Una oportunidad para definir el modelo sanitario

Un pa¨ªs que se quiere soberano no puede obviar una cuesti¨®n fundamental para proteger los derechos b¨¢sicos de su ciudadan¨ªa: c¨®mo gestionar la asistencia sanitaria pagada con el dinero de todo el mundo. Nuestra apuesta es clara: defender la gesti¨®n p¨²blica. Ahora bien, hoy en d¨ªa el sector concertado presta una parte no menor de estos servicios. Solo en Barcelona, en 2015, el 21% del total: 180 millones de euros se gestionan por entidades privadas sin af¨¢n de lucro y 220 por entidades con af¨¢n de lucro. Con menor capacidad de control p¨²blico, y con la posibilidad de beneficios empresariales a expensas de las condiciones laborales, de la calidad asistencial, y del dinero que pagamos para tener una buena sanidad p¨²blica.

En las pr¨®ximas semanas, el Parlament de Catalu?a tramitar¨¢ la ley de f¨®rmulas de gesti¨®n sanitaria a cargo de fondos p¨²blicos. El anteproyecto que ha presentado el Govern parte de buenos prop¨®sitos: poder concertar con entidades de la econom¨ªa social o sin af¨¢n de lucro, sin que tengan que competir con la empresa mercantil. Es, sin embargo, hoy por hoy, una oportunidad perdida para forzar cambios reales en el sector y definir algunos m¨ªnimos para concertar con el sistema p¨²blico: calidad asistencial y del trabajo, transparencia y reinvertir los beneficios en una mejora del servicio, entre otros.

En ausencia de leyes que lo delimiten (dado que el Gobierno catal¨¢n no ha respondido al mandato del Parlament de 2013 de elaborar una ley al respecto), la norma propuesta menciona algunos principios pero no fija criterios claros y contrastables de lo que se considera econom¨ªa social. Y no reserva los conciertos a estas entidades, sino que le a?ade las entidades sin af¨¢n de lucro de cualquier tipo, a las que por la sola f¨®rmula jur¨ªdica se deja de exigir la comprobaci¨®n de los otros principios. Avala adem¨¢s como econom¨ªa social las entidades de base asociativa (EBA), sociedades limitadas de profesionales que gestionan la asistencia primaria p¨²blica de un territorio, en las que se pueden acumular hasta un 25% de cuotas en un solo individuo y hasta un 49% en personas jur¨ªdicas.

La nueva ley tendr¨ªa que representar un cambio hacia un modelo no lucrativo, con participaci¨®n democr¨¢tica de todos los trabajadores, y donde se exigen la misma transparencia y pr¨¢cticas sociales, laborales y ambientales que aplican al sector p¨²blico. Esta exigencia justificar¨ªa poder utilizar prioritariamente este sector all¨ª donde la gesti¨®n p¨²blica no llega. Se tratar¨ªa, en definitiva, de transformar este proyecto de ley para que, en vez de mantener el statu quo actual, promueva un nuevo modelo sanitario y de provisi¨®n p¨²blica desde el sector p¨²blico y social.

La batalla se librar¨¢ ahora en el Parlament de Catalu?a. En las pr¨®ximas semanas esperamos encontrarnos con la sociedad civil y las fuerzas del cambio para debatir y definir enmiendas que den la vuelta a esta ley. Nos va la salud.

Gemma Tarafa es la comisionada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona y Gerardo Pisarello es el primer teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento de Barcelona.