Ca?ada Real: as¨ª se form¨® durante m¨¢s de 40 a?os el mayor asentamiento irregular de Espa?a

Era julio de 1978. Tal vez agosto. Lo que es seguro es que acababan de recoger la cosecha cuando Gregorio Montes se hizo con unas estacas y unos cables y delimit¨® con ellos una finca en mitad del campo, junto al camino, a 14 kil¨®metros de la Puerta del Sol de Madrid y a 3,5 del centro de Coslada. Hab¨ªa que esperar; si en una semana no ven¨ªa nadie a reclamarla, ya era suya. As¨ª, como en una de esas pel¨ªculas de la conquista del oeste, hab¨ªa ido pobl¨¢ndose, gota a gota desde los a?os sesenta, la Ca?ada Real Galiana. Y as¨ª sigui¨® haci¨¦ndolo despu¨¦s.

En realidad, eso no es lo extraordinario de esta historia; otros barrios, hoy perfectamente legales, tambi¨¦n nacieron en su d¨ªa a partir de viviendas levantadas a las bravas. Lo que es m¨¢s dif¨ªcil de explicar es por qu¨¦ no se arregl¨® la situaci¨®n de la Ca?ada mucho antes de convertirse en el asentamiento irregular (con toda probabilidad) m¨¢s grande de Espa?a. Antes de que miles de vecinos generaran un entramado urbano y social consentido por las administraciones durante d¨¦cadas. Antes de que se transformara en el monumental enredo que es hoy, con clases medias en aut¨¦nticos chal¨¦s de lujo, bolsas de pobreza extrema en infraviviendas, colonias de trabajadores inmigrantes y especuladores que hacen negocio aprovechando la confusi¨®n; con sus bares, talleres, chatarrer¨ªas, cuadras de caballos, vertederos ilegales y un hipermercado de venta de droga que, aunque ocupa una peque?a parte de los 14,4 kil¨®metros de la antigua v¨ªa pecuaria, proyecta su oscura imagen sobre todos los dem¨¢s.

M¨¢s de 40 a?os de Ca?ada Real|Madrid

Las primeras estimaciones llegaron a hablar de 40.000 habitantes, sin embargo, las ONG calculan que son 8.000 y el censo oficial los reduce a 7.283 (de ellos, 2.548 menores). Tomando la cifra m¨¢s modesta, si fuese un municipio, ser¨ªa m¨¢s grande que el 65% de los pueblos de Madrid. El embrollo es de tal calibre, que ha sido necesario m¨¢s de un lustro de intentos para empezar a atisbar una soluci¨®n. El pasado 17 de mayo firmaron un pacto todos los grupos pol¨ªticos presentes en la Asamblea de Madrid y en los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas, por los que discurre el asentamiento. Un acuerdo que est¨¢ apenas dando en estos momentos los primeros pasos de un proceso de regularizaci¨®n que se prev¨¦ largo y dif¨ªcil, visto el historial de la Ca?ada.?

Los pioneros

Mucho antes de todo eso, en la primera mitad de los a?os ochenta, la Consejer¨ªa de Vivienda de la Comunidad hizo un plano detallado de sus construcciones. Estuvo colgado durante a?os en una de las paredes de sus oficinas. ¡°Recuerdo que ya hab¨ªa edificios de dos plantas con estructuras met¨¢licas, hab¨ªa bares, alg¨²n prost¨ªbulo¡­ Entonces era un caso de urbanizaciones ilegales, no ten¨ªa nada que ver con los problemas de chabolismo marginal y drogas¡±, explica por tel¨¦fono Eduardo Mangada, que fue el primer consejero de urbanismo de la regi¨®n con los Gobiernos socialistas de Joaqu¨ªn Leguina, entre 1983 y 1991.

