ley "nace herida de muerte" al abordar materias que escapan de la competencia auton¨®mica.
La ley prev¨¦ la creaci¨®n de un registro de viviendas vac¨ªas disponibles y ofrecer a los particulares garant¨ªas para alentarlos a alquilar sus pisos.
Rib¨® afirma que ha intentado comprar viviendas a los bancos
El alcalde de Valencia, Joan Rib¨®, ha afirmado este mi¨¦rcoles que el Ayuntamiento ha intentado comprar viviendas vac¨ªas a los bancos, pero que no ha sido posible porque estos "no han querido venderlos a los precios reales de mercado". El dirigente de Comprom¨ªs, que participaba en una jornada organizada por ONU-H¨¢bitat en el Colegio de Arquitectos de Madrid, ha a?adido que le gustar¨ªa contar con "la legislaci¨®n suficiente para poder gravar las viviendas vac¨ªas y multar" a los propietarios que las mantengan sin habitar.
Dota a la Generalitat de la capacidad de expropiar temporalmente viviendas en caso de desahucios que afecten a personas en situaci¨®n de "emergencia social" ¡ªdefinida por criterios de renta¡ª. Antes de llegar a hacerlo, la ley contempla que los grandes propietarios de viviendas, como los bancos, adopten medidas alternativas al desalojo de los inquilinos, como el alquiler social con opci¨®n a compra.
Este alquiler ser¨ªa fijado por la Generalitat y abonado al propietario tambi¨¦n por la Administraci¨®n auton¨®mica durante un periodo de tres a?os prorrogables a otros tres. Si el due?o se niega, el Ejecutivo valenciano podr¨¢ expropiar el uso de forma temporal, y a su vez arrendarlo a los inquilinos, corriendo con el coste del alquiler.
La ¨²ltima medida coercitiva en una ley que apuesta en general por estimular la movilizaci¨®n de los pisos vac¨ªos, que ascienden a unos 500.000, el 15% del total de la Comunidad Valenciana, seg¨²n los c¨¢lculos de la Generalitat, consiste en la imposici¨®n de multas.
Estas, que podr¨¢n alcanzar los 30.000 euros, se aplicar¨¢n a los grandes propietarios (m¨¢s de 10 viviendas) que no colaboren informando de cu¨¢ntas viviendas tienen vac¨ªas para incorporarlas al registro de la Generalitat. O que, habi¨¦ndolo hecho, no las pongan en alquiler. Se consideran vac¨ªas las viviendas que cumplen una serie de requisitos, entre ellos llevar dos a?os deshabitadas.
La ley para reducir la pobreza energ¨¦tica, promovida por Podemos, ha sido aprobada por los mismos cuatro grupos y ha contado con la abstenci¨®n del PP. La norma prev¨¦ que las empresas comercializadoras de energ¨ªa tengan que comunicar previamente el corte del suministro a los servicios sociales del municipio. Y obliga a la Administraci¨®n auton¨®mica a garantizar los suministros b¨¢sicos de las personas en situaci¨®n de emergencia social.
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