El exconsejero Blasco ofrece su lujoso chal¨¦ de Alzira para cerrar el pacto del ¡®caso Cooperaci¨®n¡¯
Fiscal¨ªa y Generalitat, dispuestas a un acuerdo que incluye dinero y penas m¨ªnimas de c¨¢rcel
Rafael Blasco ha ofrecido su chal¨¦ en la Barraca d'Aig¨¹es Vives, en Alzira (Valencia), para intentar cerrar un acuerdo que le libre de otra larga condena de c¨¢rcel por las piezas separadas que contin¨²an abiertas en el caso Cooperaci¨®n, seg¨²n han confirmado fuentes de la causa judicial. El exconsejero del PP ya cumple una pena de seis a?os en el centro penitenciario de Picassent por la primera pieza del caso, centrada en la malversaci¨®n de fondos destinados a la ayuda al desarrollo en Nicaragua.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Abogac¨ªa de la Generalitat est¨¢n dispuestas a cerrar un acuerdo con Blasco y la otra veintena de acusados del caso que implique el pago de la responsabilidad civil, estimada en 3,4 millones de euros, y penas m¨ªnimas de c¨¢rcel, que para la mayor parte de ellos supondr¨ªa evitar entrar en prisi¨®n.
Las negociaciones han avanzado tanto que se ha llegado a calcular c¨®mo se distribuir¨ªa el pago de esos 3,4 millones. Blasco, que ocup¨® diversas consejer¨ªas de la Generalitat entre 1999 y 2011, adem¨¢s de haber sido portavoz del PP en las Cortes Valencianas hasta 2012, pagar¨ªa el 25%, unos 850.000 euros. Para hacer frente a ese importe, el exdirigente ha planteado entregar la lujosa vivienda que posee en Alzira a modo de daci¨®n en pago, una f¨®rmula conocida sobre todo por su uso para liquidar deudas con la banca.
El codirector de la trama del caso Cooperaci¨®n junto a Blasco, el empresario Augusto C¨¦sar Tauroni, abonar¨ªa otro 25%. Tauroni tambi¨¦n fue condenado a seis a?os de c¨¢rcel en la primera pieza de la causa. La investigaci¨®n ha desvelado que parte de las ayudas al desarrollo de la Generalitat valenciana captadas por la red fueron invertidas por Tauroni, presuntamente, en inmuebles en Estados Unidos.
Tauroni se hab¨ªa ofrecido a confesar en una declaraci¨®n que ¨¦l mismo solicit¨® prestar ante la juez instructora, Nieves Molina, este mi¨¦rcoles. Pero finalmente se ha echado atr¨¢s alegando como motivo la decisi¨®n de la Audiencia de Valencia de analizar el ordenador que utiliz¨® en prisi¨®n.
Tres a?os m¨¢s de c¨¢rcel
Blasco y Tauroni aceptar¨ªan, adem¨¢s, tres a?os de prisi¨®n adicionales a los seis que ya est¨¢n cumpliendo. Ello supondr¨ªa no acusarles de cohecho, un delito por el que no fueron condenados en la primera pieza del caso Cooperaci¨®n y que podr¨ªa suponer seis a?os de pena en un eventual nuevo juicio.
En total, sumando el cohecho al resto de delitos que les atribuye la juez y por los que s¨ª fueron condenados en la primera pieza del caso ¡ªlo que limita a un m¨¢ximo de dos a?os de c¨¢rcel el castigo por los mismos¡ª, Blasco y Tauroni se exponen a una nueva pena de ocho a?os si no hay acuerdo y tienen que volver a sentarse en el banquillo.
Marc Llinares, el exjefe del servicio de Cooperaci¨®n en la Consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa que dirig¨ªa Blasco, pagar¨ªa otro 25% de la responsabilidad civil. Llinares fue condenado a cuatro a?os y medio por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la primera pieza de la causa, pero el Supremo acept¨® su recurso de casaci¨®n y lo absolvi¨®.
El acuerdo negociado plantea que Llinares sea condenado a solo dos a?os y medio de c¨¢rcel, lo que implicar¨ªa en la pr¨¢ctica una pena efectiva de en torno a un a?o de prisi¨®n.
La veintena de acusados restantes pagar¨ªan el 25% que falta de la responsabilidad civil a partes iguales. Las fuentes consultadas se?alan que, adem¨¢s de las dificultades que los acusados presentan para pagar, la Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusaci¨®n popular en el caso, rechaza aceptar un acuerdo en tales t¨¦rminos al considerarlo muy beneficioso para los acusados de saquear los fondos destinados a la cooperaci¨®n internacional.
La responsabilidad civil estimada en la negociaci¨®n es el resultado de sumar los algo m¨¢s de 3,2 millones de euros presuntamente malversados en las convocatorias p¨²blicas de 2009 a 2011, y los 177.000 euros que se habr¨ªan quedado los acusados del dinero recaudado por la Generalitat para levantar un hospital en Hait¨ª en 2010.
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