De hecho, las urbanizaciones ilegales, levantadas en terrenos no urbanizables, eran un problema tan extendido en toda la regi¨®n, que el Gobierno aprob¨® en 1985 una ley para intentar regularizarlas. El asentamiento de la Ca?ada, sin embargo, se qued¨® fuera. ¡°No pudimos incluirlo. Primero, porque los terrenos pertenec¨ªan todav¨ªa al Estado [como todas las v¨ªas pecuarias] y, segundo, porque afectaba a varios Ayuntamientos. Adem¨¢s, tampoco vimos ninguna organizaci¨®n vecinal clara que nos pudiera servir como interlocutor. Lo dejamos por imposible; ten¨ªamos otras urgencias¡±, confiesa Mangada.

Entonces, la peque?a zona que est¨¢ m¨¢s al norte, completamente consolidada dentro del casco urbano de Coslada, era la m¨¢s poblada. El asentamiento hab¨ªa comenzado en ese tramo en los a?os cincuenta y sesenta del siglo pasado con familias reci¨¦n llegadas a la capital en busca de trabajo. En 1988 buena parte de los vecinos hab¨ªan comprado sus parcelas al Estado, seg¨²n un trabajo de aquel a?o de la profesora de Arquitectura Mar¨ªa Teresa Franchini titulado Una ciudad lineal espont¨¢nea. En el resto de la Ca?ada, la ocupaci¨®n era todav¨ªa muy incipiente; de las 366 viviendas que contabiliz¨® Franchini, la gran mayor¨ªa eran segundas residencias, casas de campo con huerto, adem¨¢s de algunas granjas. Solo 71 familias resid¨ªan de forma permanente, seg¨²n aquel estudio.

Una de esas familias era la de Gregorio Montes, que hab¨ªa llegado a Madrid desde C¨®rdoba una d¨¦cada antes para trabajar en la Peugeot. Y otra la de Vanessa Valenzuela, que llevaba en la Ca?ada desde los dos a?os y all¨¢ por 1988 apenas hab¨ªa cumplido los nueve. El camino de tierra o la ausencia de conexiones a la luz, al agua y al alcantarillado ¡ªque cada uno remediaba como pod¨ªa¡ª delataban que su barrio no era exactamente igual que los otros, pero aquello ten¨ªa otras ventajas que lo compensaban. ¡°Crecer en la Ca?ada es lo mejor que he podido hacer, porque estaba en el campo, pero muy cerca de la ciudad¡±, dec¨ªa hace unas semanas, cumplidos ya los 37 a?os. Su hijo, como ella, est¨¢ creciendo en una zona que, pese al t¨ªtulo de irregular, parece a ratos sacada de cualquier urbanizaci¨®n de chal¨¦s adosados de la regi¨®n.

¡°Ya te digo, el ¨²nico problema son los servicios, que son un poco precarios. Y es lo que llevamos reclam¨¢ndole a la administraci¨®n mucho tiempo¡±, insiste Valenzuela, actual presidenta de la Asociaci¨®n de Vecinos de la Ca?ada Real de Merinas. La profesora Franchini ya mencionaba en su trabajo de 1988 esta asociaci¨®n, por ser la m¨¢s antigua y por haber inspirado a las dem¨¢s. Entonces, ya peleaban por comprar los terrenos y conseguir los servicios de asfaltado, saneamiento y luz que ten¨ªan sus vecinos del norte, los de Coslada. Entre otras cosas, porque estaban pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento de Madrid.

Pioneros de la Ca?ada Real |Madrid

Estas asociaciones de vecinos han sido durante a?os un aut¨¦ntico poder administrativo, coordinando muchas veces la recogida de dinero para contratar abogados o para asfaltar las calles. Hasta el punto de que han llegado a ejercer como una especie de notario en las compraventas de unos terrenos que, en realidad, no se pod¨ªan comprar ni vender porque no eran suyos. Se hac¨ªa (y se ha seguido haciendo despu¨¦s) bajo la forma de cesi¨®n de uso a cambio de dinero y se formalizaba con contratos entre particulares.

