CC OO y UGT admiten que que el conflicto inquieta a los funcionarios
Las dos centrales piden no involucrar a los trabajadores p¨²blicos y Millo se re¨²ne con el presidente del CSIF
CC OO y UGT, mayoritarios en Catalu?a, han admitido que las posibles consecuencias jur¨ªdicas del proces causan "inquietud" e "incertidumbre" entre los funcionarios y han pedido que no se les involucre en el conflicto. "Estamos amenazados por un lado y por otro. Y estamos en medio", ha afirmado Joan Maria Sentis, coordinador del ¨¢rea p¨²blica de CC OO. Carlos Villalante, secretario de pol¨ªtica institucional y programas de la UGT, ha reivindicado que los funcionarios han trabajado y seguir¨¢n trabajado con "imparcialidad, profesionalidad y neutralidad" en un marco jur¨ªdico y que as¨ª lo seguir¨¢n haciendo en este o en cualquier otro. "No tenemos que hacer ning¨²n tipo de opci¨®n: que lo haga quien lo tiene que hacer", ha dicho.
Sentis ha evitado abordar el borrador de la ley de transici¨®n jur¨ªdica divulgado por EL PAIS al recordar que Junts pel S¨ª sostiene que est¨¢ desfasado y que por prudencia prefer¨ªa no opinar. Sin embargo, s¨ª que ha recalcado a la Generalitat que les otorgue seguridad jur¨ªdica y que no se confunda la lucha pol¨ªtica con el trabajo de los empleados p¨²blicos. Su ideal es es que los funcionarios, igual que sucedi¨® en la consulta participativa del 9-N, no tengan que asumir ninguna consecuencia jur¨ªdica. Hasta ahora, solo han sido inhabilitados cuatro cargos pol¨ªticos.
Que dejen de hablar de nosotros y que hablen con nosotros", afirma el portavoz de UGT
UGT y CC OO ya pidieron hace meses al Gobierno catal¨¢n que garantizara su seguridad jur¨ªdica a ra¨ªz de las declaraciones de Lluis Llach en las que avis¨® que los funcionarios que no cumplieran la ley catalana se arriesgar¨ªan a recibir sanciones. "Lo que tiene que hacer la Generalitat es dejar de hablar de nosotros y hablar con nosotros y que convoque la Mesa de la funci¨®n p¨²blica y el Consell de la Funci¨®n P¨²blica", ha se?alado el representante de la UGT, recordando que tienen la obligaci¨®n de hacerlo de acuerdo con el Estatuto del empleado p¨²blico. Villalante ha reivindicado que los funcionarios han seguido ofreciendo, pese a los recortes, servicios de calidad a los funcionarios y ha rechazado que puedan ver mermados sus? derechos en una eventual Catalu?a independiente o que se les exijan nuevos requisitos para mantener sus puestos de trabajo.Los funcionarios catalanes son los que m¨¢s recortes han sufrido y a¨²n se les adeuda una parte de la paga extras de 2012, las de 2013 y 2014 adem¨¢s de otros complementos.
El portavoz de CC OO solicita a la Generalitat que garantice a los funcionarios seguridad jur¨ªdica
La posici¨®n de las dos centrales? -CC OO ha recogido firmas en favor del derecho a decidir- es diferente a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en el conjunto de Espa?a pero minoritaria en Catalu?a. Su presidente, Miguel Borra, ha mantenido este lunes una reuni¨®n con Enric Millo, delegado del Gobierno, que concert¨® despu¨¦s de las declaraciones de? Llach.
Tras la reuni¨®n, Borra ha desestimado el plan del Generalitat de asumir en bloque los 27.000 funcionarios de la Administraci¨®n del Estado. "Esa posibilidad no est¨¢ recogida en el ordenamiento espa?ol. Es sencillamente imposible", ha dicho, Borra, que ha remarcado que el estatuto del empleado p¨²blico y la ley de funci¨®n p¨²blica de Catalu?a califican de falta muy grave no acatar la Constituci¨®n y el Estatuto y que, de acuerdo con la falta cometida, se pueden arriesgar a perder su plaza. "No pueden coexistir dos ordenamientos jur¨ªdicos paralelos", ha remarcado.
El presidente de CSIF ve imposible que la Generalitat pueda asumir en bloque a los funcionarios del Estado
El CSIF ya distribuy¨® en 2015 un protocolo entre sus afiliados para que sepan c¨®mo actuar en el caso de que sospechen que se les est¨¢ invitando a realizar un acto que no se ajusta a la ley. "El Gobierno no dejar¨¢ desamparado a ning¨²n empleado p¨²blico que cumpla con la Constituci¨®n y con el Estatuto y dar¨¢ amparo legal a aquellos empleados p¨²blicos que se nieguen a acometer ¨®rdenes susceptibles de ser ilegales", ha zanjado.
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