El fiscal sobre el pluriling¨¹ismo valenciano: ¡°No dificulta ni lesiona la ense?anza en castellano¡±
El ministerio p¨²blico defiende la legalidad de la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica aprobada por la Generalitat
La Fiscal¨ªa Superior de la Comunidad Valenciana considera que el modelo de pluriling¨¹ismo aprobado por la Generalitat no infringe derechos fundamentales, en contra de lo que mantienen la Diputaci¨®n de Alicante, el Partido Popular y el sindicato CSI-F, que han recurrido el decreto del Gobierno auton¨®mico, suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior valenciano.
El ministerio p¨²blico resume su postura sobre la pretendida violaci¨®n de los derechos fundamentales recogidos en los art¨ªculos 14 y 27 de la Constituci¨®n ¡ªque recogen el derecho a no ser discriminado y el derecho a la educaci¨®n respectivamente¡ª con dos frases al inicio del escrito de siete folios remitido al Tribunal Superior: "No se impide la ense?anza del castellano" y "no se dificulta ni obstaculiza la ense?anza del castellano".
La fiscal¨ªa considera que el CSI-F no tiene legitimaci¨®n para plantear el procedimiento por violaci¨®n de derechos fundamentales al no ostentar "la representaci¨®n de los centros docentes ni de los alumnos de la Comunidad Valenciana". Y solicita por ello que el recurso del sindicato contra el decreto de la Generalitat sea desestimada.
Para el caso de que la petici¨®n no fuera aceptada, la fiscal¨ªa entra en el fondo del asunto y analiza el modelo dise?ado por la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, que dirige Vicent Marz¨¤. Este sistema est¨¢ basado en tres niveles de pluriling¨¹ismo, b¨¢sico, intermedio y avanzado, en el que el aumento de las horas de ingl¨¦s va aparejado a un aumento de las horas de valenciano. Como consecuencia, al t¨¦rmino de las etapas educativas los alumnos que cursan en niveles m¨¢s avanzados de pluriling¨¹ismo obtienen de forma autom¨¢tica grados de acreditaci¨®n de idiomas m¨¢s elevados en ingl¨¦s y valenciano.
Cr¨ªticas del PP y satisfacci¨®n de Escola Valenciana
La postura de la fiscal¨ªa ha sido anunciada este jueves por el consejero de Educaci¨®n, Cultura y Deporte, Vicent Marz¨¤, en el pleno de las Cortes Valencianas. Tanto Marz¨¤ como el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, han defendido en la C¨¢mara la legalidad del decreto de pluriling¨¹ismo ante las cr¨ªticas del PP.
La portavoz de los populares, Isabel Bonig, ha calificado la norma de "decreto del chantaje ling¨¹¨ªstico", y ha subrayado que el Tribunal Superior valenciano lo ha suspendido cautelarmente en tres autos, en los que ha respondido a los recursos planteados por el PP, el CSI-F y la Diputaci¨®n de Alicante. La medida cautelar ha sido, a su vez, recurrida por la Generalitat.
El PP ha acusado igualmente al Gobierno valenciano de mostrarse "insumiso" con las resoluciones judiciales al continuar aprobando medidas basadas en el decreto suspendido, en referencia a una resoluci¨®n sobre estancias de docentes en el extranjero.
El escrito de la fiscal¨ªa en el procedimiento iniciado con el recurso del sindicato CSI-F, ha sido difundido por la federaci¨®n Escola Valenciana, que se ha personado en el mismo y ha expresado su "satisfacci¨®n" por la postura del ministerio p¨²blico.
El ministerio p¨²blico admite que ello "podr¨ªa considerarse como un est¨ªmulo a favor de la ense?anza en valenciano". Pero sostiene que el hecho de que "se favorezca el uso del valenciano no supone la exclusi¨®n del castellano".
"Los alumnos y sus padres pueden elegir el idioma de la ense?anza de sus hijos. Que seg¨²n el nivel que elijan haya m¨¢s o menos valenciano, castellano o ingl¨¦s no afecta al derecho fundamental del art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n, a nuestro criterio. Se trata de una opci¨®n de pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica que constituye una cuesti¨®n de mera legalidad ordinaria que debe decidirse en el procedimiento adecuado".
El ministerio p¨²blico considera una prueba de que el decreto respeta la libertad de elecci¨®n educativa el hecho de que en el proceso para determinar el grado de pluriling¨¹ismo de cada colegio e instituto, en el que se daba la palabra a la comunidad escolar, el 54% de los centros optaron por el nivel avanzado, el 30% por el intermedio y el 16% del b¨¢sico.
"Lo que lesionar¨ªa el derecho fundamental", concluye el escrito de la fiscal¨ªa, "ser¨ªa la imposici¨®n de un modelo ling¨¹¨ªstico que postergara el castellano, excluy¨¦ndolo de la ense?anza a favor del valenciano, que quedar¨ªa como lengua ¨²nica y como secundaria la castellana. En este caso no se proh¨ªbe ni se excluye la ense?anza en castellano ni se impone el valenciano".
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