?ngel Garc¨ªa, uno de los portavoces de los residentes del sector 5, compr¨® un terreno hace 11 a?os, perfectamente consciente de lo que hac¨ªa y d¨®nde lo hac¨ªa. Arquitecto de profesi¨®n, pertenece a una nueva generaci¨®n que aterriz¨® en la barriada por contacto con los pioneros. ¡°Yo llegu¨¦ aqu¨ª un poco de rebote, porque la que realmente lleva aqu¨ª toda la vida es la familia de mi mujer. Cuando nos casamos, me dijo: a ver si compramos algo¡­ Yo en principio era un poco reacio, pero bueno, al final compramos. Y, como el que juega a la loter¨ªa, me jugu¨¦ 30.000 euros¡±, dice en el jard¨ªn de su imponente chal¨¦ que ¨¦l mismo levant¨®.

¡°El culo de Madrid¡±

Una ma?ana de mayo de 1994, las m¨¢quinas excavadoras comenzaron a derribar chabolas en el poblado del Camino de los Toros, en el barrio de San Blas. El medio centenar de personas que viv¨ªan en ellas apenas tuvieron tiempo de recoger sus cosas antes de que el Ayuntamiento de Madrid les trasladase hasta el extremo sur de la Ca?ada Real, el sector 6, muy cerca de la incineradora de Valdeming¨®mez.

All¨ª encontraron maderas y materiales que hab¨ªa dejado C¨¢ritas para que pudieran construir sus nuevas casas. La intenci¨®n inicial del Consistorio, gobernado por Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano (PP), era construir unas viviendas prefabricadas (la obra ya estaba incluso adjudicada), pero la oposici¨®n municipal y la Comunidad se interpusieron. De hecho, rechazaban la idea misma del traslado. El concejal del PSOE Jos¨¦ Mar¨ªa de la Riva critic¨® que quisieran llevar a los chabolistas, gitanos en su mayor¨ªa, ¡°al culo de Madrid¡±.

Cuando llegaron los nuevos vecinos, los habitantes que ya ocupaban el sector 6, algunos desde los a?os setenta exactamente igual que los del norte, organizaron protestas y llegaron a cortar la autov¨ªa de Valencia para reclamar la legalizaci¨®n de sus terrenos y el acceso que se les negaba al agua y a la luz. "No protestamos contra los gitanos, sino por la forma en que se ha procedido al realojo por parte del Ayuntamiento", le dijo entonces a EL PA?S Juan Jos¨¦ Escribano, erigido como portavoz de los que hab¨ªan salido a protestar.

En casi cualquier historia que se cuente sobre la Ca?ada aparece en alg¨²n momento el nombre de Escribano. Lleg¨® al sector 6, con 18 a?os, en 1977 y se hizo con unos terrenos por el m¨¦todo habitual, es decir, vall¨¢ndolos. En uno de ellos mont¨® una granja ilegal de cerdos que le derribaron en 1990. Aquello fue un enorme disgusto, asegura, pero se recuper¨®, continu¨® trabajando en la construcci¨®n y, a?os despu¨¦s, emprendi¨® un nuevo negocio: hacer conexiones ilegales de agua a las casas del asentamiento. Asegura que lo decidi¨® tras la llegada de los chabolistas procedentes de San Blas, a los que el Ayuntamiento hab¨ªa colocado una fuente mientras a ellos les denegaban una tras otra las peticiones. ¡°Y empec¨¦ con las m¨¢quinas a zanjear¡­ Ven¨ªan los del Canal [de Isabel II], s¨ª, y comprobaban que los materiales fueran buenos, pero eso es lo ¨²nico que se met¨ªan conmigo¡±.

Entre finales de los ochenta y mediados de los noventa el agua y la luz llegaron en forma de enganches precarios a la mayor parte de los seis sectores. Solo Escribano y su cuadrilla conectaron, seg¨²n calcula ¨¦l mismo, unas 700 viviendas; teniendo en cuenta que hay contabilizadas 2.537 edificaciones en todo el territorio. ?l cobraba 150.00 pesetas (900 euros) por cada enganche de agua y 300.000 (1.500 euros) por el de luz. Y, aunque sostiene que el trabajo era tan costoso que a veces no cubr¨ªa gastos, lo cierto es que cuando termin¨® hab¨ªa reunido suficiente dinero como para montar un club de alterne.

