El PP denuncia al fiscal al alcalde de Alicante por prevaricaci¨®n
Acusa al primer edil, del PSPV, de irregularidades en 25 contratos de la concejal¨ªa de Comercio
El grupo popular en el ayuntamiento de Alicante ha denunciado en Fiscal¨ªa al alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Ech¨¢varri, al entender que incurri¨® en un delito de prevaricaci¨®n administrativa al trocear supuestamente algunos contratos de la concejal¨ªa de Comercio, cuyas competencias ejerce el primer edil.
La denuncia ha sido presentada este martes por el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, y la portavoz adjunta, Mari Carmen de Espa?a. Barcala ha asegurado que los hechos no son "una mera irregularidad administrativa" sino que constituyen "un claro supuesto de ilegalidad del que se deriva responsabilidad penal".
El alcalde, que lidera la corporaci¨®n merced a un tripartito de izquierdas integrado por PSPV, Comprom¨ªs y Guanyar Alacant (Podemos y EU), llev¨® de urgencia a la junta local de gobierno celebrada a principios de este mes la declaraci¨®n de nulidad de 25 expedientes de contrataci¨®n por importe de 189.000 euros, despu¨¦s de que el interventor de la corporaci¨®n apreciara la ilegalidad de su tramitaci¨®n como contratos menores. Algunos de esos contratos est¨¢n relacionados con la inserci¨®n de campa?as publicitarias en medios de comunicaci¨®n o la organizaci¨®n de los premios de al comercio local.
En el pleno siguiente a esa junta local de gobierno se aprob¨® declarar la nulidad de las contrataciones y remitir el caso al Consell Jur¨ªdic Consultiu para recabar su opini¨®n. Ech¨¢varri rest¨® entonces importancia al asunto y lo vincul¨® a una simple irregularidad, pues el interventor hab¨ªa reconocido que los proveedores hab¨ªan prestado sus servicios al ¨¢rea de Comercio y deb¨ªan cobrar por ello. El PP considera, en cambio, que existe un "il¨ªcito penal", porque esos contratos "deber¨ªan haberse licitado con todas las garant¨ªas legales", y una adjudicaci¨®n "arbitraria" de los trabajos y servicios requeridos.
Ech¨¢varri ha negado haber incurrido en el delito que el l¨ªder de la oposici¨®n le atribuye. ¡°Cuando a un mentiroso le das un micr¨®fono, se crece y hoy Luis Barcala se ha crecido¡±, ha dicho, seg¨²n informa Efe. De acuerdo con su versi¨®n de los hechos, el interventor plante¨® "dudas y no reparos" ante las citadas facturas, pues de lo contrario habr¨ªa paralizado su pago. Y los servicios jur¨ªdicos del consistorio llegaron a avalar en un informe que todo "era correcto".
En cualquier caso, ¨¦l mismo, tal y como ha precisado a la prensa, decidi¨® iniciar de oficio el procedimiento de nulidad y abrir un expediente de modificaci¨®n de cr¨¦ditos que garantizase el abono de los servicios a las empresas. Ech¨¢varri, que es abogado de profesi¨®n al igual que Barcala, ha recordado tambi¨¦n que el delito de prevaricaci¨®n exige una voluntariedad y no se comete "por imprudencia y, ni siquiera, por dolo eventual".
El PP, en cambio, sostiene todo lo contrario:.¡°Existe unidad de objeto entre varios de los contratos fraccionados que pod¨ªan y deb¨ªan haberse licitado como una unidad, no existiendo justificaci¨®n alguna para su fraccionamiento¡±. Adem¨¢s, de acuerdo con la denuncia interpuesta en Fiscal¨ªa por este partido, ¡°se ha contratado directa y verbalmente en la mayor¨ªa de los casos, y en la concejal¨ªa de Comercio no constan ni planes, ni proyectos indispensables para haber hecho la contrataci¨®n¡±.
El PP tambi¨¦n afirma que en la firma de los contratos ha participado ¡°personal de confianza¡± que carece de competencia para ello y agrega que el procedimiento ha adolecido de la necesaria publicidad para permitir la libre concurrencia de cualquier empresa que quisiera presentar ofertas. ¡°La primera evidencia administrativa de la suscripci¨®n de los contratos administrativos es la aprobaci¨®n de las facturas que la realiza, casi en exclusiva, el alcalde¡±, se?alan los responsables del grupo popular. Es precisamente en el momento en que el jefe de servicio de la concejal¨ªa supervisa la mecanizaci¨®n de las facturas cuando detecta las posibles irregularidades y se lo transmite al interventor municipal.
La pol¨¦mica amenaza con poner en aprietos al alcalde. M¨¢xime cuando su principal socio de gobierno, Guanyar, emiti¨® el pasado s¨¢bado un comunicado donde expresaba su apoyo a la constituci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n para ¡°disipar cualquier duda¡± sobre estos contratos. La coalici¨®n advierte de que ser¨¢ ¡°escrupulosa¡± a la hora de exigir documentaci¨®n para poder ¡°trasladar a la ciudadan¨ªa toda la informaci¨®n de manera clara y concisa¡±. Guanyar Alacant ha a?adido que ser¨¢ ¡°contundente en el caso de que se demuestre una mala praxis pol¨ªtica¡± y exigir¨¢ que se depuren las correspondientes responsabilidades, pues el fraccionamiento de contratos ¡°es una pr¨¢ctica ilegal, en muchas ocasiones ligada a la opacidad y el amiguismo, que no puede tener cabida en ninguna administraci¨®n p¨²blica¡±, conclu¨ªa la confluencia de Podemos y Esquerra Unida.
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