La Fiscal¨ªa abre diligencias para investigar si Oltra fraccion¨® contratos en centros sociales

La Fiscal¨ªa de Valencia ha abierto diligencias de investigaci¨®n la denuncia del PP de un presunto fraccionamiento de contratos en servicios de limpieza de centros sociales de la Consejer¨ªa de Igualdad y Pol¨ªticas Inclusivas, que dirige la consejera y vicepresidenta, M¨®nica Oltra. En concreto, ser¨ªan pagos por la v¨ªa del? enriquecimiento injusto que sumar¨ªan m¨¢s de 43,7 millones de euros.

El PP considera que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricaci¨®n y pide el interrogatorio de los funcionarios de la Intervenci¨®n de la Generalitat que han fiscalizado los acuerdos objeto de los hechos y de quienes han tenido participaci¨®n directa en ellos, entre ellos de la propia vicepresidenta y el resto de miembros del Gobierno valenciano presentes en los plenos del Consell que autorizaron pagos por enriquecimiento injusto relativos a servicios prestados por la Consejer¨ªa de Igualdad.

En la denuncia, fechada el 17 de enero y consultada por Europa Press, la diputada popular Eva Ortiz pide que se admita la denuncia "contra cualesquiera persona que pueda tener relaci¨®n con los hechos denunciados" y se contin¨²e el procedimiento por los tr¨¢mites legales oportunos. En un escrito, firmado por la fiscal jefe, Teresa Gisbert, de 29 de enero, se acuerda incoar diligencias de investigaci¨®n penal.

La denuncia hace referencia a contratos de la Consejer¨ªa de Igualdad en los que el PP aprecia "fraccionamiento ilegal para eludir el procedimiento legalmente establecido y, en particular, la libre concurrencia de licitadores, as¨ª como la fiscalizaci¨®n por los ¨®rganos de intervenci¨®n".

Asimismo, considera que existi¨® "recurso sistem¨¢tico al reconocimiento de deudas por la v¨ªa del enriquecimiento injusto para evitar cualquier tipo de contrataci¨®n administrativa, as¨ª como para eludir toda fiscalizaci¨®n por parte de la Intervenci¨®n".

"En claro fraude de ley"

Seg¨²n el PP, el continuado fraccionamiento del objeto de contratos administrativos es "pr¨¢ctica constante de la consejer¨ªa" de Oltra y as¨ª ha sido "sistem¨¢ticamente" puesto de manifiesto por la Intervenci¨®n de la Generalitat. Asegura que reiteradamente se ha contratado "por peque?os per¨ªodos y con la mismas empresas de servicios tales como el de limpieza de distintos centros sociales" siempre por importes inferiores a los l¨ªmites del contrato menor (18.000 euros) pero fraccionados "en claro fraude de ley".

Asimismo, se?ala que Oltra ha acordado el reconocimiento de la obligaci¨®n de pago en v¨ªa de enriquecimiento injusto a mercantiles de habitual contrataci¨®n de su departamento hasta sumar 43,7 millones de euros y lo ejemplifica con 16 expedientes con importes que oscilan entre los 369.830 euros hasta los 7,8 millones, que han sido autorizados por el Consell en distintas sesiones plenarias.

El PP, que califica de "verdaderamente escandaloso" el importe, dice en su denuncia que en este caso "se priva a la Intervenci¨®n de la Generalitat de la fiscalizaci¨®n de los contratos al no haber existido". Este hecho ha supuesto un "menoscabo a la Hacienda P¨²blica" y un "coste mucho mayor para la administraci¨®n de la Generalitat".

La Consejer¨ªa de Igualdad y Pol¨ªticas Inclusivas han recalcado que "ninguno de los expedientes puede ser aprobado con informe negativo por la Intervenci¨®n, dado que sin el informe favorable del ¨®rgano fiscalizador de la Generalitat ni se contabiliza, ni se paga".

"Es falso que se eluda la fiscalizaci¨®n"

Tambi¨¦n han aseverado que es "falso que la v¨ªa del enriquecimiento injusto eluda la fiscalizaci¨®n porque pasan por la Intervenci¨®n General".

"Los resarcimientos que se han tramitado son por servicios que han acabado contrato y no ha dado tiempo a tramitar uno nuevo, por lo que las empresas que resultaron adjudicatarias en concurso p¨²blico y en concurrencia contin¨²an prestando el servicio. Los servicios esenciales necesitan seguir siendo prestados porque se trata de atenci¨®n a personas".