El club de alterne

Como la granja de cerdos, el prost¨ªbulo se lo acabaron cerrando. Y tambi¨¦n de forma injusta, se queja. Pero ¨¦l continu¨® con sus negocios en Ca?ada, como el de un vertedero ilegal que le report¨®, seg¨²n c¨¢lculos policiales, casi un mill¨®n de euros antes de incendiarse y arder durante semanas en el verano de 2015 (en este caso, asegura que se lo quemaron por venganza). Despu¨¦s abri¨® un bar llamado Las Rumanas junto a su casa, muy cerca de la autov¨ªa de Valencia, que ya no luce cartel a la entrada porque sobre ¨¦l pesa una orden de cierre.

En la Ca?ada hay todo tipo de negocios ¡ªdesde chatarrer¨ªas a granjas, talleres o cuadras¡ª que son ilegales o, al menos, irregulares porque est¨¢n en terrenos ocupados. Pero el caso de Escribano es distinto, pues desde las Administraciones le ponen como un ejemplo claro de las personas que han especulado, se han aprovechado de los huecos (socavones) legales en los que ha vivido la zona y de sus propios vecinos. Igual que los abogados que les sacaron dinero prometiendo regularizaciones imposibles, los que levantaron edificios de viviendas que alquilan a inmigrantes desavisados o los que se lucraron vendiendo y troceando terrenos que no eran suyos.

Un terreno comprado en la Ca?ada

Es cierto que centenares de familias marginales respondieron al efecto llamada al que contribuy¨® el propio Ayuntamiento con el realojo dirigido del a?o 94, trasladando all¨ª su vida y sus chabolas. Pero gran parte de los que llegaron durante el gran boom poblacional de la Ca?ada en los a?os noventa y 2000 (espa?oles, tanto payos como gitanos, pero sobre todo extranjeros, marroqu¨ªes, rumanos, b¨²lgaros, ecuatorianos¡­.) lo hicieron pagando por los terrenos mediante aquel antiguo m¨¦todo de la cesi¨®n. Algunos, conscientes de que aquello no era legal. Pero muchos otros, enga?ados o, al menos, muy desorientados.

Y eso sigue ocurriendo hoy, asegura Pedro del Cura (IU), alcalde de Rivas-Vaciamadrid, cuyo casco urbano est¨¢ completamente pegado a varios sectores de la Ca?ada, sobre el todo al 5. Cuando se menciona este Ayuntamiento, muchos vecinos del barrio irregular endurecen el gesto y se ponen en guardia. Consideran a Rivas su archienemigo, el verdadero malo de esta pel¨ªcula porque siempre se ha opuesto a una regularizaci¨®n generalizada, recordando que hay muchas viviendas imposibles de legalizar y que entre las situaciones de miseria se cuelan muchos caraduras.

La casa de Abdul

Cuenta Vanessa Valenzuela, la mujer de 37 a?os que ha crecido en el sector 2 y hoy preside la asociaci¨®n vecinal, que antes, cuando dec¨ªa que viv¨ªa en la Ca?ada, nadie sab¨ªa qu¨¦ era eso. ¡°Era como decir que viv¨ªas en Marte¡±. Hasta 2007, con la explosi¨®n medi¨¢tica del asentamiento que sigui¨® a la batalla campal entre la polic¨ªa y los vecinos que quer¨ªan parar el derribo de la casa de un joven marroqu¨ª llamado Abdul y su familia.

Todas las miradas se volvieron entonces a la Ca?ada. Y se encontraron con esa realidad completamente ya enredada y en la que sobresal¨ªa, sobre todo lo dem¨¢s, la parte m¨¢s marginal de chabolas y pobreza extrema. Y, con luz propia, la droga, con sus terribles im¨¢genes de yonquis que deambulan en busca de un chute y de las famosas cundas (los veh¨ªculos que les transportan desde la ciudad).

