Barcelona pide compatilizar su ayuda para ni?os pobres con la renta garantizada

Comienzan a aparecer las diferencias tras la euforia inicial con el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales para desatascar la tramitaci¨®n de la renta garantizada de ciudadan¨ªa (RGC). La semana pasada, la propia comisi¨®n promotora de la prestaci¨®n acus¨® a la Generalitat de deso¨ªr los acuerdos alcanzados tras meses de trabajo. Ahora, el Ayuntamiento de Barcelona alerta de los efectos que tendr¨ªa la RGC, tal y como est¨¢ planteada, en su sistema de ayuda, especialmente en la renta infantil de 100 euros que entrega a casi 20.000 menores.

El acuerdo establece que la RGC, 986 euros para una familia tipo compuesta por dos adultos y un ni?o, es subsidiaria de otras ayudas, prestaciones o pensiones a las que puedan tener derecho los beneficiarios, por ejemplo la de viudedad. Es decir, en el caso de recibir otros subsidios, la Generalitat los tendr¨¢ en cuenta a la hora de hacer sus c¨¢lculos y solo aportar¨¢ una cantidad que en total sume el monto de la renta garantizada. El esp¨ªritu final de la RGC es precisamente intentar acabar con la idea de ayudas fraccionadas y compactarlas.

¡°Esta incompatibilidad es un ataque a los municipios en su esfuerzo por ayudar a los ciudadanos en esas situaciones donde otras Administraciones no llegan o no les interesa¡±, se queja Laia Ortiz, tercera teniente de alcalde del Consistorio de la capital catalana. La renta infantil de Barcelona consta de una tarjeta monedero de 100 euros y se entrega a los menores de entre 0 y 16 a?os cuyas familias no superen ciertos niveles de renta. En el caso de la familia de tres miembros, el umbral es de 14.939 euros anuales. El a?o pasado hab¨ªa unos 20.000 titulares de la ayuda. En 2015 eran 11.000.

La tarjeta, que se implement¨® en el mandato de Xavier Trias ante la emergencia social, solo se puede utilizar para satisfacer las necesidades b¨¢sicas de los menores, como ropa o alimentaci¨®n. De entrada, por ejemplo, se entreg¨® a los menores que recib¨ªan una beca comedor. Ortiz recuerda que la Generalitat solo permite que los Ayuntamientos entreguen ayudas de emergencia, con l¨ªmites de regularidad, y adem¨¢s limita su capacidad de realizar programas de garant¨ªa de rentas. La candidatura de Ada Colau ignor¨® esta limitaci¨®n cuando en su programa electoral se comprometi¨® a implementar una renta de ciudad y es el escollo que le permite ponerla en marcha.

El Ayuntamiento ya ha expuesto este problema ante la comisi¨®n promotora y la consejera Dolors Bassa y conf¨ªa en que el redactado final de la ley, que depende de la ponencia parlamentaria, permita encontrar una grieta para seguir entregando la ayuda sin distorsionar la cuant¨ªa que se reciba en la RGC. ¡°El hecho de que no sea un cheque sino una tarjeta monedero podr¨ªa generar una excepci¨®n y permitirnos mantener la complementariedad. Pero se tiene que blindar por ley¡±, insiste Ortiz.

Cr¨ªticas al redactado

Los trabajos de redacci¨®n de la ley avanzan con cierta desconfianza entre las partes. La comisi¨®n promotora denunci¨® el pasado jueves que Trabajo y Asuntos Sociales se ha descolgado de dos de los puntos que figuran en el pacto firmado hace tres semanas, especialmente en lo que tiene que ver con los complementos y las condiciones de tramitaci¨®n de las solicitudes.

Los promotores argumentan que el Govern ahora quiere extender a ocho meses el plazo para evaluar y denegar u otorgar la prestaci¨®n en lugar de los cuatro meses que figuran en el acuerdo firmado por las partes. ¡°Tambi¨¦n se quiere establecer el silencio administrativo como negativo, y retrasa el plazo de los efectos econ¨®micos de la RGC al mes siguiente de presentar la solicitud¡±, critican los promotores.

Una disposici¨®n adicional del borrador, denuncia la comisi¨®n, tambi¨¦n establece descontar 150 euros mensuales de la ayuda a los beneficiarios que compatibilizan la renta garantizada con prestaciones no contributivas o, por ejemplo, la Renta Activa de Inserci¨®n (RAI).