La Diputaci¨®n de Valencia pide seis a?os de c¨¢rcel para el arrepentido del ¡®caso Taula¡¯

La Diputaci¨®n de Valencia pide seis a?os de prisi¨®n para el exgerente de su empresa p¨²blica Imelsa Marcos Benavent, el autodenominado "yonki del dinero", miembro confeso de una vasta trama de corrupci¨®n y ahora colabor de la Fiscal¨ªa, por los supuestos delitos continuado de malversaci¨®n, falsedad, prevaricaci¨®n y fraude a la contrataci¨®n p¨²blica.

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La denuncia contra Benavent fue interpuesta por la Corporaci¨®n provincial en ¨¦poca del anterior presidente y presunto cabecilla de la red del caso Taula, Alfonso Rus, despu¨¦s de que los implicados tuvieran constancia de que estaban siendo investigados. Y fue interpretada como una venganza de Rus hacia Benavent, cuyas conversaciones grabadas y declaraciones ante el juez resultan centrales para la causa. La Diputaci¨®n, presidida ahora por el socialista Jorge Rodr¨ªguez con el apoyo de cuatro partidos, ha mantenido la acusaci¨®n.

Los servicios jur¨ªdicos de la Corporaci¨®n, acusaci¨®n particular en la causa abierta para investigar las presuntas irregularidades en la empresa p¨²blica Imelsa, han hecho esta solicitud al juez que instruye la denuncia, y que se tramita al margen del caso Taula. Benavent fue gerente de Imelsa entre 2007 y 2014.

Seg¨²n un comunicado de la Diputaci¨®n, en el escrito de acusaci¨®n presentado en el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Valencia la corporaci¨®n provincial, "la principal perjudicada por el saqueo de la empresa p¨²blica Imelsa (ahora Divalterra)", tambi¨¦n pide dos a?os y tres meses de prisi¨®n para el empresario Vicente Calvo Navarro.

La Diputaci¨®n considera a Calvo cooperador necesario en los delitos que se les imputan en relaci¨®n al cobro de 60.455,55 euros por unos trabajos de instalaci¨®n el¨¦ctrica que la empresa de Calvo cobr¨® y que nunca realiz¨® ni ten¨ªa solvencia t¨¦cnica para ejecutar.

Los hechos que se investigan sucedieron entre finales del a?o 2012 y principios de 2013, pero no se conocieron hasta que un a?o despu¨¦s, en enero de 2014, un requerimiento de la Agencia Tributaria, en el que se ped¨ªa informaci¨®n relativa a la mercantil Flying Tigers SL, permiti¨® aflorar la estafa, seg¨²n la Diputaci¨®n.

Seg¨²n las conclusiones provisionales, Benavent, Calvo y un primo de este se pusieron de acuerdo para emitir tres facturas para el cobro de supuestos trabajos en el entorno del monasterio del municipio de Llutxent, aprovechando que en ese momento Imelsa ten¨ªa un taller de empleo en ese complejo propiedad de la Diputaci¨®n.

La investigaci¨®n interna iniciada a ra¨ªz del requerimiento de la Agencia Tributaria llev¨® a descubrir la inexistencia de documentos de contrataci¨®n de las obras o certificados de la ejecuci¨®n de las mismas. En su declaraci¨®n, el empresario encausado reconoci¨® que Imelsa incluso le hab¨ªa adelantado el pago, algo prohibido por la legislaci¨®n, siempre seg¨²n el comunicado de la Diputaci¨®n.

"La reacci¨®n de Benavent al verse descubierto fue aparentar que reclamaba al empresario la devoluci¨®n de los importes mediante la firma de un documento entre ambos, que lo que pretend¨ªa era dar cobertura a un previo delito para el que se concertaron los acusados", seg¨²n la acusaci¨®n particular de la Diputaci¨®n, dirigida por Jos¨¦ Antonio Ibars, jefe del Servicio de Defensa en Juicio.

La Diputaci¨®n "ha conseguido hasta la fecha ir recuperando el dinero estafado, mediante aportaciones del empresario encausado a una cuenta de la empresa p¨²blica Divalterra".

El comunicado asegura que la recuperaci¨®n del dinero malversado estos a?os es "una de las prioridades establecidas por el presidente de la Diputaci¨®n de Valencia, Jorge Rodr¨ªguez, que determin¨® que fueran los juristas de la Diputaci¨®n y no penalistas externos los que llevaran los casos de la Operaci¨®n Taula y de Imelsa".