Hac¨ªa tiempo que una parte del sector 6 se estaba utilizando como almac¨¦n de cargamentos de droga, pero a ra¨ªz del desmantelamiento en la primera mitad de los a?os 2000 de los n¨²cleos chabolistas en los que se vend¨ªa (como la Celsa o las Barranquillas), el negocio del menudeo se traslad¨® all¨ª. La Delegaci¨®n de Gobierno lleg¨® a calcular una venta de unas 12.000 dosis diarias.

Ante semejante panorama, se aceler¨® la llegada de organizaciones sociales.

Las organizaciones sociales de la Ca?ada

Poco antes del derribo de la casa de Abdul, hab¨ªa llegado a la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada el padre Agust¨ªn Rodr¨ªguez. ¡°La parroquia est¨¢ justamente en medio del enclave de la droga y uno ten¨ªa la sensaci¨®n de que toda la Ca?ada era as¨ª. Tambi¨¦n es verdad que no tardas mucho en descubrir que eso no era cierto¡±. Explica el padre Agust¨ªn c¨®mo, poco a poco, fue descubriendo esas otras realidades de la Ca?ada, a los pioneros, las oleadas de inmigrantes y a los pobres m¨¢s pobres que se han ido conformando como un aut¨¦ntico pueblo, con sus bondades y sus miserias, sus fiestas, sus espacios vecinales de actividades, sus parques y sus bares, con su parroquia y sus dos mezquitas. Con su deseo de existir.

Una existencia que se consinti¨® durante d¨¦cadas en las que no solo se les hab¨ªa dejado tranquilos, sino que se les empadron¨®, se les cobr¨® el IBI e incluso se les lleg¨® a indemnizar cuando las obras del AVE o de la M-50 tuvieron que atravesar sus parcelas, Hasta que a mediados de la d¨¦cada del 2000 el Ayuntamiento de Madrid inici¨® (con Alberto Ruiz Gallard¨®n, del PP, como alcalde) expedientes masivos de derribo. Algunos dicen que aquello empez¨® cuando las expansiones urban¨ªsticas de la capital llegaron hasta las puertas de la barriada, con el ensanche de Vallecas y, sobre todo, con los desarrollos de El Ca?averal, los Ahijones y los Berrocales. ¡°Yo no puedo decir si fue as¨ª. Lo que es cierto es que coincide en el tiempo¡±, apunta Agust¨ªn Rodr¨ªguez.

En cualquier caso, la estrategia se top¨® con la resistencia y la contestaci¨®n social que se pudo ver en la casa de Abdul. A lo que se uni¨® la apertura de una batalla judicial de final incierto para la Administraci¨®n y sobre la que a¨²n tiene que pronunciarse el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. As¨ª que pronto comenzaron los intentos de legalizar la barriada, con la Ley de la Ca?ada Real de 2011 (oficialmente dej¨® de ser una v¨ªa pecuaria) y el Acuerdo Marco de 2014. Con alg¨²n proyecto bastante ex¨®tico de por medio, como el que present¨® en enero de 2013 Ignacio Gonzalez, sucesor de Aguirre en la presidencia regional, que propon¨ªa convertir la Ca?ada en una urbanizaci¨®n de chal¨¦s adosados.

Un proyecto de chal¨¦s en la Ca?ada

Pero las cosas eran harto m¨¢s complicadas de lo que parec¨ªa, no solo por las competencias troceadas entre administraciones y departamentos (urbanismo, servicios sociales, seguridad...), sino por problemas pr¨¢cticos de dif¨ªcil resoluci¨®n (por ejemplo, que ning¨²n t¨¦cnico va respaldar la legalizaci¨®n de una casa bajo una enorme torre de alta tensi¨®n, sobre las v¨ªas del AVE o un gasoducto). Ahora, sin embargo, las esperanzas de soluci¨®n han reverdecido con la firma en mayo pasado el Pacto por la Ca?ada Real. ?Por qu¨¦? Porque esta vez todo el mundo se ha subido al carro. Es decir, que no se trata de un acuerdo entre Gobiernos, sino que lo han firmado todos los grupos pol¨ªticos presentes en la Asamblea de Madrid y en los Plenos de los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas.

