La dignidad de los juristas

La lamentable sesi¨®n parlamentaria de la pasada semana en la c¨¢mara catalana la salvaron el valor moral de los letrados del Parlamento y de los miembros del Consejo de Garant¨ªas Estatutarias y el coraje y los buenos argumentos de los l¨ªderes de la oposici¨®n. En este art¨ªculo me referir¨¦ s¨®lo a los primeros, aunque los segundos merezcan igualmente ser efusivamente felicitados.

Ser jurista en un ¨®rgano judicial o de control a veces no es f¨¢cil. Hay que ser una persona con grandes convicciones democr¨¢ticas para saber enfrentarse a ciertas situaciones complicadas. ?A qu¨¦ me refiero? A las ocasiones en que el contenido de las leyes que deben interpretar y aplicar es contraria a sus creencias m¨¢s profundas.

Pongamos el caso de un juez cat¨®lico, convicto dem¨®crata pero seguidor estricto de la doctrina vaticana, que debe aplicar una ley que permite el aborto. Es evidente que su conciencia religiosa le dice una cosa y la ley otra muy distinta. ?Peca contra la religi¨®n si aplica la ley? ?Infringe su deber como juez si no la aplica? Es obvio que debe aplicar la ley, sin remordimiento de conciencia alguno, porque act¨²a en nombre de la ley, no en nombre propio, y el juez no es responsable de su aprobaci¨®n sino que esta responsabilidad recae en los diputados que la han votado.

El juez, como tal, est¨¢ sometido s¨®lo al imperio de la ley, y debe destacarse el t¨¦rmino ¡°s¨®lo¡±: no puede recibir ¨®rdenes de ninguna autoridad, ni pol¨ªtica ni judicial, aunque sea de un juez de mayor rango, por ejemplo del Tribunal Supremo. Nadie puede dar ¨®rdenes a un juez en su estricta labor jurisdiccional. ?l debe decidir el fallo tras haber argumentado en base a las normas aplicables y de acuerdo con los m¨¦todos de interpretaci¨®n admitidos por las leyes y la doctrina jur¨ªdica. S¨®lo debe exig¨ªrsele que el veredicto final sea congruente con esa operaci¨®n intelectual.

Esa es la labor de los jueces y de los dem¨¢s miembros de los ¨®rganos de control jur¨ªdico: a un lado dejan sus convicciones, a¨²n las m¨¢s acendradas, y ¨²nicamente se limitan a interpretar las leyes conforme a las reglas jur¨ªdicas establecidas. En esto han sido ejemplares, la semana pasada, los letrados del Parlamento de Catalu?a y los miembros del Consejo de Garant¨ªas Estatutarias de la Generalitat.

Conozco a muchos de ellos, antiguos colegas, y puedo asegurar que en algunos casos son personas de firmes convicciones nacionalistas y, seguro, en ciertos casos, partidarios de una Catalu?a independiente, separada de Espa?a. Pues bien, a¨²n en esos casos, han sabido anteponer su condici¨®n de dem¨®cratas a sus creencias m¨¢s ¨ªntimas, ha prevalecido su funci¨®n como profesionales del derecho a sus ideas. Chapeau, amigos!

Frente a las presiones pol¨ªticas, frente al tenso ruido medioambiental que os quer¨ªa amedrentar, os hab¨¦is mantenido firmes, hab¨¦is sabido resistir y cumplir con vuestro deber de juristas, tambi¨¦n de ciudadanos que saben sobradamente que la democracia debe encauzarse a trav¨¦s del derecho porque las leyes en nuestro pa¨ªs son el resultado de procesos democr¨¢ticos. No hab¨¦is ca¨ªdo en ese profundo error seg¨²n el cual la democracia est¨¢ por encima del derecho, sab¨¦is que en el constitucionalismo la democracia y la ley son inescindible, digan lo que digan los populistas de cualquier signo. Hab¨¦is sabido defender la voluntad popular frente a quienes la estaban conculcando, aconsejados por juristas de una condici¨®n ¨¦tica muy distinta a la vuestra.

No puedo alabar, en cambio, vuestra sabidur¨ªa jur¨ªdica: los casos que se os han planteado son f¨¢ciles, un mediano alumno de primero de derecho lo tendr¨ªa tan claro como vosotros. Los preceptos del reglamento parlamentario que se aplicaron estaban suspendidos, as¨ª pues toda la sesi¨®n ya ven¨ªa viciada desde su mismo origen. S¨®lo hab¨ªa que empezar a leer los tres primeros art¨ªculos de la ley de Refer¨¦ndum, la primera que se vot¨®, para darse cuenta de que se trataba de un enorme disparate: se regula el inexistente derecho de autodeterminaci¨®n, se sostiene que la soberan¨ªa reside en el pueblo de Catalu?a, se sit¨²a a dicha ley por encima de la Constituci¨®n y del Estatuto de autonom¨ªa. Todav¨ªa peor es la ley de Transitoriedad, ambas aprobadas aposta para que se anulen, una simple provocaci¨®n para hacerse las v¨ªctimas.

Puigdemont no quiere ning¨²n refer¨¦ndum, s¨®lo convertirse en m¨¢rtir, un nuevo Companys. Pero vosotros, en esta Catalu?a de c¨ªnicos e irresponsables, hab¨¦is salvado la dignidad de los juristas.