La futura ley de Renta de Inclusi¨®n acoger¨¢ a 95.000 personas en 2020
La nueva prestaci¨®n ser¨¢ indefinida en tanto dure la situaci¨®n de necesidad socioecon¨®mica
El pleno del Consell ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de Renta Valenciana de Inclusi¨®n, con la que pretende ampliar las prestaciones y reducir la burocracia, y acoger entre 94.000 y 95.000 personas cuando est¨¦ totalmente desarrollada en 2020, ha anunciado la portavoz y consejera de Igualdad, M¨®nica Oltra, en la conferencia de prensa de los viernes.
El texto se someter¨¢ al dictamen del Consell Jur¨ªdic Consultiu (CJC) al Comit¨¦ Econ¨®mic y S¨°cial (CES) y despu¨¦s volver¨¢ a pasar al pleno del Gobierno, donde se convertir¨¢ en proyecto de ley e ir¨¢ para su debate y aprobaci¨®n a las Cortes Valencianas.
La nueva prestaci¨®n econ¨®mica sustituye a la renta garantizada de ciudadan¨ªa y tendr¨¢ un car¨¢cter indefinido en tanto la situaci¨®n socioecon¨®mica de los beneficiarios no mejore; tambi¨¦n servir¨¢ para acceder, sin tanta burocracia, a otras ayudas p¨²blicas relacionadas con las becas o la vivienda.
Los requisitos para solicitarla se ampl¨ªan: por ejemplo, se reduce el tiempo necesario de empadronamiento a un a?os y se rebaja la edad para acceder a ella a los 18 a?os. Se establecen distintos tipos de renta, una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80% del salario m¨ªnimo interprofesional, y una segunda de Inclusi¨®n Social, que se conceder¨¢ en funci¨®n de una valoraci¨®n individual de la persona solicitante y que variar¨¢ seg¨²n diversos aspectos.
El importe de la ayuda ser¨¢ de 532 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserci¨®n o de acompa?amiento como en los que s¨ª lo requiera, y en este ¨²ltimo caso, si el solicitante renuncia voluntariamente a realizarlo, mantendr¨¢ la ayuda pero se reducir¨¢ hasta los 266 euros.
La vicepresidenta ha se?alado que la norma simplifica la tramitaci¨®n y ahorra gesti¨®n burocr¨¢tica, al ser los ayuntamientos los que se encarguen de hacer las valoraciones de las personas demandantes de la renta, y los servicios centrales de la consejer¨ªa, los responsables de la gesti¨®n.
Oltra ha explicado que la ley no contempla una transferencia de recursos a los ayuntamientos, algo que se hace a trav¨¦s del plan concertado, pero ha asegurado que esto no supondr¨¢ un incremento de trabajo sino un cambio, ya que los equipos municipales podr¨¢n centrarse en hacer "intervenci¨®n sobre el terreno".
Ha asegurado que la norma pretende atender "la alarma social" existente en el territorio valenciano, con elevados ¨ªndices de desempleo (un 19% aproximadamente), pobreza y exclusi¨®n, que no se han podido mitigar con el sistema aprobado con la renta m¨ªnima aprobada por el anterior Gobierno valenciano.
Oltra ha destacado que esta ley, adem¨¢s de rescatar personas, es una fuente de creaci¨®n de puestos trabajo, y ha calculado que por cada euro invertido en renta de inclusi¨®n hay un retorno de 1,06 euros a la econom¨ªa, adem¨¢s del retorno fiscal que supone.
La previsi¨®n es que la norma pueda entrar en vigor en el primer trimestre de 2018, aunque su desarrollo se har¨¢ de forma escalonada y no estar¨¢ plenamente desplegada hasta 2020.
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