Qui¨¦n se queda y qui¨¦n se va

El Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Ca?ada, Jos¨¦ Antonio Mart¨ªnez P¨¢ramo ¡ªcon la ayuda del Comisionado de Ayuntamiento de Madrid, Pedro Navarrete, y las 12 entidades sociales que trabajan en la zona¡ª, trata de coordinar el laberinto administrativo de competencias y poner en marcha el acuerdo. Aparte de un plan de choque con 1,5 millones de euros para mejorar los servicios de asfaltado, luz y agua, el pacto prev¨¦ regularizar la mayor parte del sector 1 ¡ªuna vez que Coslada apruebe algunos cambios normativos necesarios¡ª, y desmantelar el conflictivo sector 6, ubicado todo ¨¦l dentro del Parque Natural del Sureste. En el resto de zonas, de la 2 a la 5, habr¨¢ que estudiar, dicen, caso por caso.

Los sectores de la Ca?ada

El punto de partida es el realojo o la expropiaci¨®n con indemnizaciones para los due?os de las viviendas que haya que tirar, siempre que lleven viviendo all¨ª desde antes de 2011, cuando se aprob¨® la Ley de la Ca?ada. Los que se queden en sus casas deber¨¢n pagar el suelo para poder convertirse en propietarios legales. Pero a partir de ah¨ª, las cosas est¨¢n todav¨ªa muy abiertas, con lo que se prev¨¦n enconadas discusiones sobre qui¨¦n se queda y qui¨¦n se va, cu¨¢nto valen los terrenos, qu¨¦ pasa con los que no puedan pagarlos y a cu¨¢nto ascender¨¢n las indemnizaciones, qu¨¦ mecanismos se fijan para impedir despu¨¦s la especulaci¨®n, d¨®nde ser¨¢n los realojos (dentro o fuera de Ca?ada, en casas o en viviendas en altura) o qu¨¦ pasar¨¢ con todos los negocios ilegales (se ha planteado la posibilidad de trasladar algunos al sector 6).

Los vecinos, por su parte, aunque tendr¨¢n voz y voto a trav¨¦s de los organismos de representaci¨®n, se mueven entre el recelo, la desconfianza y el rechazo frontal en buena parte del sector 6. Estos ¨²ltimos reclaman al menos una oportunidad de quedarse, como el resto. Y los dem¨¢s tienen miedo de ser aplastados por la maquinaria burocr¨¢tica. El texto del pacto hace un c¨¢lculo inicial en el que el 75% de las viviendas sufren afecciones urban¨ªsticas, ambientales y ac¨²sticas irresolubles.

Agust¨ªn, el p¨¢rroco de Santo Domingo de la Calzada, est¨¢, a pesar de todo, muy esperanzado con el proceso que se abre ahora. Y eso que se considera un afectado m¨¢s por el desmantelamiento previsto de la zona m¨¢s conflictiva. Pero habla de legalidad, de paciencia en un camino que ser¨¢ muy largo y de todo lo que se puede aprender sobre la resoluci¨®n de problemas si consiguen arreglarse en un sitio tan enredado, tan conflictivo. Aunque no puede evitar acordarse de ¡°los que no han sobrevivido a la Ca?ada, los que han visto perder sus casas, que se han ido con una mano delante y otra detr¨¢s¡±.

F¨¢tima Machado, gitana viguesa de 42 a?os, lleg¨® al sector 3 de la Ca?ada en 2011 con sus seis hijos y mont¨® su chabola sobre el t¨²nel de las v¨ªas del AVE, junto a algunos familiares que ya se hab¨ªan asentado all¨ª. Aunque desde 2013 se paralizaron la mayor¨ªa de derribos en la Ca?ada (salvo los de las casas que se usan como punto de venta de droga), los jueces s¨ª han autorizado algunos. A F¨¢tima, a petici¨®n del Ayuntamiento de Rivas, le toc¨® el pasado noviembre.

La exclusi¨®n en la Ca?ada